El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha presentado la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, una iniciativa pionera en el Estado español que pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas desfavorecidas; en concreto, en la provincia se han incorporado un total de 18 de 13 municipios, lo que beneficiará sobre el papel a alrededor de 150.000 personas (son unas 914.000 en toda la región). El plan destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 para un total de 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios andaluces.
En concreto, en la Bahía de Cádiz, estas zonas son: las barriadas de Loreto-Cerro del Moro y La Paz-Guillén Moreno en Cádiz; Chiclana Sur (Plaza Mayor-Fuente Amarga) en Chiclana; Distrito Oeste (Picadueñas), Distrito Oeste y Distrito Sur en Jerez; Barrio Alto-Sudamérica en El Puerto de Santa María; la Bazán en San Fernando.
En el resto de la provincia, este plan se enfoca a: la Zona Sur de Algeciras; Arcos Sur y Jédula en Arcos; Montaraz en Barbate; El Junquillo y La Atunara en La Línea; La Paz-Blas Infante y Constitución en Medina; Guadalete en Puerto Serrano; y Barrio Alto y Barrio Bajo en Sanlúcar.
Belizón, que ha presentado esta Estrategia acompañado por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, ha explicado que la misma tiene carácter transversal y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social.
En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además, se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
Cádiz es la provincia de Andalucía que más zonas incluidas en esta estrategia y han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros.
Se trata, en su mayor parte, de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas. Su abordaje requerirá, por tanto, transformaciones estructurales relacionadas principalmente con las políticas activas de: empleo, educación, salud, vivienda y servicios sociales, además de intervenciones que permitan a la población más vulnerable cubrir sus necesidades básicas a corto plazo.
PRIMERA LÍNEA DE SUBVENCIONES
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, en toda la comunidad autónoma, la estrategia arranca con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas que se abrirán este año. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales (ayuntamientos) para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones.
En este sentido, Herrera ha aclarado que la primera línea de subvenciones dirigida a los consistorios tiene, a su vez, dos líneas: la primera, convocada en régimen de concurrencia no competitiva por la consejería el pasado 11 de mayo, será para la contratación de personas que se encarguen del diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas.
Para ello, la Junta invertirá cerca de 827.000 euros, de los que 165.000 euros serán para la provincia de Cádiz, en concreto para contratar 24 técnicos (de 122 en toda la comunidad) en los 13 municipios con zonas desfavorecidas seleccionadas. De esta contratación de dos a tres meses, en función de las necesidades de cada localidad, saldrán los planes locales personalizados para cada zona desfavorecida, que se empezarán a aplicar a finales de este año.
Estos Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, la Diputación correspondiente, serán aprobados por la consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
INTERVENCIÓN CENTRADA EN LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS
La intervención, en la teoría, se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias.
Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria. En torno a estos ejes se han planteado 52 objetivos operativos y 119 medidas.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
