El concejal de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Jesús Garay, ha aparecido en la investigación alrededor de la trama que, a cambio de dinero, facilitaba permisos penitenciarios a internos de Puerto III. A principios de mes, la Guardia Civil informaba de la detención de cinco personas imputadas en el marco de la llamada operación ‘Ergástulo’.
Según ha leído el PSOE local en el periódico de tirada nacional El Mundo, Garay “está acusado de inducción necesaria para la comisión de un delito de tráfico de influencias. Presuntamente, intercedió para que los miembros de esta trama consiguieran poner en libertad al sobrino de un empresario que se encuentra preso”.
Ante esta información, los socialistas aprovechaban el reciente pleno municipal para interpelar al alcalde, Germán Beardo, quien además en el pasado mandato tenía al propio Jesús Garay como mano derecha en Alcaldía (y chófer), contratado como cargo de confianza.
En concreto, el portavoz municipal del PSOE, Ángel González, preguntaba sobre qué tiene que decir el alcalde del PP con relación a la investigación de este concejal de su equipo de Gobierno dentro de la macro causa de corrupción de Puerto III; “a lo que se ha respondido con un no rotundo”, lamenta desde el principal partido de la oposición.
Al respecto, los socialistas sentencian en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que esta reacción, ese no, “es una burda manera de Beardo y su equipo de ocultar lo que ya todo el mundo sabe, y es que no paran de salir a la luz casos de dudosa legalidad, de presunta corrupción y delitos, en el entorno más cercano del alcalde”.
“Cuando no es el ex jefe de la Policía Local, es un técnico de Infraestructuras, militantes ambos del PP de El Puerto y ahora es el propio concejal de Seguridad, por lo que por mucho que no quieran dar explicaciones no van a poder ocultar los desmanes de Beardo y su entorno más cercano, siempre relacionados con actuaciones que dejan mucho que desear”, se deja caer.
“Lo mejor para la ciudad es que se informe de qué está pasando y si es necesario se exijan las responsabilidades necesarias, pues estamos hablando de un concejal del PP, que además es un servidor público y no puede utilizar su posición para este tipo de supuestas actuaciones”, añadía Ángel González.
“GARAY HIZO LO QUE HACE CON CUALQUIER CONSULTA CIUDADANA QUE LE LLEGA POR RAZÓN DE SU CARGO”
Y horas después, desde el Ayuntamiento se difundía una nota tratando de ofrecer esas explicaciones que Beardo no dio en el pleno.
Según la versión municipal, Garay aparece como investigado en dicha causa “debido a que un ciudadano, familiar de un interno, le pidió que preguntara por la situación de un sobrino, desconocido éste para el concejal, ya que veía que otros internos con causas similares y menos antigüedad que él obtenían permisos que a él le negaban; ante lo cual el edil, igual que hace con cualquier consulta ciudadana que le llega por razón de su cargo público, comunicó esa preocupación al administrador del penal, quien le dijo que lo miraría».
“Eso fue todo, según la conversación que se realiza a través de un audio de Whatsapp. No hubo ni petición de favores ni mucho menos intercambio de dinero alguno, ni siquiera mención a ello”, sostiene el comunicado.
Es más, se avanza que este edil de derechas solicitará al juez instructor que, ante la falta de indicios, se le exima de la investigación “y así se haga público para limpiar su honor, ya que nada tiene que ver con este asunto y se sobreentiende que se le ha ligado por el simple hecho de ostentar un cargo público”.
