La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto aproaba de forma definitiva el pasado febrero el proyecto de urbanización de Rancho Linares, que “permitirá que comiencen los trabajos de construcción tras muchos años de trámites administrativos”, se afirmaba en su momento desde el Gobierno local de PP y Cs, defensor de este proyecto al que se opone, entre otros, Ecologistas en Acción (que advierte de que no se ha sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica).
Para el alcalde, Germán Beardo, este desarrollo urbanístico en la Zona Norte con hasta 1.260 nuevas viviendas, el 70% VPOs, “será un revulsivo importante para una zona en pleno crecimiento que tiene muchas posibilidades y potencial todavía, con una ubicación estratégica al localizarse en la salida de El Puerto hacia Jerez”. Grupo Q es la promotora.
Estos días, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Bello, y la edil de Urbanismo, Danuxia Enciso, han mantenido un encuentro con una representación de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) para tratar de ‘vender’ las bondades del proyecto previsto en Rancho Linares, “un enclave que será objeto de un desarrollo urbanístico impecable que redundará en beneficio de todos los portuenses”.
A decir de Enciso, si no fuera por este desarrollo urbanístico “la zona seguiría siendo lo que es hoy, una finca privada que su propietario podría vallar”, apuntando que, sin embargo, al desarrollarla “pasará a ceder el 80% de sus terrenos a la ciudad, en los que se incluye la ya famosa pinaleta, además de equipamientos docentes, deportivos, sanitarios, etcétera, estando prevista la construcción de 1.200 viviendas a lo largo de los próximos diez años, siempre que el mercado y el crecimiento de la ciudad así lo aconsejen, ya que la realización del citado número de viviendas es una posibilidad, no una obligación”.
Según la versión del bipartito de derechas, la promotora afrontará unos sistemas generales presupuestados en 5 millones de euros, con lo que supone para la ciudad “el que se acometan infraestructuras como viales o redes de saneamiento que serán de uso público”. Además, la concejal de Urbanismo no duda de que “toda la actuación urbanística que acogerá el enclave se somete escrupulosamente a la legalidad, en virtud de una modificación puntual al PGOU de 1992 por la que los suelos dejaron de tener uso industrial para contemplar la utilización residencial”.
“Resulta sorprendente la actividad que desarrollan algunos colectivos, como el de los ecologistas cuando gobierna el PP, cargando las redes sociales y los periódicos digitales de argumentos llenos de inexactitudes, como si el ecologismo y el medio ambiente fueran un objetivo solo de algunos, cuando la realidad es que es el gran protagonista del urbanismo”, interpreta finalmente esta concejala de derechas a raíz de su reunión con vecinos.
ECOLOGISTAS CUESTIONA EL PROCEDER DE MEDIO AMBIENTE
Por su lado, Ecologistas en Acción insiste en que esta urbanización “no se ha sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”; la misma razón por la que se ha anulado el vigente Plan General, precisamente. Este trámite obliga a justificar la necesidad de la construcción de esas 1.260 viviendas, analizar alternativas a su ubicación y evaluar su impacto sobre los recursos naturales y el patrimonio cultural, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo…) y al modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
“Nada de esto se ha hecho”; y sin embargo, según esta asociación verde, el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento emitió dos informes favorables al proyecto “a pesar de que no se había sometido al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental”.
Así, el 31 de enero de 2019, el Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente, Antonio Caraballo, remite un informe al Jefe de Servicio de Infraestructura y Urbanización en el que se propone una serie de medidas relativas a la ejecución del proyecto, como la “necesaria” eliminación de la vegetación afectada por la urbanización, medidas de prevención de incendios forestales, cerramiento de las zonas destinadas a Sistemas General y Local de Espacios Libres, mobiliario urbano, jardinería, localización de contenedores… En el informe “se llega a aceptar un vial que atravesaría la zona de retamar y denso pinar destinado a parque público”.
Y el 28 de enero de 2020 el mismo Caraballo remite al Servicio de Infraestructura y Urbanización un nuevo informe sobre este proyecto de urbanización de cara a su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local. El mismo se limita otra vez a realizar observaciones sobre su ejecución: plan de autoprotección, red de hidrantes, trabajos selvícolas a realizar, tipo de cerramientos, mobiliario urbano, zonas de juegos infantiles, jardinería o papeleras.
En estos informes, remarcan desde Ecologistas, “no se advierte que la modificación del PGOU que recalificó este suelo a residencial se tramitó de forma ilegal, sin la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”. “Y lo que es más grave, no se advierte que el proyecto de urbanización tiene que someterse a evaluación ambiental, según determina a Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que estipula que todos los proyectos de urbanización que deriven de un planeamiento no sometido evaluación ambiental, como es el caso, o que tenga una superficie superior a 10 hectáreas, como también es el caso (Rancho Linares tiene 24,16 has), tienen que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Lo que no se ha hecho en este caso, con la clara complicidad del Área de Medio Ambiente y de sus responsables”, se expone.
Estos hechos “dejan en evidencia a los concejales de Medio Ambiente que, por acción u omisión, han permitido que se tramiten estos informes fraudulentos y que han dejado en manos de Caraballo la decisión sobre los proyectos de urbanización”. “También deja en evidencia a la concejala de Urbanismo, que invoca seguridad jurídica para aprobar este proyecto de urbanización y defiende que se le otorgue licencia de obras, cuando no hay mayor inseguridad jurídica que tramitar planes urbanísticos sin la preceptiva evaluación ambiental”; ahí están las anulaciones “en cascada” por los tribunales, como los PGOU de El Puerto y Chiclana, o el Plan Parcial de Valdevaqueros.
De este modo, Ecologistas en Acción exige al alcalde que adopte medidas contra los responsables de haber redactado y tramitado estos informes “fraudulentos”, y que se proceda a su anulación y a la revisión del acuerdo por el que se aprobó el proyecto de urbanización del Rancho Linares, “por adolecer de nulidad radical al no haberse sometido al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental”.
El Rancho Linares en un bosque en el que existe una variada gama de ecosistemas de alto valor ecológico, como pinares, retamares, acebuchales y pastizales, y una rica biodiversidad, habiéndose inventariado más de 200 especies de plantas, algunas catalogadas y protegidas. Además, da cobijo a un gran número de especies de aves y a una población de camaleones, especie protegida por la ley. También tiene un importante elemento del patrimonio histórico: el acueducto de la Piedad, obra realizada en el siglo XVIII.
