Todos los partidos del Ayuntamiento de El Puerto representados en la mesa general de negociación de personal, así como las secciones sindicales, han consensuado estabilizar la situación de más de 60 interinos de distintas categorías profesionales, atendiendo a lo que obliga la ley estatal aprobada a finales de 2021.
El Gobierno local de PP y Cs asegura que lleva “muchos meses” trabajando en las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de acogerse a la Ley 20/2021, “para regularizar y poner orden a nivel municipal en un problema histórico que se arrastra desde hace décadas sin que nadie hubiera actuado”. Si bien es cierto que la situación es generalizada en la mayoría de administraciones.
De este modo, el Consistorio va a actuar para consolidar las plazas de un total de 42 funcionarios interinos y 22 laborales, se concreta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Siguiendo la normativa estatal, dentro de la nueva planificación las ofertas deberán aprobarse y publicarse antes del 1 de junio de 2022 y la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes de 31 de diciembre de 2022. La resolución de estos procesos selectivos deberá estar concluida antes de 31 de diciembre de 2024.
Se pone fin a una situación que se ha dilatado en el tiempo, “ya que el nombramiento del personal funcionario interino o personal laboral temporal se contempla para casos excepcionales de indudable y estricta necesidad y sólo por el tiempo imprescindible hasta su cobertura por funcionarios de carrera”, remarca la concejala de Personal y Recursos Humanos, Marina Peris.
“A pesar de que se conocía esta limitación -insiste esta edil del PP-, la realidad muestra un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal, que el anterior equipo de Gobierno no trabajó en evitarlo y que en el caso de El Puerto se vio agravado al estar sujeto al plan de ajuste de 2012”, aprobado por su mismo partido, que recogía que “la proyección con aminoración por amortizaciones de las plazas por jubilación se tenía que convertir en ahorro, con lo que se mermó la plantilla en unas 150 plazas”.
Estos factores, sumados a otros muchos como que en las últimas décadas las leyes anuales de presupuesto han venido imponiendo criterio restrictivos para la dotación de plazas de nuevo ingreso del personal al servicio de todas las administraciones públicas, la insuficiente utilización de la planificación estratégica en la ordenación del empleo público o la falta de regularidad de las convocatorias y procedimientos de selección de personal para la cobertura de vacantes con carácter definitivo, “han dirigido a la administración local a una situación que ahora el equipo de Gobierno de Germán Beardo por fin se resolverá”, presume Peris, que parece olvidar que lo hace porque ahora lo obliga la ley.
