Trabajadores de la concesionaria del servicio privatizado de recogida de basura y limpieza de El Puerto, de la empresa FCC, han desconvocando la huelga indefinida que pretendían iniciar este jueves 8 de julio ante el “continuo incumplimiento del convenio”.
“Gracias al diálogo y buen entendimiento de ambas partes”, avanza el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, se ha decidido aparcar esta medida de presión en la reunión de mediación celebrada este miércoles en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía).
En un breve comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, Alegre agradece la “buena predisposición” de empresa y trabajadores para solventar el conflicto, “en beneficio única y exclusivamente de la ciudad”, “cediendo ambas partes para que no se produjera una situación insalubre en pleno verano, con altas temperaturas y más teniendo en cuenta el riesgo añadido de la pandemia”.
En este sentido, el equipo de Gobierno local de derechas muestra su reconocimiento público el esfuerzo realizado tanto por FCC como por el comité de empresa para finalmente desconvocar la huelga. “Ya para el próximo año volverán a estudiar las distintas reivindicaciones para el nuevo convenio colectivo, priorizando y anteponiendo ahora los intereses de El Puerto”, reitera.
Según lo acordado ahora, el comité podrá seguir proponiendo la contratación de un 50% de los trabajadores eventuales, mientras la empresa (que también se ha comprometido al alquiler de los materiales necesarios) sólo pone como excepción que si hay familiares directos no podrán coincidir en ningún caso en unidades organizativas del trabajo.
Los motivos que llevaron a la asamblea de trabajadores a presionar con la posibilidad de ir a la huelga de basuras son, además de ese “incumplimiento” del convenio colectivo, la “falta de vehículos”, y la petición de dimisión de la dirección de la empresa “por su nefasta organización del trabajo, incluyendo la destitución del anterior jefe de servicio, mecánicos y sus prácticas de enchufismo”. Es más, el comité lleva dos años de protestas en las puertas del Ayuntamiento y de la empresa “sin que ni una parte ni otra solucionen los problemas”.
En estos días, representantes del comité de empresa han mantenido reuniones con diferentes partidos de la oposición y con la Flave, para exponer de primera mano sus reivindicaciones.
La actual contrata volvió a hacerse con este suculento servicio municipal a finales de 2017, por 12,5 millones de euros al año, durante cuatro. Entonces se decía que esta adjudicación “permitirá ahorrar al Ayuntamiento 500.000 euros al año sin perder ningún servicio y garantizando el máximo de prestaciones”. Se destacaban –con el PSOE todavía en la Alcaldía- la mejora y garantía laboral y salarial para la plantilla y la renovación de toda la maquinaria y contenedores.
