El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María abría a finales de enero el periodo de exposición pública (que finaliza ahora) del borrador de la nueva ordenanza de convivencia.
Desde el equipo de Gobierno de derechas de PP y Cs se repite que esta pretendida ordenanza municipal para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio público, “respondiendo a una demanda de la propia ciudadanía y, en especial, del movimiento vecinal”, cubrirá “un vacío legal que atajará ciertas conductas o comportamientos lesivos” que al haberse derogado la ordenanza anterior “no pueden en este momento ser abordados desde las competencias municipales, creando una desprotección ante la que no se puede actuar desde el Ayuntamiento”.
Dicha norma (también promovida en su momento por los conservadores) caía en el pasado mandato con Gobierno de PSOE e IU y a petición de Levantemos (y, curiosamente, con el apoyo de Ciudadanos); ordenanza que abordaba y multaba el ejercicio de la prostitución en la vía pública, la práctica del botellón, los actos de vandalismo o la contaminación acústica. Precisamente, socialistas e izquierdistas han registrado alegaciones para que se retire la totalidad del borrador presentado ahora por el Ejecutivo liderado por Germán Beardo.
“CRIMINALIZA A LOS COLECTIVOS SOCIALMENTE VULNERABLES”
Por un lado, el PSOE, principal partido de la oposición, ha presentado alegaciones a la totalidad considerando que “en el documento elaborado no se contempla una intervención social ante los problemas sociales, tan solo una acción represiva y recaudatoria, que se intenta de justificar con dar información a la persona afectada sobre las distintas ayudas existentes o una sustitución de la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad, que son un brindis al sol”.
Así lo considera el portavoz municipal socialista, Ángel Mª González, quien señala que “es evidente que el Ayuntamiento no está preparado para poner en marcha los trabajos en beneficio de la comunidad. Tanto es así que la propia ordenanza recoge que esta opción no será de obligada aplicación, si no tan solo cuando no exista dificultad material y organizativa, entre otras cuestiones”. Por ello, la propuesta del PSOE pasa por incorporar un anexo de protocolo de actuación social, así como seguridad jurídica para realizar los trabajos en beneficio de la comunidad.
Otro aspecto que este partido rechaza de la ordenanza de populares y naranjas es su duplicidad, “puesto que se tipifican conductas que ya están recogidas en normativas superiores”: sobre todo, en la Ley Orgánica 4/2015 que impuso en su momento la derecha, la conocida como ley mordaza que se supone que el actual Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos iba a derogar.
Y, con relación a aquellas conductas no recogidas, desde el PSOE consideran que “son fácilmente reconducibles a otras ordenanzas municipales a modificar, o a la creación de nuevas ordenanzas donde el articulado sea más extenso y dote de más sentido a éstos, tales como ordenanzas de medio ambiente o tráfico”.
“Consideramos que esta norma no es necesaria; tal es así que ni en su propia exposición de motivos está justificada su necesidad, ni por demanda ciudadana ni por relevancia estadística. Por lo que entendemos que antes habría que haber recabado la información que permitiera dirimir su necesidad o no”, insiste González en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
En este sentido, recuerda que en 2018 la anterior ordenanza similar “fue derogada precisamente por los mismos motivos: por duplicidad con otras normativas, por dar respuesta a conductas que en nuestro municipio no eran relevantes (según informe de la propia Policía Local) y por criminalizar a ciertos colectivos socialmente vulnerables, lo que ahora se vuelve a hacer con este borrador”.
“YA EXISTEN HERRAMIENTAS Y NORMATIVAS PARA ATAJAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA”
Por su lado, desde Izquierda Unida reconocen que puedan existir problemas de convivencia en la localidad, “pero no estamos de acuerdo en la forma que se propone abordarlos”. “Estamos convencidos que una aplicación más efectiva de las ordenanzas actuales, así como abrir mecanismos de diálogo con los vecinos afectados para promover la convivencia y conciliar los distintos usos del espacio público, junto con un refuerzo en la presencia policial, serían mecanismos suficientes para paliar las consecuencias derivadas de estos conflictos”, expone la concejala Matilde Roselló.
