Grupos ecologistas celebraron el pasado domingo 5 de noviembre la décima marcha ciclista reivindicativa por la construcción completa de la vía verde desde El Puerto de Santa María hasta Sanlúcar de Barrameda. Nueva movilización para exigir la convocatoria urgente del grupo motor formado por la Diputación, ayuntamientos y asociaciones para el impulso de esta infraestructura, además de una mayor implicación de las administraciones locales, la firma del convenio de cesión de la traza con Adif, así como la contratación del proyecto constructivo comprometido por parte de la institución provincial.
La denominada Vía Verde Entre Ríos está proyectada entre El Puerto y Sanlúcar, pasando por Rota y Chipiona sobre la antigua traza del ferrocarril. En la actualidad están construidos y en uso dos tramos entre Rota y Sanlúcar, pero falta por completar el tramo de El Puerto a Rota de 20 kilómetros, y el tramo de Chipiona a Sanlúcar de 4,5 kilómetros.
Como consecuencia de la “inactividad” de los ayuntamientos implicados y, en especial, los de Sanlúcar y El Puerto, el Consejo de Participación Ciudadana de la Diputación, a propuesta de Ecologistas en Acción en el año 2017, presentó la propuesta para completar en su totalidad esta vía verde. Iniciativa “bien acogida” por la institución provincial (entonces con gobierno liderado por el PSOE), culminando con la elaboración por parte de la Fundación de Ferrocarriles Españoles del pertinente estudio de factibilidad para el acondicionamiento como vía verde de este trazado del ferrocarril en desuso.
Más adelante, promovidas por la Diputación, se mantuvieron varias reuniones con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, Adif y la Fundación de Ferrocarriles Españoles que culminaron con la inclusión del proyecto constructivo en los presupuestos de 2022 de la propia Diputación.
Así, “después de más de diez años de reivindicaciones y luchas, parecía que por fin se veía la luz al final del túnel y estaba encarrilado este proyecto tan demandado con la implicación de todas las administraciones”, resaltan en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz desde Ecologistas en Acción (de El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar) y el grupo CANS de Chipiona.
Pero “nada más lejos de la realidad”. A fecha de hoy, a finales de 2023, ese proyecto constructivo incluido en aquellas cuentas no ha llegado a licitarse “debido, en parte, a cambios en los responsables de la Diputación”, ahora con gobierno de derechas.
“LA PASIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES Y, SOBRE TODO, DE LOS AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS ES UNA FALTA DE RESPETO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
“Después de años de reuniones, solicitudes, reclamaciones e, incluso, acuerdos de plenos municipales, aún no se ha conseguido, como paso previo, la cesión de los terrenos pertenecientes a Adif y la Junta para alojar la futura vía verde, sobre todo, por la falta de implicación de los ayuntamientos que son los que tienen que negociar esta cesión”, se lamenta.
Igualmente, los colectivos ecologistas denuncian la “falta de mantenimiento” de los tramos construidos, sobre todo el de Rota, que “ha culminado con el deterioro y cierre de los puentes de hierro que se encuentran ahora reparados pero paralizado su montaje desde el pasado verano, haciendo inviable el uso de este tramo”. La reparación de los puentes, se añade, “nos ha costado a toda la ciudadanía una importante cantidad de dinero público que se hubiera ahorrado con un mantenimiento adecuado”.
“Esta actitud de pasividad de las administraciones y, sobre todo, de los ayuntamientos es una falta de respeto a la participación, así como a la ciudadanía en general con incumplimiento de un acuerdo de un órgano como es el Consejo de Participación Ciudadana de la Diputación y de varios acuerdos por unanimidad en los plenos municipales que se entiende representan la voluntad de toda la ciudadanía”, se apostilla.
En este punto, y con esta décima marcha reivindicativa, desde Ecologistas en Acción Cádiz y el grupo CANS de Chipiona se reclama ayuntamientos, Junta y Diputación, “todas las administraciones implicadas en el proyecto”, que “se pongan a trabajar coordinadamente para que llegue a buen puerto este recurso turístico de primer orden que permitiría el desplazamiento de ciclistas, senderistas y caballistas, para disfrute o para practicar deporte de una forma sostenible y ecológica, uniendo las cuatro localidades entre los ríos Guadalquivir y Guadalete”.
