La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de El Puerto ha exigido a los responsables del Área de Urbanismo que hagan el seguimiento al que se comprometieron con el caso de los apartamentos de Larga 70 “para que la empresa cumpla sus obligaciones”. “El Ayuntamiento debe hacer cumplir la ejecución de las obras y velar por ello”, se insiste.
Asimismo, avanza que en las próximas semanas convocará una nueva concentración a las puertas de la finca “para recordarles que estamos vigilantes y que si no cumplen sus obligaciones seguiremos con el señalamiento público y las movilizaciones”.
Al respecto, la PAH lamenta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz la “irresponsabilidad e incumplimiento constante” que la empresa Murol SA, propietaria de los apartamentos de Larga 70, “sigue cometiendo a día de hoy”.
En este punto recuerda que el pasado 31 de mayo fueron desalojados Andrés y Carmen “un matrimonio mayor que llevaba más de 50 años viviendo en dicha finca con un contrato de alquiler de renta antigua”. El edificio de Larga 70, en el centro portuense, ha pasado en los últimos años de ser viviendas “de toda la vida de vecinos de renta antigua” a convertirse en apartamentos turísticos “con el desalojo paulatino de las familias que vivían allí y la reconversión de las viviendas por parte de la empresa”.
Andrés y Carmen han sido los últimos en resistir; de hecho, el motivo del desalojo era el mal estado estructural de la vivienda, “por lo que el Ayuntamiento le exigía a la empresa la ejecución de unas obras inmediatas por riesgo inminente”.
Así, Murol utilizó todas las herramientas legales para acelerar el desalojo y el propio Auto del Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 obligaba a la empresa a iniciar las obras “de forma inmediata en los 30 días siguientes al desalojo”. La PAH evidencia que este desalojo se produjo el 31 de mayo, “y a día de hoy la empresa no ha movido un dedo por iniciar las obras requeridas”.
En este sentido, el abogado que representa al matrimonio desalojado ha enviado un escrito al juzgado en estas últimas semanas haciendo constar que dicha empresa está incumpliendo la sentencia en la que se le obliga a iniciar las obras en 30 días: “han pasado más de tres meses y la empresa sigue incumpliendo sus obligaciones sin repercusión alguna ante tanto sufrimiento humano causado a la familia”, se sentencia.
