La Oficina de Intermediación sobre Desahucios del Ayuntamiento de El Puerto, recurso municipal y gratuito puesto en marcha hace poco más de un mes, con la colaboración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, comienza a evidenciar su razón de ser. En este tiempo, ha logrado paralizar tres desahucios urgentes en los que la negociación con el banco ha sido imprescindible. Ya ha atendido a una treintena de familias.
La Oficina de Intermediación sobre Desahucios del Ayuntamiento de El Puerto comienza a visualizar, a tan solo un mes de su puesta en funcionamiento, la necesidad de este recurso municipal y gratuito puesto en marcha con la colaboración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En este tiempo, ha logrado paralizar tres desahucios urgentes en los que “la negociación con el banco ha sido imprescindible, y también la labor de la PAH en la toma de conciencia de esta situación de emergencia social”, resalta el concejal de Bienestar Social y Vivienda, José Antonio Oliva.
Esta oficina antidesahucios ha atendido en estos treinta días a treinta familias. Todas ellas con situaciones similares, como la imposibilidad económica para hacer frente al pago de las cuotas de hipoteca o alquiler.
De los tres desahucios paralizados uno de ellos era por ejecución hipotecaria y los otros dos correspondían a cuotas de alquiler. En el primero de ellos la Oficina de Intermediación y la PAH negociaron directamente con el BBVA para paralizarlo de forma urgente. Se consiguió una prórroga inicial para el desalojo, y posteriormente se ha logrado abrir la negociación para proporcionar un alquiler social.
Los otros dos casos estudiados correspondían a desahucios por impago de las cuotas de alquiler. En uno de ellos se llevó a cabo una mediación por parte de las trabajadoras de la Oficina con el propietario para conseguir llegar a un acuerdo entre las partes y evitar el desalojo. En este caso la concejalía de Vivienda gestionó de forma urgente una ayuda económica de emergencia social.
En cuanto al tercer caso, explican desde el Consistorio en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, ha resultado ser el más complejo ya que se trataba de un desahucio de alquiler que venía derivado de una ejecución hipotecaria al propietario de la vivienda. De este modo, la persona inquilina se vio afectada directamente con orden de desalojo. “Aquí se negoció directamente con la entidad financiera BBVA para conseguir paralizar el desalojo y acordar la permanencia de la persona en la vivienda a través de un alquiler social ajustado a sus circunstancias económicas”, explica Oliva.
José Romero de la Torre, presidente de la PAH local, por su lado, ha anunciado que en estos momentos se están negociando varios alquileres sociales para dar una salida estable a estos casos, ya que el objetivo de la Oficina es “conseguir sensibilizar y hacer entender la necesidad de cesión de viviendas vacías por parte de las entidades bancarias garantizando así la función social de la vivienda”.
UNA HERRAMIENTA PACTADA POR EL TRIPARTITO
Fue el pasado 19 de octubre cuando se ponía en marcha esta iniciativa pionera en la ciudad y recogida en el pacto programa de gobierno firmado por PSOE, Levantemos e IU; una medida hecha realidad gracias al acuerdo de colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La Oficina tiene sede en la calle Nevería 9. Y también se puede contactar con esta en el teléfono 722155567, o el email oidelpuerto@gmail.com
Según informaron en su día José Antonio Oliva y José Romero de la Torre “se trata de poner en funcionamiento un recurso gratuito destinado, por un lado, a informar, asesorar, apoyar y acompañar a personas y a familias que están en riesgo de perder su vivienda para poder actuar, por otro lado, frente a las estrategias abusivas de las entidades financieras ante las cuales las familias siguen estando desprotegidas a día de hoy”.
De esta manera se pretende garantizar la función social de la vivienda, facilitando una atención personalizada a las personas que lo demanden, proporcionándoles un apoyo crucial en la defensa de un derecho esencial.
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