El conflicto existente entre empresas del transporte sanitario de ambulancias de la provincia de Cádiz (con la concesión de la Junta de Andalucía) y los representantes de sus 300 trabajadores parece que llega al fin a una solución. Este miércoles se ha alcanzado un acuerdo en la sede gaditana del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), entidad vinculada a la consejería de Empleo.
Concretamente, las concesionarias de las que prestan el servicio privatizado de ambulancias afectadas por esta reivindicación laboral eran Digamar y SSGA. Los trabajadores llevan tiempo denunciando el cumplimento de un acuerdo de mayo, que preveía pagar los atrasos del 2018 y 2019 durante el mes de octubre de este año. Esos atrasos se pagaron, “pero con diferentes criterios según lo entendido por las empresas y los representantes de los trabajadores”. Quedaba excluida del conflicto Ambulancias Barbate, “que sí cumple con lo que firma”, remarcaron en su momento los sindicatos.
Con el pacto alcanzado ahora en Sercla, según informan desde la Junta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se logra desconvocar la huelga que se convocó el pasado 15 de octubre, acumulando desde entonces distintos aplazamientos como resultados de distintas sesiones de mediación en el mismo Sercla (los días 14 de octubre, 6 de noviembre y ahora, 13 de noviembre).
El texto aprobado contempla varios puntos. En primer lugar, el abono de los atrasos pendientes correspondientes a 2018 y 2019 en una paga única “antes del miércoles de la semana que viene, 20 de noviembre”, en lo relativo a las diferencias de cantidad denunciadas por los representantes de la plantilla, quienes se basan en la aplicación de las tablas salariales publicadas en el convenio colectivo que regula a su sector en Cádiz.
Además, el abono de las guardias se realizará cómo se venía haciendo anteriormente, esto es: se pagarán las guardias del mes en la misma mensualidad que la nómina. Otro punto también recoge que se normalizará la entrega de la nómina a cada trabajador a partir de la mensualidad de este noviembre.
El delegado territorial de Empleo en Cádiz, Alberto Cremades, ha agradecido a las partes su predisposición a la negociación. Asimismo, ha expresado su agradecimiento al personal técnico del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, adscrito a la Consejería de Empleo (CARL) por “el buen hacer que, me consta, aportan a las relaciones laborales de nuestra provincia algo que, en último término, redunda en el beneficio de la economía y, por tanto, el beneficio de todos”.
En este conflicto laboral, que se alarga desde el pasado mayo, UGT remarcó que no entiende cómo la actual administración de la Junta de Andalucía permite a estas adjudicatarias “que ni siente ni padecen”, y “le de igual que los ciudadanos sufran una huelga de estas características”. “Nos preguntamos a qué esperan para abrir un expediente a estas empresas que no respetan los derechos de los trabajadores; le pedimos que se empiece a hacer las gestiones que corresponda para retirarle o recuperar el servicio y que a su vez se pueda confeccionar un nuevo pliego de condiciones que imposibilite que este tipo de empresas, después de los antecedentes e incumplimientos, no se puedan presentar a la licitación de los servicios. Aunque lo ideal sería que fuera un servicio público”, se reclamaba en primavera.
