Sin ningún voto en contra (y solo una abstención, la de Adelante), el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aprobaba el pasado viernes en un pleno extraordinario telemático una prórroga del contrato del servicio privatizado de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos hasta el 30 de noviembre de 2021, en manos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quedando excluidos los servicios de recogida selectiva de papel, envases y vidrio, además de los servicios de recogida domiciliaria de muebles y enseres.
Se garantiza así este servicio básico para cualquier administración local mientras se trabaja en el nuevo pliego, “con el mayor consenso posible y que incluya distintas mejoras que consideramos esenciales para que la ciudad cuente con un servicio de calidad y eficiente, que tenga capacidad para cubrir todas y cada una de las áreas, incluso las de nuevo desarrollo y, por supuesto todos los días del año; con una nueva flota de vehículos verde, sostenible y eficiente”, subraya el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Con todo, el bipartito de PP y Cs reconoce que “aunque haya sido imprescindible realizar una prórroga anual” para poder continuar dando servicio a El Puerto, “somos conscientes de que el actual contrato es muy mejorable”. Y se insiste en que “llevamos meses trabajando en la redacción de un nuevo pliego que incluya un mejor servicio para cubrir todas las necesidades de la ciudad en tiempo y forma y sobre todo, que tenga en cuenta un importante refuerzo en los meses de verano donde la población se incremente”.
Alegre dejó patente en la sesión plenaria que a pesar de que “algunos partidos han aprovechado la coyuntura para criticar la gestión municipal, todos son conscientes de la situación real y conocen perfectamente el estado actual de administración local, mermada en recursos, agraviada con dos estados de alarma y una pandemia”. Igualmente, “conocen perfectamente que en el área de Medio Ambiente que gestiona una parte muy importante de los contratos esenciales, en los últimos cinco años, ha disminuido su capacidad funcionarial hasta un 50%”.
Estas son las causas, a decir de este concejal de derechas, que han imposibilitado sacar el nuevo pliego en tiempo y forma y que han obligado al bipartito a tomar la decisión de proponer una prórroga del servicio, “poniendo por delante la prioridad de dar servicio a la ciudad de El Puerto, aunque sea con el mismo contrato que gestó el anterior equipo de Gobierno (de PSOE e IU, con el apoyo crítico de Levantemos), mientras se continúa trabajando en la redacción del nuevo”. Hace tres años, cuando el PP estaba en la oposición y se adjudicaba el servicio a FCC por casi 12,5 millones al año, tachaba el mismo de “el peor contrato posible para la ciudad”.
“SE PRORROGA UN MODELO INSOSTENIBLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS”
Días antes del pleno, Ecologistas en Acción advertía de que el pliego de condiciones de este contrato “se basa en un modelo obsoleto que incumple los principios y normativa de la economía circular”.
Al respecto, recordaba que ya propuso al anterior equipo de Gobierno liderado por los socialistas que incluyera cláusulas en el pliego actualmente en vigor que fueran en la dirección que marca la UE (priorizar la reducción del vertido de los residuos municipales), “lamentablemente las desestimó, optando por el actual modelo en el que la mayoría de los residuos vertidos al contenedor gris, incluyendo la materia orgánica, terminan en el vertedero de Las Calandrias”.
Esta asociación opina que con la prórroga del contrato de limpieza con FCC “se pierde una interesante oportunidad para iniciar un proceso de cambio, que podría haber consistido en condicionarla al compromiso por parte de la empresa de comenzar con programas pilotos de separación de la fracción orgánica y la promoción del compostaje familiar o comunitario que permitan la reutilización de esos biorresiduos”. También se entiende que “es imprescindible la implementación de campañas de sensibilización, información y educación a la población para conseguir la participación de la ciudadanía en esta nueva cultura en la gestión de los residuos, necesaria y obligatoria”.
Además, Ecologistas aprovecha para recordar al alcalde popular, Germán Beardo, que el Consistorio está obligados a actualizar las ordenanzas municipales de residuos, así como a redactar, de forma participativa, un Plan Local de Acción frente al Cambio Climático: “se les acaba el tiempo”.
“FACILITAR LA INVERSIÓN EN LA CIUDAD”
El equipo de Gobierno también elevaba a este pleno extraordinario la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y precios públicos locales, en concreto en sus artículos 46.1.1 y el 46.5.
Según ha explicado la concejala de Urbanismo, Blanca Merino, la primera modificación permitirá a los inversores, que quieran apostar por desarrollar algún proyecto en la ciudad, fraccionar las cantidades necesarias para financiar la ejecución de los sistemas generales; estos sistemas generales son aquellas obras de urbanización de interés público y social en todo desarrollo urbanístico, como aportación del inversor.
En cuanto a la otra modificación, supone la revisión de los tramos generales de los fraccionamientos de las deudas referentes a impuestos de los ciudadanos. Actualmente se pueden fraccionar hasta en cinco años las deudas de entre 12.000 a 24.000 euros, cuando el mínimo establecido por Ley para presentar una garantía de pago comienza en 30.000 euros, cantidad que se instauraría a partir de ahora.
