Con la mirada puesta en el concejal Jesús Garay, la oposición en bloque en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (PSOE, Unión Portuense, Izquierda Unida y Vox) ha vuelto a unirse frente a la mayoría absoluta del PP en el Gobierno local para exigir, a través de una moción conjunta presentada al pleno de abril, la modificación del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal (ROGAM), para que quienes sean condenados por resolución firme devuelvan los gastos de su defensa jurídica asumidos por la administración local.
En concreto, se propone la incorporación de una cláusula expresa que establezca que: “los gastos de defensa jurídica asumidos por el Ayuntamiento a favor de un concejal o cargo público, derivados de procedimientos judiciales relacionados con su actuación pública, deberán ser reintegrados en su totalidad a la hacienda municipal en caso de que dicho cargo público resulte condenado por resolución judicial firme”.
Asimismo, y para los casos en los que esta devolución no se produzca de manera voluntaria, se propone además que dicha cláusula recoja que el Ayuntamiento procederá a exigir judicialmente el reintegro de esas cantidades por la vía legal correspondiente.
“LOS PORTUENSE NO PODEMOS PAGAR LAS CONSECUENCIAS DE ACTUACIONES PERSONALES DE CARGOS PÚBLICOS”
Esta iniciativa presentada por toda la oposición se asegura que viene a dar respuesta a la “indignación ciudadana” tras conocerse que el concejal de Presidencia y Policía Local, Jesús Garay (del PP), actualmente imputado en dos causas, ha solicitado por registro oficial la “designación de abogado y procurador externos para la asunción de defensa en procedimiento indicado”.
Una cuestión que para PSOE, IU, Unión Portuense y hasta la ultraderecha “es absolutamente inmoral, ya que estamos hablando de un concejal que cobra la friolera de 63.000 euros, y además con una gestión que deja bastante que desear, pues más allá de las causas en las que se encuentra investigado, la de Puerto III y la del trenecito a Puerto Sherry, poco más se le conoce de su labor municipal”.
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, los cuatro partidos de la oposición coinciden en que “no podemos permitir que los vecinos paguen las consecuencias de actuaciones personales de cargos públicos, como en este caso, ya que, lejos de defender a la ciudad, podría haber actuado en su perjuicio”, añadiendo que “para proteger los recursos municipales y garantizar la responsabilidad personal de los cargos públicos hacemos esta propuesta para que quien cause daño al erario público, directa o indirectamente, responda de ello y no se beneficie de recursos de todos para defenderse de actos que puedan ser delictivos”.
“INMORALIDAD Y FALTA DE ESCRÚPULOS”
En cuanto al caso concreto de Garay, uno de los hombres de máxima confianza del alcalde Germán Beardo, se destaca que, paralelamente a su petición de abogado y procurador externos, a través de la plataforma de Contratación del Sector Público se ha conocido que el Ayuntamiento ha resuelto la contratación por 7.200 euros de un abogado externo “para llevar a cabo la representación y defensa de los intereses municipales, por periodo de tiempo de seis meses ampliable en su caso por otros seis, en los procedimientos judiciales tramitados en todo orden jurisdiccional e instancia en los que a fecha actual es parte este Ayuntamiento, o pudiera serlo durante el indicado periodo de tiempo”.
Coincidiendo “casualmente” que en este expediente se ha contratado al abogado privado que está llevando la defensa jurídica de Jesús Garay, según indicó públicamente el propio bufete abogados, Yrigoyen, siendo dos actos independientes entre sí.
Toda esta situación, “cuya legalidad no cuestionamos”, sí denota “la inmoralidad y la falta de escrúpulos de este Gobierno, cuyo alcalde Germán Beardo cuando imputan a uno de sus concejales lo premia dándole más poder y subiéndole el sueldo, y ahora además pagándole el abogado con el dinero de todos los portuenses”, lamentan PSOE, Unión Portuense, Izquierda Unida y Vox.
