CSIF en Cádiz ha mostrado su “total apoyo” a los trabajadores de los servicios de emergencias telefónicas de la provincia, como el 112, el 085, y en especial del 061, que han mantenido recientemente un encierro. Al mismo tiempo, critica la “impunidad” de las empresas privadas que gestionan estos servicios y lamenta el silencio que guardan las administraciones públicas. Del mismo modo, CGT denuncia un caso concreto en la subcontrata del 061, que ha despedido a una de sus delegadas sindicales “en represalia por denunciar las condiciones de precariedad en que se ofrece el servicio”.
CSIF en Cádiz quiere mostrar su “total apoyo” a los trabajadores de los servicios de emergencias telefónicas de la provincia gaditana, como el 112, el 085, y en especial del 061, que han mantenido recientemente un encierro como medida de protesta por su precariedad laboral.
Al mismo tiempo, denuncia la impunidad de las empresas que gestionan estos servicios y lamenta el silencio que guardan las administraciones públicas “al consentir que, con dinero público de por medio, dichas empresas no garanticen los derechos de los trabajadores y obstaculicen las labores sindicales”.
CSIF subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que ya ha denunciado en diferentes ocasiones despidos ilegales, amenazas y represalias a quienes denuncian irregularidades, falta de recursos, incumplimientos de contratos y normativas, que no solo afectan a los trabajadores sino que repercute negativamente en estos servicios esenciales para la sociedad. Dichas denuncias se han llevado a cabo a través de la Justicia, pero también ante aquellas administraciones que tutelan estos servicios (y conceden las contratas a estas empresas), “sin que se tomen las medidas oportunas para poner fin a la impunidad de las empresas y la precariedad que sufren los empleados”.
En este punto, este sindicato recuerda el caso que sufrió una de sus delegadas en el 085, “que fue despedida, bajo motivos inventados, para amedrentar a los sindicalistas que denunciaron en su día diversas irregularidades”. Hubo sentencias que obligaban a readmitir a la trabajadora “y ni la empresa quiso acatarla ni la Diputación (como responsable del servicio) tomó medidas ante un claro caso de atentado contra la libertad sindical de los trabajadores”.
Solamente los gastos en la sala del 085 de Bomberos de la Provincia de Cádiz asciende a más de 1,5 millones de euros cada cuatro años, cuando los sueldo brutos de la plantilla, que la componen 10 operadores fijos, no llegan a 1.040 euros brutos mensuales y el resto (hasta 14 trabajadores), no superan en algunos casos los 400 euros.
Y EN LA CALLE UNA DELEGADA SINDICAL DE CGT DEL 061
Por su lado, CGT ha denunciado que la empresa subcontratada para gestionar las emergencias sanitarias de la provincia (Mkplan 21) ha despedido a una de sus delegadas sindicales “en represalia por denunciar las condiciones de precariedad en que se ofrece el servicio y que ponen en peligro a los andaluces”. Después de 10 años trabajando en la empresa no ha sido renovada.
Al respecto, CGT ha convocado este miércoles día 15 a mediodía una concentración de los trabajadores de gestores de emergencias del 061 a las puertas del Hospital Puerto Real para pedir la readmisión de esta persona.
Esta sección sindical en la subcontrata de EPES 061, Mkplan 21, que se dedica a la gestión de las emergencias sanitarias en la provincia, vienes mostrando en reiteradas movilizaciones su rechazo a la política de “explotación laboral de la Junta a través del prestamismo laboral con empresas interpuestas, que sin arriesgar nada, se lucran económicamente a costa de imponer condiciones cercanas al esclavismo a los trabajadores del servicio”.
Así, CGT reclama la gestión directa del servicio de gestión de emergencias por parte de la administración, eliminando empresarios intermediarios, “que se están enriqueciendo a costa del erario público y de someter laboral y económicamente a quienes son pieza clave en el funcionamiento de servicio público que presta el 061”.
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