La Subdelegación ha impuesto multas de 300 euros a tres miembros del Foro Social Portuense, por una concentración llevada a cabo el 27 de agosto en el entorno de las obras del parking de la plaza de toros. Se les acusa de que la protesta en la que participaban –en la que además del rechazo a estos aparcamientos, se evidenciaba el incumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajos- no estaba comunicada en plazo y forma. Este colectivo habla de “denuncia política” para meterles miedo.
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha impuesto multas a tres miembros del Foro Social Portuense, por una concentración llevada a cabo el pasado 27 de agosto en el entorno de las obras del parking subterráneo de la plaza de toros.
Las tres personas que han recibido la comunicación en la que se les notifica el inicio de un procedimiento sancionador por participar en uno de los retenes ciudadanos planteados como protesta esos días, se les acusa de que estos no fueron previamente comunicados a la Subdelegación en el plazo y forma establecidos por la normativa.
El Foro Social explica que ante el comienzo de la obras relacionadas con el futuro parkings de la zona de la plaza de toros, participó el 25 de agosto en una asamblea ciudadana que se convocó de forma espontánea por las redes sociales, para decidir qué acciones iban a llevar a cabo para seguir mostrando su oposición a este gasto de 18 millones de euros.
Unos de los acuerdos tomados fue convocar una manifestación para el 5 de septiembre y que fue notificada ese mismo día 25 de agosto a la Subdelegación del Gobierno por el Foro Social, “tal y como hace cada vez que convoca un acto de este tipo”. En la misma asamblea, “vista las numerosas irregularidades de seguridad laboral y ciudadana que se pudieron presenciar mientras esta se desarrollaba”, también se decidió mantener un retén de ciudadanos que velaran por el cumplimiento de la normativa en seguridad laboral y que garantizara la seguridad a todas las personas que transitaban por medio de las obras. Los retenes ciudadanos se mantuvieron desde el 26 de agosto hasta el 5 de septiembre, día en que se realizó la manifestación.
La protesta objeto de la sanción, ocurrió cuando un grupo de ciudadanos cortó algún tiempo con una sentada el paso de un camión de obras a la Plaza de Elías Ahuja, “para llamar la atención de la autoridad competente de las numerosas irregularidades que se seguían cometiendo en las obras, tres días después del comienzo de las mismas, en la que no estaba expuesta ni la licencia de obra imprescindible para su inicio”. En la denuncia, cursada a través de la Comisaría de El Puerto, en ningún momento se identificó a ninguna de estas tres personas, Juan Luis, Pedro y Rafael, a las que la Subdelegación se propone sancionar con 301 euros.
Los miembros del Foro Social denuncian en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que el trasfondo de la denuncia es “tratar de taparles la boca” ante las protestas que vienen protagonizando contra los aparcamientos subterráneos de plaza de toros y Pozos Dulces, que quieren imponer PP y PA en solitario, y a cuya construcción se oponen desde hace varios meses ya que “ni son urgentes y menos aún necesarios en la coyuntura económica que está viviendo la ciudad”.
De esta forma, califican el expediente como “una denuncia política”, y advierten de que no desistirán de sus protestas. Este colectivo también recuerda las muchas movilizaciones en las que ha tomado parte a lo largo de estos años, sin que hasta la fecha se haya producido ningún expediente, por lo que concluyen que “han decidido intentar meternos miedo pero de ninguna manera lo van a conseguir, no nos callarán”.
Esta manera de actuar en la Subdelegación desde que está al frente Javier de Torre, colocado por el PP, no es nueva. Ya hace unos meses también se multaba a miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha) en la capital por una cacerolada. De Torre está cuestionado por numerosos sectores y colectivos por su repetida confusión entre lo que es un cargo institucional y la defensa a ultranza de todo lo que haga su partido, y su actitud represora. De hecho, ha sido condenado por la Justicia incluso en varias ocasiones por prohibir manifestaciones y protestas.
IU HABLA DE “MULTAS SELECTIVAS”
IU en el Ayuntamiento portuense ya ha mostrado su apoyo a las personas multadas. Para el portavoz izquierdista, Antonio Fernández, estas “multas selectivas” tienen como objetivo “instaurar el miedo a que los ciudadanos reivindiquen sus derechos y hagan públicas sus quejas ante las injusticias o las actuaciones de los gobiernos”.
“No entendemos cómo se producen estas sanciones porque a pesar de que no estuviese autorizada la concentración, se desarrolló de forma pacífica”, añade Fernández, que argumenta que “cuando se produce un hecho que alarma a la población no se dispone de 10 días de plazo para convocar como establece la norma, ni siquiera 24 horas”, por lo que “nos parece extremadamente riguroso y grave multar a unas personas que de forma pacífica quisieron expresar su malestar por el incumplimiento de las medidas de seguridad como yo mismo denuncié y puse en conocimiento del Gobierno municipal”.
