El proceso de regularización de viviendas ilegales en El Puerto contemplado en la ordenanza municipal y amparado por el PGOU y la LOUA “está despertando cada vez más interés”, según perciben desde el Ayuntamiento, entre los propios vecinos afectados, o beneficiados. De este modo, se asegura que “son muchos los vecinos y asociaciones” que están solicitando información y asesoramiento al Consistorio.
El proceso de regularización de viviendas ilegales en El Puerto de Santa María contemplado en la ordenanza municipal y amparado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) “está despertando cada vez más interés”, según perciben desde el Ayuntamiento, entre los propios vecinos afectados, o beneficiados.
De este modo, se asegura que “son muchos los vecinos y asociaciones” que están solicitando información y asesoramiento al Consistorio. Esta misma semana, la concejala de Urbanismo, Leocadia Benavente, se reunía con representantes de la ARG 28, compuesta por las asociaciones de vecinos de Valdeazahares, El Olivar, El Carmen II, Andreíta II y Jacaranda, un área de regularización que engloba a unas 300 familias.
Este encuentro, según se señala en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, sigue a la que anteriormente había mantenido en el local de Coave con los vecinos de El Rendondel, La Estacadilla, La Negra y Pago Serrano.
Durante ambas citas, la edil conservadora ha explicado a los vecinos los detalles de la recién aprobada ordenanza municipal de Regularización de Viviendas y de la posibilidad de prorratear el pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de tal forma que cada cual solo tribute por lo realmente construido.
Benavente ha explicado igualmente a las distintas familias que para el Ayuntamiento este proceso de legalización de lo construido ilegalmente “es una prioridad marcada por el alcalde, ya que supone la inclusión de estas viviendas en el entramado urbano de la ciudad, la solución definitiva de un problema histórico y, como no, la generación de riqueza y empleo”.
El Gobierno local PP-PA valora de forma “muy positiva” el hecho de que haya grupos de vecinos organizándose e interesados en afrontar su proceso de regularización y dice estar mostrando “toda la colaboración posible” con estos y sus representantes para llevar adelante este proceso.
En estas reuniones, la concejala responsable ha entregado a estos vecinos beneficiados una copia de la ordenanza municipal, y ha explicado, entre otras cuestiones, en qué consiste la declaración administrativa de compatibilidad como figura que se va a utilizar para legalizar las casas. Con unos mínimos determinados de parámetros de seguridad de las estructuras de las construcciones, salubridad en sus dependencias y ornato de los exteriores, se podrá obtener la legalización e inscripción en el Registro de la Propiedad una vez se culmine la urbanización.
