La delegación territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz ha multado a la empresa Marsur TS-21 con más de 240.000 euros por el vertido ilegal de escombros en el Rancho Linares, en El Puerto de Santa María, al tiempo que le obliga a la restauración ambiental del terreno.
Cuando en mayo de 2020 comenzaron a llegar camiones de la empresa de demoliciones Dayta, con miles de toneladas de escombros procedentes de la obra del hotel que se levanta en la antigua Residencia Tiempo Libre de Cádiz, Ecologistas en Acción denunció los hechos ante el Ayuntamiento portuense y la Junta.
Sin embargo, lamenta la asociación verde en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el Consistorio “no sólo permitió el vertido de las 13.000 toneladas de escombros, sino que pretendió legalizarlos con el subterfugio de que se trataba de una zona de acopio para una planta de reciclaje de escombros”.
Ante la evidencia de que no existía constancia de tal planta, la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, “autorizó dicha supuesta planta sin tener competencia para ello, pues una planta de reciclaje de escombros la tiene que autorizar la Junta”.
Al final, dicha autorización se anulaba y Urbanismo imponía a la empresa “una ridícula sanción” de 674 euros por falta de licencia de obras, sin obligación de la retirada de los escombros.
Por su parte, la administración autonómica, según aplaude Ecologistas, esta vez “ha cumplido con su obligación” y ha impuesto a Marsur TS-21, propietaria de los terrenos y promotora de este vertido, una “sanción ejemplar” de 240.401 euros. “y, lo que es más importante, la obligación de restauración ambiental del terreno donde han instalado esta escombrera ilegal”.
En la notificación de la delegación territorial de Desarrollo Sostenible se hace constar que en la inspección realizada se comprueba los hechos denunciados por Ecologistas en Acción, “sin que conste autorización alguna para la actividad ni tampoco autorización a la citada empresa para operaciones de gestión de residuos”. Además, se remarca que el beneficiario de la actuación es la empresa Grupo Q, promotor del hotel en pleno paseo marítimo de la capital.
“Teniendo en cuenta que el tratamiento en una planta de reciclaje de estos escombros hubiera supuesto un coste de 53.000 euros, con la sanción del Ayuntamiento le salía a cuenta a la empresa verter de forma ilegal los escombros en medio de un bosque. Ahora no, la empresa tendrá que pagar 240.401 euros de sanción, más el coste de la retirada de los escombros y de su gestión en una planta de reciclaje”, subraya el colectivo conservacionista.
“EL ALCALDE, TAN DICHARACHERO EN REDES SOCIALES, CALLA”
Sentencia Ecologistas que “toda la trama diseñada por los máximos responsables de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento para urbanizar el Rancho Linares se les ha venido abajo”.
A la anulación del proyecto de urbanización por carecer de la preceptiva evaluación de impacto ambiental, se une ahora este varapalo a la empresa promotora y al propio Consistorio “que, de nuevo, ha quedado en evidencia”.
Ante esto, el alcalde Germán Beardo, “tan dicharachero en redes sociales, calla, con lo que se convierte en cómplice de las irregularidades cometidas por sus concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, y por su protegido Antonio Caraballo”, se apostilla.