Así, esta formación abunda en que “nos encontramos ante un borrador de ordenanza que vuelve a limitar la utilización ciudadana de los espacios públicos, y al no estar claramente tipificadas las infracciones, el ámbito en el que se puede aplicar es tan amplio que permite sancionar actividades que para nada suponen actos incívicos”, por lo que “de su articulado vuelve a desprenderse el afán recaudatorio que ya desprendía la anterior ordenanza”.
Para Roselló, como ya han apuntado desde el PSOE, “la mayoría de las conductas que se pretenden regular están recogidas ya en otras normativas vigentes y también contenidas en ordenanzas municipales, por lo que pensamos que el Ayuntamiento ya tiene instrumentos legales suficientes para dar respuesta a conductas de ciudadanía irresponsable”.
Por todo esto, IU defiende que ha presentado una enmienda a la totalidad al borrador de la ordenanza, “y, como alternativa, proponemos crear programas preventivos que contribuyan a mejorar la calidad de la convivencia y retomar la Mesa de Diálogo que ya se puso en marcha en el mandato pasado”.
Para finalizar, la edil izquierdista le recuerda al socio del PP, que sus compañeros en la franquicia naranja “ya en 2017 votaron a favor de la derogación de esta ordenanza”, por lo que “esperamos que Curro Martínez tengan algo que decir al respecto y que no vuelva a dejarse ningunear por Beardo”.
“DE MANIFIESTO LA APOROFOBIA DEL GOBIERNO DE BEARDO”
Y al igual que hiciera en el año 2012, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado una enmienda a la totalidad de la ordenanza, ya que “no sólo limita libertades básicas como el derecho a reunión, manifestación y el uso de espacios públicos, sino que es además es un claro instrumento de criminalización de la pobreza y la exclusión social”. Se reclama que se escuche “no sólo al empresariado y determinados vecinos, sino también a las personas excluidas”.
Para la entidad, la normativa que pretende aprobar la derecha “vuelve a poner de manifiesto la aporofobia del Gobierno municipal portuense” porque “traslada la responsabilidad por parte de quienes tienen el deber de garantizar los derechos hacia las propias personas empobrecidas, persiguiéndolas o reprimiendolas e invisbilizandolas”; lo que a su vez “sólo creará cortinas de humo sobre los problemas reales”.
La Apdha, sin dejar de reconocer que puedan existir actividades y conductas que puedan ser molestas, esta ordenanza “es innecesaria” y que los efectos inmediatos “supondrían un aumento en la fractura social y un mayor rechazo de la ciudadanía a todos los colectivos que se encuentran en situaciones más desfavorecidas; que se promueva que los vecinos confundan pobreza o exclusión con incivismo y supervivencia con ilegalidad solo puede traer consecuencias negativas para esta convivencia”.
Del mismo modo, se señala que el proceso de elaboración del borrador “ha tenido importantes déficits democráticos, puesto que no se ha respetado el derecho a la participación ciudadana”, haciendo hincapié en que no se ha apostado por el diálogo social con diversos agentes sociales.
Y se lamenta profundamente que se apueste por multar “a quien intenta sobrevivir día a día, lo que se traducirá en un incremento de la pobreza más si cabe, ya que los colectivos o personas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad con este tipo de medidas lo que van a perder son oportunidades que ya están bastante agravadas porque cada vez se están reduciendo más los presupuestos destinados a paliar esas desigualdades”, al tiempo que asociaciones y ONGs de la localidad “están en profunda crisis por los impagos del gobierno local”.
“APORTARÁ TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD A VECINOS Y AYUNTAMIENTO”
Mientras, la concejala de Policía, Marina Peris, interpreta que esa futurible norma municipal “aportará tranquilidad y seguridad a los vecinos de El Puerto y también permitirá al Ayuntamiento actuar sobre acciones que muchas veces, aún sabiendo que no son correctas, no puede sancionar debido a que no hay una normativa que lo permita”.
El objetivo principal de esta ordenanza, una prioridad para el bipartito de derechas, es “el de preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad”.
