La compleja situación de la vivienda, la creciente problemática del mercado de alquiler y la proliferación de los pisos turísticos estarán muy presente en el pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de El Puerto, con dos mociones al respecto presentadas por Izquierda Unida y por Unión Portuense.
Por un lado, desde IU se propondrá al equipo de Gobierno del PP poner en marcha una mesa de trabajo de regulación de las viviendas turísticas en la ciudad, “en la que se cuente con todos los agentes sociales implicados y los grupos políticos que conforman la corporación municipal”.
“Se puede y se debe actuar ya, antes de que el problema termine haciéndose demasiado grande”, afirma el portavoz municipal izquierdista, José Luis Bueno. Así, en su moción también se instará al Consistorio a acogerse al próximo a acogerse al Decreto de la Junta de Andalucía que permite a los ayuntamientos establecer limitaciones en su planeamiento urbanístico para frenar el crecimiento de estos pisos turísticos; y a destinar los recursos necesarios, tanto económicos como humanos, “para realizar un registro de los pisos turísticos tanto legales como ilegales con el fin de controlar y limitar el desarrollo de este tipo de alojamientos”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Bueno sostiene que “la proliferación descontrolada de estos alquileres vacacionales está teniendo una incidencia negativa directa en nuestros vecinos que se están viendo abocados a dejar sus viviendas o irse a otras ciudades para asentarse y desarrollar sus proyectos de vida, sobre todo los más jóvenes”.
“La realidad es que es prácticamente imposible hacer frente a un alquiler en El Puerto, ya que el precio medio mensual ronda casi los 700 euros, y eso si se tiene la suerte de encontrar una vivienda que se alquile para larga duración, ya que la gran mayoría se dedica a un alquiler por temporadas, lo que supone que esas viviendas estén cerradas durante la gran parte del año”, añaden desde la coalición izquierdista; exponiendo que “el vaciado de nuestro centro histórico y el cierre de sus negocios, por ejemplo, es una consecuencia directa del incremento masivo de estos pisos turísticos”.
Sentencian desde IU que ante esta situación “cada vez más insostenible, estamos viendo cómo los vecinos de ciudades de nuestro entorno se están organizando para defender sus barrios. El ejemplo más claro es Cádiz donde, tras las últimas movilizaciones masivas, han conseguido que el PP (en el Gobierno local) tome medidas como la suspensión inmediata de nuevas licencias a este tipo de alojamientos en su centro histórico, aunque está medida aún se queda corta; esto hace que no entendamos que Germán Beardo, sin embargo, quiera seguir fomentando este negocio voraz que está matando, poco a poco, nuestra ciudad”.
“SE NECESITA UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DEL MERCADO DE ALQUILER”
A su vez, la moción presentada al próximo pleno por Unión Portuense propone al Ayuntamiento realizar un “estudio exhaustivo” del mercado de alquiler para identificar las áreas con mayor presión en los precios y evaluar la posibilidad de tomar medidas concretas como declarar ciertas zonas como tensionadas. “Esta medida permitirá conocer la situación real y aplicar políticas específicas para controlar los incrementos desproporcionados de los precios y proteger a los inquilinos vulnerables”, se señala.
Pero además, el portavoz municipal de Unión Portuense, Javier Botella, subraya la importancia de aplicar otras medidas complementarias, como aumentar la oferta de viviendas, “para que cualquier regulación de alquileres sea efectiva”.
Por ello, desde este partido de la oposición se recuerdan otras de sus medidas como promover la construcción de viviendas de alquiler social y asequible a través de fondos europeos, ofrecer ventajas y garantías a propietarios que participen en una bolsa de vivienda alternativa, penalizar a viviendas vacías de grandes tenedores, desarrollar el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, y reestructurar la empresa Suvipuerto para gestionar el registro de Patrimonio Municipal del Suelo.