Funcionarios y personal municipal del Ayuntamiento de El Puerto se han concentrado este lunes frente al Consistorio, en la plaza Isaac Peral, para trasladar públicamente diferentes reivindicaciones: los incumplimientos del convenio colectivo, el retraso en el pago de las nóminas o la falta de personal. Lo curioso es que el actual equipo de Gobierno de PP y Cs ha respondido, con cierta ironía, que “apoya incondicionalmente” estas demandas.
En este sentido, la concejala de Personal, Marina Peris, ha insistido en que coincide plenamente con las reivindicaciones de las secciones sindicales del Ayuntamiento, “aún sabiendo que dichos sindicatos conocen esta situación desde hace más de tres años sin que se les conozca ninguna otra acción hasta que hoy han decidido concentrarse en la puerta del Ayuntamiento; les apoyamos incondicionalmente en todas y cada una de sus peticiones”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Peris concreta que el bipartito de derechas “en poco más de un año ha ido conociendo la situación en la que se encuentran los recursos humanos municipales”, observando que incluso los asuntos negociados con la representación sindical no están ejecutados; caso de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la subida del 2%, la provisión de destinos o las horas extras, “por citar algunos ejemplos de una larga lista de cuestiones que en algunos casos llevan más de tres años sobre una mesa”.
Al respecto, esta edil popular destaca que hay un denominador común en todo lo que reivindican CCOO, CSIF, UPBLA, STMA y UGT, que “es la Intervención General”.
“Es conocido por todos que el anterior Gobierno (liderado por el PSOE) propuso a la Junta de Andalucía que se le abriera expediente disciplinario a la interventora, así como las denuncias cruzadas entre ella y el anterior alcalde; lo que indica que no existe una relación normal entre las funciones de Intervención y fiscalización y las funciones de gobierno o gestión de lo público”, sostiene Marina Peris.
También apunta que “conocen perfectamente esta situación los miembros de la Junta de Personal, que reconocen públicamente que no tienen interlocución con la Intervención General; así como por todos los Jefes de Servicio de este Ayuntamiento que padecen a diario la disparidad de criterios con los que la Intervención General gestiona cada expediente”.
Dicha información también le consta al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de Cádiz, “que tienen sobrado conocimiento de los distintos incidentes del anterior gobierno y del actual con la Intervención General”, reitera.
Por tanto, Peris subraya que el ahora Ejecutivo liderado por Germán Beardo “constata que los indicios que se conocían cuando estábamos en la oposición son ciertos y suponen un freno importante no sólo a la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento sino a toda la ciudadanía en general, ya que la no existencia de criterios reglados para la fiscalización se está convirtiendo en un importante obstáculo para garantizar una eficaz gestión de lo público”.
“Este Gobierno –agrega-, a diferencia del anterior que formuló días antes de la finalización de su mandato la denuncia, ya ha presentado una nueva en la Dirección General de la Función Pública de la Junta reiterando la problemática y ha solicitado de manera reiterada la fiscalización previa limitada, sin haber obtenido ningún avance en este sentido”.
Con la intención de aportar “un dato esclarecedor de la situación a la que nos enfrentamos a diario”, la concejala responsable revela que el Consistorio portuense en los últimos ejercicios económicos no superaba los 30 reparos anuales, “sin embargo, en el año 2019 se han registrado más de 1.700”. “El reparo es una diligencia que los órganos de Intervención tienen para indicar que un expediente de gasto no se ha ejecutado correctamente. Cuando esto ocurre el servicio que ha gestionado el expediente puede emitir un informe de discrepancia y bien sea el alcalde o bien sea el pleno, a la vista de los dos informes, puede levantar o no el reparo interpuesto por la Intervención General”, explica.
Termina quejándose Marina Peris que esos más de 1.700 informes de reparo son “un dato que ilustra perfectamente y que es claro indicativo de la importante paralización que supone que la Intervención General del Ayuntamiento de El Puerto esté dedicada a reparar, sin atender a los reiterados requerimientos de Alcaldía para la implantación de procedimientos reglados de fiscalización, que eviten los criterios subjetivos que hasta ahora viene aplicando la Intervención, sin que los distintos servicios municipales puedan conocer unas reglas claras de actuación”.
