El consejo de administración de la empresa municipal El Puerto Global ha acordado (con los únicos votos a favor de PP y Cs, los socios de gobierno) la polémica readmisión de Rafael Serrano como gerente, puesto que ocupó entre febrero de 2008 y febrero de 2016, fecha en la que el anterior equipo de Gobierno liderado por el PSOE optó por una no renovación que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera improcedente.
En los últimos años, esta sociedad del Ayuntamiento ha estado funcionando sin gerente ni consejero delegado, y de forma “eficiente” según la propia plantilla, que ya ha rechazado públicamente que se vuelva a cubrir dichos puestos directivos. PSOE y Adelante también se han opuesto.
Según la versión que ofrece el ahora presidente de El Puerto Global, el concejal de Economía Javier Bello, “el informe encargado a la asesoría jurídica de la empresa es claro al señalar la conveniencia de la readmisión en lugar del despido, pues supone menor desembolso final”. Del mismo modo, dice tener dudas de que la gerencia que se incorpora “será un elemento clave para que en breve tiempo se asegure la viabilidad de la empresa y se mejore su eficiencia”.
Según este político de derechas, la situación de provisionalidad en la dirección de El Puerto Global “era insostenible por las pérdidas sufridas en los últimos años, que podían llevar a una situación que comprometiera la viabilidad del organismo”.
Así, populares y naranjas “apuestan por una dirección pública profesional en las empresas municipales que evite su descabezamiento, de modo que cuenten con un gerente y un consejero delegado, figuras ambas previstas en el reglamento general de servicios de las corporaciones locales y recogidas en los estatutos sociales de dichas empresas”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Bello apunta que El Puerto Global “puede ayudar mucho a la transformación digital del Ayuntamiento y a la introducción del concepto Smart City, trabajos que no deberían haberse abandonado por motivos políticos”. “Cuenta con trabajadores altamente cualificados y capacitados para llevar a cabo su misión, vital para el Ayuntamiento y que puede elevar el nivel de eficiencia de determinados servicios que se prestan a la ciudadanía”, insiste.
El Puerto Global se constituía como sociedad en 1995 para la prestación al Ayuntamiento de servicios y ejecución de inversiones relacionadas con la comunicación e información, las nuevas tecnologías, informática y ofimática, el equipamiento técnico o tecnológico, gestión catastral, planimetría y estadística, y la planificación, gestión y desarrollo de proyectos. Entre sus labores más visibles, está la puesta en marcha de Radio Puerto, la gestión de webs municipales o la sede electrónica del Ayuntamiento. En 2018 manejó un presupuesto de poco más de 2,2 millones de euros, la gran mayoría para el abono de nóminas (unos 40 trabajadores).
EL PSOE SÓLO VE “INTERÉS PARTICULAR DEL DESPEDIDO Y DEL PP”
Por su lado, desde el PSOE se recuerda que “estamos ante el caso de un gerente, alta dirección y apoderado, al que se le contrata en un mandato anterior del PP por cuatro años, que se prorrogó por otros cuatro, y que se le despide dentro de un plan de ahorro cuando finaliza su contrato (tenía un coste de nómina y Seguridad Social cercano a los 90.000 euros al año)”. Entonces recurre contra el despido, la primera instancia lo confirma y el TSJA lo declara improcedente, ya que considera que no es de alta dirección. La empresa pública debe entonces optar por la readmisión o la extinción del contrato y decide seguir manteniendo el ahorro y, por tanto, extinguir el contrato. “El coste final con indemnización serían unos 70.000 euros”, se sentencia.
Sin embargo, añaden los socialistas, ahora el PP con Cs “quieren volver a contratarlo, deciden pagar todos los salarios de tramitación y cuotas a la Seguridad Social desde el despido hasta hoy (unos 235.000 euros), y vuelve ese puesto a tener un coste cercano a los 90.000 euros al año (igual al de un ministro y mucho mayor que el del propio alcalde, y un dinero que no está presupuestado). Previsiblemente, 340.000 euros en el actual mandato, y ya fijo para siempre”.
