Cerca de 34.000 personas en la provincia de Cádiz (33.721, exactamente) solicitaron el pasado año 2022 asistencia jurídica gratuita a la Junta de Andalucía, y 30.906, el 91,6% del total, resultaron beneficiarios de este derecho que prestan los abogados y procuradores del turno de oficio.
Solo 2.709 solicitudes fueron denegadas, en la mayoría de los casos (2.390) porque el interesado no cumplía los requisitos para acceder a este derecho, y en 319 asuntos porque la Comisión provincial de Asistencia Jurídica Gratuita consideró que la pretensión era inviable o indefendible. Además, otro medio centenar de expedientes están por resolver o han sido impugnados.
Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más. También, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos.
El sistema de Justicia Gratuita garantiza la asistencia letrada durante los procedimientos judiciales a quienes no pueden pagarse un profesional pero también la disposición de abogados de guardia 24 horas al día 365 días al año. En 2022, los abogados gaditanos realizaron 9.732 guardias durante las cuales atendieron a 25.372 personas. Además de las guardias para asuntos generales (donde fueron atendidas 21.221 personas) existen turnos especializados en materia de extranjería (854 ciudadanos asistidos), violencia de género (2.266 atendidas) y menores (1.031).
LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO COBRAN ANTES Y MÁS
Los profesionales que prestan este servicio costeado por la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública “para garantizar un derecho fundamental como el acceso a la Justicia a cualquier persona independientemente de sus recursos económicos”, certifican sus actuaciones de forma trimestral, tras lo que la administración autonómica procede al pago de los mismos, a través de los colegios profesionales, una vez que éstos presentan las certificaciones de las asistencias realizadas por sus colegiados.
Actualmente la Junta ‘del PP’ presume de que paga en una media de 15 días hábiles desde que se presentan las certificaciones. “De hecho, a principios de agosto se abonaron los servicios del segundo trimestre del año en un tiempo récord de 10 días hábiles desde que se presentaron las certificaciones gracias al esfuerzo de los profesionales de la consejería y de los colegios”, sobresale la delegada territorial de Justicia, Ana Bertón.
Además, desde el 1 de enero de 2023 las cuantías que reciben los profesionales se han incrementado un 4% lineal mientras se tramita la nueva orden de módulos y bases que regula las retribuciones del turno de oficio, “que estaban congeladas desde 2009”. La misma, consensuada con los colegios profesionales, prevé subir un 16% de media las cuantías que percibirán estos abogados y procuradores a partir de 2024.
Igualmente, se repasa en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se incorporarán al sistema de Justicia Gratuita procedimientos que hasta ahora no se cubrían como la asistencia en procesos de mediación, la representación de las personas jurídicas o el trabajo que realicen a requerimiento judicial aunque luego la persona asistida no resulte beneficiaria del derecho a un letrado de oficio.
