La consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto han acordado la declaración de ruina para uno de los bloques de viviendas que integran la barriada de José Antonio, una vez que el edificio se encuentra desalojado, aunque dos viviendas siguen en manos privadas.
Con esta medida, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que tramita el proceso en coordinación con el Consistorio para la demolición de esta vieja promoción de viviendas, pretende agilizar los plazos para poder acometer cuanto antes el derribo del edificio, una vez agotada la vía previa del acuerdo mutuo y descartada la expropiación forzosa.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández, se ha reunido con el alcalde, David de la Encina, para analizar la situación de esta barriada, pendiente de un Plan Especial de Reforma Interior, y para buscar la manera de agilizar el proceso con una fórmula que permita una rápida intervención para la demolición.
Precisamente hace unos días la concejalía de Urbanismo anunciaba que acaba de ampliar dos años el plazo para las expropiaciones forzosas en la barriada por parte de la Junta, “lo que permitirá un mayor margen de tiempo para afrontar el problema de la zona y para seguir con las negociaciones entabladas con los propietarios que aún quedan”. Y se llevó pocas críticas desde la oposición.
Esta nueva medida de declaración de ruina afectará al bloque ubicado en la plaza de la Esperanza, ya desalojado aunque pendiente de acuerdos con los titulares de dos de las viviendas para la cesión de la propiedad de las mismas a la Junta, lo que despejaría el camino para el inmediato derribo del edificio.
En los tres bloques restantes de la barriada, ubicados en las calles Doctor Pasteur, Doctor Fleming y Cervantes, aún quedan algunas viviendas ocupadas, tanto por familias con títulos como por otras que residen en ellas ilegalmente, al no ser adjudicatarias. Hasta el momento, no ha sido posible llegar al entendimiento con estas familias para la cesión de sus títulos en los casos de adjudicatarios, o para el abandono voluntario de los inmuebles en aquellas situaciones que carecen de título habilitante.
Para estos otros casos, una vez agotada la vía ordinaria para alcanzar el mutuo acuerdo, la administración regional considera que la fórmula más viable sería un proceso de expropiación forzosa, una vez solicitada y aprobada por el Ayuntamiento la prórroga de la declaración de utilidad pública en el ámbito del PERI por un período de dos años.
“JOSÉ ANTONIO NO PUEDE SEGUIR SIENDO UN PROBLEMA PARA LA CIUDAD”
El alcalde, David de la Encina, ya ha agradecido la “voluntad” de la Junta para proceder “con celeridad” a esta declaración de ruina de uno de los bloques de la conflictiva barriada. En los bloques posteriores, el acuerdo alcanzado, repite, es seguir intentando el camino que se ha iniciado de la negociación individualizada de cada de las menos de 10 familias que viven allí, pero dejando claro que “finalmente también pondremos en marcha el procedimiento de declaración de ruina y posterior demolición”.
“Ya son muchos los años que aquella barriada dejó de ser un centro de convivencia y pasó a ser un problema para toda la ciudadanía. Y después de todos los pasos que hemos estado dando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, posibilitando el realojo de la inmensa mayoría de las familias al bloque nuevo de Santa Clara, ya tenemos la rotunda determinación de que José Antonio no puede seguir siendo un problema para la ciudad. Por eso, además de seguir intentando la negociación individualizada con las familias que aún vive allí o tienen algún título de propiedad, aunque no resida en esta barriada, vamos a iniciar el procedimiento de la declaración de ruina de estos bloques para su demolición lo antes posible”, expone el primer edil socialista.
El objetivo de la medida es buscar la recuperación “de un espacio importante para la ciudad y no el mantenimiento de un bloque que no sirve para vivienda y que es una fuente permanente de conflictos para esa zona”.
Por eso, sentencia, la “determinación administrativa”, tanto de la Junta como del Ayuntamiento, ya está tomada. “Por tanto los plazos de intervención serán lo más rápidos posibles, aunque hay que tener en cuenta que son procedimientos reglados, en los que los propietarios tienen derechos, en los que hay que hacer anuncios y publicaciones por lo que no va a ser posible su demolición en una semana o el mes que viene, pero sí existe el compromiso para tener resuelto el expediente de declaración de ruina entorno al mes de agosto o septiembre y, a partir de ahí, proceder a su demolición en su caso”.
UN LARGO PROCESO
La barriada de José Antonio fue construida en 1957. Compuesta por cuatro bloques con un total de 96 viviendas –24 en cada edificio-, desde los años 80 viene sufriendo un grave proceso de deterioro, tanto en lo que afecta al estado de los inmuebles como a la convivencia y la vida cotidiana de sus residentes, como consecuencia en buena medida de la acción del narcotráfico en la zona.
Este panorama motivó, en 2002, un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para intervenir con un plan especial de reforma interior, con actuaciones de dos tipos, tanto de carácter residencial, con la construcción de 125 viviendas por parte de la consejería de Fomento y otras 65 por el Consistorio en terrenos próximos a José Antonio, como urbanística, con la reordenación viaria de la zona.
En las 125 viviendas de la Junta se ha realojado a familias que residían en José Antonio con documentación en regla, así como a otros inquilinos propuestos por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, tal y como se acordó en una comisión constituida por representantes de las administraciones local y autonómica, vecinos y miembros del movimiento social.
El siguiente y último paso para concluir la intervención es la demolición de las 96 viviendas de José Antonio, que no se podrá concluir hasta el desalojo total de la barriada y una vez que la consejería se haya hecho con la titularidad de todas las casas.
