La Junta prevé convocar una nueva comisión de seguimiento para la rehabilitación integral de la barriada de José Antonio, en El Puerto, una vez que se constituya el nuevo Ayuntamiento resultante de las elecciones del 24-M, para así, con otro Gobierno local posiblemente liderado por el PSOE, tratar de que se adjudiquen “con agilidad” las viviendas construidas en Santa Clara. Se considera que la empresa municipal Suvipuerto, con una edil del PP de presidenta, dice “medias verdades” y se insiste en que falta documentación necesaria para la adjudicación.
La Junta de Andalucía tiene previsto convocar una nueva comisión de seguimiento para la rehabilitación integral de la barriada de José Antonio, en El Puerto de Santa María, una vez que se constituya el nuevo Ayuntamiento resultante de las elecciones municipales del 24-M (posiblemente con un Gobierno liderado por el PSOE, y no por el PP), para así tratar de que se adjudiquen “con agilidad” las viviendas construidas en Santa Clara.
Así lo ha anunciado el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel González Piñero, ante la “falta de entendimiento” con la empresa municipal de vivienda (Suvipuerto), y sus actuales rectores, para que ésta le remita la documentación requerida que permita seguir con el proceso de adjudicación de los pisos a familias que lo necesitan. El Gobierno regional denuncia estos días que lleva tres meses esperando del Consistorio esta documentación, y el ahora Gobierno en funciones replica que ya la ha enviado…
González Piñero ha tomado esta decisión ante la “cerrazón” de la presidenta de Suvipuerto en funciones, Mariola Tocino, del PP, a la que acusa de decir “medias verdades” y de no colaborar en el procedimiento para la “rápida y normal” adjudicación de los inmuebles. El delegado socialista insiste en que sólo se ha presentado una “pequeña” parte de la documentación requerida a la empresa municipal.
Desde la delegación territorial de Vivienda se señala en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que el Ayuntamiento tiene que presentar los certificados de excepcionalidad de las 16 familias que tiene alojadas en régimen de alquiler en viviendas privadas a consecuencia de actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o de renovación urbana y que van a ocupar una de las viviendas de Santa Clara. Tal y como se ha confirmado desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) sólo se dispone de un listado con el nombre del titular de la unidad familiar adjudicataria de los inmuebles.
Para poder redactar los contratos de arrendamiento y visarlos en esta delegación territorial se hace necesario el referido certificado del Ayuntamiento en el que se especifiquen las excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, según lo establece la ley. Y en aquellos casos de adjudicatarios procedentes del referido registro, se debe remitir el certificado que acredite la procedencia.
“Esto no es un juego; estamos hablando de personas cuyo bienestar depende de la eficacia y agilidad en la gestión de los documentos que se hacen necesario para garantizar los acuerdos alcanzados en comisiones de seguimiento anteriores y posibilitar el realojo de los vecinos y la ocupación de las viviendas”, ha añadido González Piñero.
Y se aprovecha para preguntar al Ayuntamiento portuense por la urbanización del entorno de Santa Clara, una actuación que tiene que acometer la administración local y en cuya financiación va a participar la Junta con una aportación del 30% del coste de los trabajos. Hasta el momento no ha sido licitada pese a contar con todas las garantías de que AVRA dispone de los fondos suficientes para hacer frente al pago, una vez se ejecute y se certifique la obra.
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