“No es de recibo que en un ayuntamiento se estén dando estos controles que alejan a la ciudadanía de la administración local, la más cercana, y que al mismo tiempo, denotan inseguridad y cobardía por parte de sus gobernantes, que parecen temer el cara a cara con sus ciudadanos”. Son palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Puerto, Ángel González, que contrasta la situación actual con la precedente.
Así, el ahora principal partido de la oposición señala que desde las elecciones municipales y el cambio de gobierno municipal (de uno liderado por el PSOE, a otro conjunto de PP y Cs), “hemos visto solo algunos cambios, todos de mera estética”.
Y entre ellos, “llama especialmente la atención la contratación de otro vigilante de seguridad más (para el Consistorio en la plaza Isaac Peral) y la colocación de carteles que prohíben el paso a través de la puerta principal”, aquella que, curiosamente, el nuevo alcalde Germán Beardo anunció al poco de acceder al cargo que abría “como símbolo de apertura a la ciudadanía y de transparencia y atención a los vecinos”, y que desde el PSOE se apunta que antes “se mantenía cerrada por motivos de optimización de personal”.
González insiste en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz en que “no solo se prohíbe el paso por la puerta principal, sino también en los accesos al Gabinete de Prensa, Protocolo y Alcaldía, además del uso del ascensor que va directamente a la planta de Contratación, Secretaría General y Asesoría Jurídica”.
Dada esta situación, este partido ha elevado una pregunta al bipartito de derechas solicitando conocer “qué está ocurriendo”, pues “nos consta que las medidas de presión en los controles de accesos a toda persona que quiera acceder al Consistorio y, en concreto, a las citadas zonas, han aumentado”.
La pregunta concreta formulada solicita conocer cuáles han sido las nuevas directrices dadas por Beardo al equipo de seguridad; y en relación al aumento del personal de vigilancia, “y conociendo que la partida presupuestaria para ello estaba justa”, se cuestiona de dónde ha salido la cuantía necesaria para pagar a más vigilantes privados.