En esta reunión del consejo de administración, a decir del PSOE, se ha aportado a los consejeros un informe jurídico “que no se ha pedido al abogado que lleva el recurso y ni siquiera le han convocado al consejo”. Informe en base a una propuesta de transacción “de la que no se nos da traslado”. No obstante, la propuesta realizada por el despedido, apunta el principal partido de la oposición, “parece ser que es que no se le indemnice por el despido, que ya había acordado esta empresa hace más de un año y se ha consignado, sino que se le readmita y se le paguen los salarios de tramitación desde el despido hasta el día de hoy. Esa cantidad no está prevista en el presupuesto de la empresa. Es decir, el acuerdo consiste en que se le dé todo lo que pide. Estamos, irónicamente hablando, ante un modelo de ‘acuerdo transaccional’: uno no cede nada y el otro lo da todo”.
“La gran ventaja, según el informe jurídico, es que, después de pagar todo eso, se puede solicitar del Estado la devolución de los salarios de tramitación y cuotas de Seguridad Social desde los noventa días hábiles hasta la sentencia”, se afirma, añadiendo que “parece olvidar el informe que la empresa ya optó en su día por el despido, y que la indemnización ya está consignada, luego no habría que desembolsar dicha cantidad. Además, dado que ya se optó en su día por la extinción del contrato y el abono de la indemnización, el Estado podría perfectamente denegar el pago de los salarios de tramitación desde que se le notificó al despedido, en plazo legal, la no readmisión”.
“Y hay quien todavía dice que gastar todo ese dinero es mejor que abonar la indemnización que por todos los conceptos no llega a la tercera parte, 70.000 euros, que ya han sido abonados o consignados. ¿Quién puede seguir afirmando que pagar con fondos públicos 235.000 euros es más beneficioso que pagar 70.000? De seguro alguien que no defiende lo público ni el interés general”, reflexionan los socialistas.
Por si no fuera suficiente, este partido denuncia que al comenzar el consejo se ha entregado un informe de la Interventora municipal (realizado el 2 de agosto) donde expone que El Puerto Global superaría el límite de la regla de gasto y debe adoptar medidas para reducir el nivel de gasto, además de que el incumplimiento de las medidas de los planes de ajuste está calificado como una infracción muy grave en materia económica financiera, y que el aumento de los gastos de la empresa (como es volver a contar con gerente) será informado negativamente por esta Intervención.
“El Puerto Global, como empresa pública, debe actuar bajo el principio de interés general, que no se aprecia en esta propuesta, de la que se deduce sola y exclusivamente un interés particular del despedido, que sospechosamente coincide con el interés particular, que no general, del PP con el apoyo de Ciudadanos”, sentencia el PSOE, que avanza que procederá “a la investigación y posible denuncia” de esta reincorporación.
ADELANTE SE TEME LA POSIBILIDAD DE DESPIDOS PARA PODER PAGAR AL GERENTE
De la misma forma, el consejero de Adelante El Puerto ha votado en contra de esta decisión “que entendemos perjudica económicamente los intereses de la empresa, la plantilla y el propio Ayuntamiento”.
La confluencia de Podemos e IU lamenta que esta reunión se haya celebrado sin atender a las peticiones de información realizadas, impidiendo además la asistencia del abogado que ha llevado el proceso judicial aún abierto contra quien ya vuelve a ser gerente, ni de la Interventora municipal.
“No entendemos ni las prisas ni la falta de transparencia ante una decisión de tal calado y dudamos, incluso, que Ciudadanos sea conocedor de toda la información sobre este asunto. No podemos más que preguntarnos qué papel va a jugar Cs durante este mandato, si van a ejercer como socios de gobierno y se van a preocupar de las cuestiones de la ciudad o solo van a ser simples muletas ciegas del PP”, afirman desde Adelante.
Se insiste en que la reincorporación del antiguo gerente “es un claro ejemplo de cómo el PP utiliza los recursos públicos para beneficiar a su entorno sin importarles las consecuencias”. Y como ya ha expresado el PSOE, esta formación de la oposición teme sobre cómo El Puerto Global va a asumir una nómina de 90.000 euros al año y cómo va a encajar esta figura en el actual organigrama de la empresa, “ya que somos perfectamente conocedores de la realidad laboral y económica de esta empresa y mucho nos tememos que el PP esté valorando reducir la plantilla y despedir a trabajadores para hacerle un hueco a uno de sus amigos”.
Por último, se manifiesta nuevamente el apoyo a la plantilla de El Puerto Global ante el “futuro incierto” que se abre en la empresa, “y nos ponemos a su disposición para defender el interés general que nada tiene que ver con llevar a cabo una contratación de este tipo sin atender a razones y obviando las consecuencias laborales y legales que en un futuro pueda acarrear”.
