El consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de El Puerto, Suvipuerto, ha aprobado por unanimidad consultar a juristas expertos en la materia la posibilidad de iniciar acciones legales contra los administradores de la sociedad desde 2007 a 2014, coincidiendo con los anteriores gobiernos locales, de coalición entre PP y PA.
Todo ello, según explican desde el consejo de administración, en base a un informe que en 2015 presentó al órgano el entonces consejero por el grupo municipal Ciudadanos, Eduardo Moreno Zamorano.
El informe analiza desde un punto de vista económico la evolución que se ha producido en el citado periodo exponiéndose entre otras cuestiones que la tesorería de la sociedad municipal era de más de 6 millones de euros en 2007, mientras que al cierre de 2013 la tesorería registraba un notable descenso hasta situarse en los 150.000 euros.
Por otra parte el informe recoge que los fondos propios de Suvipuerto registraron una pérdida sustancial, desde los 9 millones hasta los 6. Además, las pérdidas registradas en 2013 fueron de más de 1,3 millones, una cifra que asciende a los casi 2,5 millones de euros si se tienen en cuenta las pérdidas acumuladas. “Sólo en 2013 las pérdidas de la sociedad pública superaban todas las pérdidas acumuladas que Suvipuerto venía arrastrando desde 2008 hasta 2012”, subraya dicho documento.
Otra cifra objeto de este informe tiene que ver con las deudas contraídas con entidades de crédito. Mientras que en 2007 suponían poco más de 76.000 euros, en 2013 ascendieron a cerca de 5,5 millones.
Con todas esas cifras y evoluciones registradas durante ese periodo, señalan desde el Ayuntamiento en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el consejo de administración ha visto oportuno analizar los datos con profesionales expertos en la materia de cara a depurar responsabilidades, ya que en sus conclusiones “el informe presentado determina posibles negligencias que pretenden ahora ser analizadas en profundidad”.
El actual equipo de Gobierno de PSOE e IU llegaba a alertar meses atrás de que esta empresa municipal ha pasado de tener un volumen de negocio de 8 millones de euros “a convertirse en un enfermo en coma al que nos vemos obligados a desenchufar”. Aunque posteriormente se pasó a hablar de garantizar la “solvencia económica” de la sociedad.