El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María está en shock desde que el pasado viernes trascendiera que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación frente a la sentencia de principios de octubre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 (aprobado con el PP en la Alcaldía).
Se prevé que este lunes se celebren reuniones técnicas y con los grupos políticos para tratar de reaccionar. Pese a que era un varapalo esperable, se confiaba en que la sentencia tardara más en llegar, e incluso los más optimistas soñaban con que no se suspendiera el Plan General de forma íntegra.
Fue precisamente hace un año cuando el Supremo admitía a trámite el recurso de casación del Consistorio. Un paso que se tomaba como medida para ganar tiempo y poder elaborar entretanto un nuevo PGOU legal, ya que entonces se reconocía que sería toda una sorpresa que el TS no terminara confirmando la anulación del documento “en un plazo de en entre dos a cuatro años”; sin embargo, ha llegado mucho antes. Eso sí, de los trabajos sobre el nuevo documento urbanístico no se sabe nada de nada.
Entre los motivos del TSJA para tumbar el documento urbanístico está la inexistencia de la Evaluación Ambiental Estratégica. Y no es el primer PGOU que cae por dicha circunstancia (han seguido el mismo camino los de Chiclana, Marbella, Jaén…), algo advertido reiteradamente por ecologistas. De hecho, el consistorio chiclanero también tiene admitido a trámite el recurso ante el Supremo, aunque parece que el desenlace será similar, y al menos sí ha comenzado a dar pasos preliminares para la redacción de un nuevo Plan General.
La decisión de El Puerto de recurrir se tomaba en noviembre de 2019, aceptada por todos los partidos (en el gobierno y en la oposición) y en consenso con la Junta de Andalucía. El equipo de Gobierno de PP y Cs insistió en que “había argumentos suficientes para recurrir” los tres motivos que recoge la sentencia del TSJA: falta de integridad en el PGOU, falta de evaluación ambiental estratégica y falta de informe de sostenibilidad económica.
En su momento, con la admisión formal del recurso, el alcalde Germán Beardo manifestaba en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz su “clima de esperanza”; al tiempo que aseguraba que se continuaba trabajando paralelamente en la redacción del nuevo PGOU, “que es un documento donde se define un modelo de ciudad más compacto y, por tanto, más sostenible económicamente, más equilibrado con las actuales expectativas de crecimiento y por lo tanto más real y más respetuoso con el medio ambiente, que se ha convertido en el protagonista indiscutible del planeamiento y de la concepción de las ciudades”.
El PGOU de 2012 ha seguido vigente durante estos meses, pero decaerá una vez que se oficialice la decisión del TS, por lo que la ciudad pasaría a regirse por el PGOU anterior, el de 1992, con lo que el caos urbanístico es inminente. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico y su Entorno (Peprichye) se salvaría de esta anulación al haber seguido una tramitación diferente.
Hace apenas una semana, Ecologistas en Acción salía instando a los ayuntamientos (entre ellos los de El Puerto y Chiclana) a que “dejen de desarrollar un planeamiento general condenado a su anulación y aceleren la redacción y aprobación de unos nuevos PGOUs que respondan al mandato constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna y eviten la especulación urbanística; que rehabiliten los cascos urbanos; que protejan y regeneren recursos naturales como el paisaje, los bosques, la biodiversidad, el suelo y el agua. Lo contrario de la política urbanística que se ha desarrollado hasta ahora”.
