El pasado pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de El Puerto aprobaba, pese al bipartito de derechas, una moción frente al controvertido proyecto urbanístico de Rancho Linares, proponiendo que se garantice la conservación de las especies protegidas y la estricta protección de los hábitats de este importante enclave forestal; y del mismo modo planteando que se estudie la posibilidad de no construir en dicha zona, trasladando la edificabilidad a la zona de La Florida.
Ecologistas en Acción ha mostrado su satisfacción por este respaldo a la moción presentada por Adelante El Puerto, que logró el apoyo de PSOE y Unión Portuense. PP y Cs, socios del equipo de Gobierno votaron en contra, y la ultraderecha de Vox se abstuvo, por lo que el Ejecutivo de Germán Beardo “perdió la votación, quedando claramente en minoría en su empecinamiento de urbanizar este importante bosque”, se subraya desde entidad conservacionista.
Es la primera vez que el pleno municipal se pronuncia sobre este proyecto urbanístico, “pues toda la tramitación del proyecto de urbanización se ha llevado con sigilo por la Junta de Gobierno Local. Y queda claro que sólo lo apoyan PP y Ciudadanos, que están en minoría”, se reitera en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Para el primer edil popular, este desarrollo urbanístico en la Zona Norte con hasta 1.260 nuevas viviendas, el 70% VPOs, “será un revulsivo importante para una zona en pleno crecimiento que tiene muchas posibilidades y potencial todavía, con una ubicación estratégica al localizarse en la salida de El Puerto hacia Jerez”.
Según la versión del bipartito de derechas, la promotora, Grupo Q, afrontará unos sistemas generales presupuestados en 5 millones de euros, con lo que supone para la ciudad “el que se acometan infraestructuras como viales o redes de saneamiento que serán de uso público”. Además, “toda la actuación urbanística que acogerá el enclave se somete escrupulosamente a la legalidad, en virtud de una modificación puntual al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1992 por la que los suelos dejaron de tener uso industrial para contemplar la utilización residencial”.
Sin embargo, para Ecologistas, la moción aprobada destaca las “múltiples irregularidades” de este proyecto y su “falta de justificación”, tal y como ha denunciado en las últimas semanas. Así, “la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) impidió evaluar la necesidad de construir 1.260 viviendas, o analizar alternativas de localización de estas”. Y además, desde el PGOU de 1992 “existe un amplio sector de suelo urbanizable, La Florida, de 82,5 hectáreas, perfectamente integrada en la trama urbana de la ciudad y que es propiedad de la Junta de Andalucía”.
El pleno también ha refrendado que “tras aprobarse en 2011, de forma fraudulenta, la modificación del PGOU en el ámbito de Rancho Linares, y su incorporación al PGOU de 2012, aprobado también sin la preceptiva EAE, el Ayuntamiento ha tramitado y aprobado el proyecto de urbanización, contando, de nuevo con pocas garantías legales”.
A Ecologista en Acción le sorprende la “sumisión” de la franquicia naranja a esta “política suicida del PP”, cuando “han hecho bandera del cumplimiento de la legalidad constitucional”. “Pues bien, la modificación del PGOU para declarar urbanizable de uso residencial el Rancho Linares se hizo infringiendo la normativa estatal y la Directiva de la UE de evaluación ambiental de planes urbanísticos. Y Cs avala esta insumisión a leyes y normas que son de obligado cumplimiento en todo el Estado”, se le recuerda.
SE ADVIERTE AL ALCALDE DE “PRESUNTA PREVARICACIÓN”
De este modo, esta asociación verde considera que al actual Ejecutivo portuense “no le queda otra” que revisar el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado mes de febrero por el que se aprobó “de forma irregular” el proyecto de urbanización del Rancho Linares. “De seguir tramitándolo, ya hemos advertido que podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación”, se reitera.
“Parece que Beardo y su concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, han decidido saltarse a la torera leyes y sentencias judiciales para favorecer los intereses económicos de una empresa privada. La seguridad jurídica que tanto invoca la concejala para justificar la aprobación del proyecto de urbanización y el otorgamiento de licencias de obras, que tienen previsto próximamente, se torna en absoluta inseguridad jurídica por el incumplimiento de leyes y sentencias judiciales que abocan a la nulidad de este proyecto urbanístico”, se subraya.
Por todo ello, Ecologistas ha solicitado formalmente al alcalde que se abstengan de otorgar licencias de obras en este ámbito, y que se proceda a tramitar el expediente de revisión de oficio del mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
