La Fiscalía de Cádiz, a raíz de la denuncia presentada meses atrás por la plataforma Apemsa no se vende, ha solicitado al juez la imputación de seis personas relacionadas con la empresa municipal de aguas y la prórroga de dos contratos de prestación de servicios a Aqualia en 2010. Aprecia indicios de un delito de prevaricación, sin descartar otro posible delito de malversación de caudales públicos. Entre los señalados están el actual alcalde, Alfonso Candón, y su antecesor, Enrique Moresco, ambos del PP, y el anterior gerente Juan Campos, que propuso esas prórrogas.
La Fiscalía de Cádiz, a raíz de la denuncia presentada meses atrás por la plataforma ciudadana Apemsa no se vende, ha solicitado al juez la imputación de seis personas relacionadas con la empresa municipal de aguas y la prórroga de dos contratos de prestación de servicios a Aqualia en 2010. Entre los señalados están el actual alcalde, Alfonso Candón –entonces era consejero de Apemsa-, y su antecesor, Enrique Moresco –entonces su presidente-, ambos del PP, y el anterior gerente de dicha empresa, Juan Campos, que propuso esas prórrogas.
El informe del fiscal aprecia indicios de un delito de prevaricación, sin descartar otro posible delito de malversación de caudales públicos, en los actos administrativos realizados por parte de Apemsa para prorrogar dos contratos con Aqualia sin que hubiera concurso público alguno.
Los contratos bajo sospecha son los de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, estaciones de bombeo y estaciones depuradoras, suscrito en 1989; y el de explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), firmado en 1991. Ambos estaban adjudicados a Aqualia, del grupo FCC –curiosamente la única empresa que mostró interés en hacerse hace unos meses con el 49% de las acciones de Apemsa durante 25 años a cambio de 20 millones, polémica privatización que suscitó las protestas ciudadanas y la aparición de la plataforma denunciante-.
La Fiscalía entiende que no es ilegal que las partes pacten prórrogas, pero lo que censura es que estas “se va modificando o alterando el contenido de los contratos”, por lo que observa que se pudiera estar encubriendo en realidad un contrato distinto, de forma que se debería haber iniciado el proceso de tramitación para la contratación de tales servicios u obras, dando la oportunidad a otras empresas conforme a los principios de publicidad y transparencia.
Apemsa no se vende calcula que como resultado de estas renovaciones de contratos, Aqualia se habría embolsado más de 30 millones de euros. Además, también denunció en su momento a esta concesionaria por infracciones de vertidos de aguas residuales superando ampliamente los límites de contaminación legalmente establecidos “con claro incumplimiento del contrato de prestación de servicios”, y hasta “facturar un 20% de más en relación con el agua realmente tratada”.
El fiscal ha pedido la apertura de diligencias para la toma de declaración “en calidad de imputados” a los responsables de la empresa de aguas y los seis miembros del consejo de administración que apoyaron las prórrogas, en las reuniones celebradas en agosto y diciembre de 2010. Y entre ellos figuran Moresco –ahora recolocado como cargo de confianza en la Diputación- y Candón, el actual alcalde y diputado nacional, que por si acaso ya ha recordado su condición de aforado. DIARIO Bahía de Cádiz
