El consejo de administración de Apemsa, empresa mixta de aguas de El Puerto, ha acordado con los votos a favor de los consejeros de la parte pública representados por PSOE, IU y Levantemos, activar un procedimiento de concurso público para sacar a licitación la gestión y mantenimiento de la depuradora de Las Galeras a partir de febrero de 2017, cuando expira el contrato con Aqualia (que además tiene el 49% de Apemsa), que había mostrado interés en seguir prorrogando el mismo.
El consejo de administración de Apemsa, empresa mixta de aguas de El Puerto de Santa María, ha acordado este lunes, con los votos a favor de los consejeros de la parte pública representados por PSOE, IU y Levantemos, activar un procedimiento de concurso público para sacar a licitación la gestión y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Las Galeras a partir de febrero de 2017.
Aqualia-FCC, la empresa privada que la gestiona actualmente, y desde 1995, había mostrado su interés por volver a prorrogar el contrato “sin tener que mediar ningún concurso público”, como entiende le permite el pliego de condiciones, siempre y cuando Apemsa diera el visto bueno.
La última prórroga había sido otorgada por parte de los consejeros del PP, en una controvertida decisión que fue impugnada al Tribunal del Contencioso Administrativo y que aún hoy está pendiente de resolución judicial.
En este último consejo de administración (sin el voto de los representantes de Aqualia por conflicto de intereses, y es que está firma tiene el 49% de las acciones de Apemsa), los representantes públicos de PSOE, IU y Levantemos han optado por un contrato “que garantiza la pública concurrencia y la absoluta transparencia para el futuro de esta depuradora”.
En estos días, la plataforma Apemsa no se vende –que aboga por la remunicipalización de la EDAR- ha recordado además que Aqualia-FCC ha venido gestionando Las Galeras desde la década de los 90 del siglo pasado y “nunca ha conseguido que funcione correctamente, según han demostrado la auditoría del Tribunal de Cuentas, los expedientes sancionadores incoados por la consejería de Medio Ambiente y sendas sentencias judiciales”. “Lo que no es comprensible es que se hayan seguido prorrogando las concesiones a una empresa que se ha mostrado incapaz de depurar correctamente las aguas residuales, y que ha venido falseando de forma sistemática los resultados de las analíticas para encubrir su propia incapacidad técnica y de gestión”, se argumenta.
Al respecto, Aqualia replicaba que fue la primera en señalar que la planta “tiene deficiencias de diseño muy importantes desde que comenzó su funcionamiento y que es necesario buscar soluciones a medio y largo plazo, bien a través de una reforma y ampliación de la EDAR existente o bien a través de una nueva depuradora en el municipio tal y como prevé el actual PGOU”. De hecho, a principios de 2016 presentó un informe al consejo de administración de Apemsa haciendo constar estas deficiencias y valorando en 2,5 millones las inversiones imprescindibles para mantener la planta operativa los próximos años. “A pesar de ello, ni Apemsa ni el Ayuntamiento han sido sancionados desde 1995 por ningún motivo relacionado con la EDAR Las Galeras”, se defendía.
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