El Juzgado de lo Mercantil ha declarado nulo el acuerdo que la Junta General de la empresa municipal El Puerto Global tomó hace dos años, el 2 de septiembre de 2019, por el que se pretendía revocar la decisión de consejo de administración de dicha sociedad readmitiendo a Rafael Serrano como gerente, con los únicos votos a favor de PP y Ciudadanos, los socios de gobierno en minoría. Puesto que ocupó entre febrero de 2008 y febrero de 2016, fecha en la que el anterior equipo de Gobierno liderado por el PSOE optó por no renovar, y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró improcedente.
PSOE, Adelante, Vox y Unión Portuense, la oposición en bloque, se oponía a esta decisión velando por “los intereses económicos de la empresa”, teniendo en cuenta que en la misma ya no existía consignación presupuestaria para la plaza de gerente (unos 90.000 euros anuales), ni para asumir los salarios de tramitación que el alcalde, Germán Beardo, decidió “regalar” a Serrano, según se denunció en su momento. De hecho, un año después los representantes legales de los trabajadores de la sociedad insistían en evidenciar su “angustiosa situación” (viendo como se retrasaban sus nóminas…), que no dudaban en achacar a la vuelta del gerente: “traería problemas de liquidez”, y así fue.
La sentencia, que ahora se airea desde el propio El Puerto Global, proviene de la demanda presentada por dos miembros del consejo además de su presidente, el concejal de Presidencia Javier Bello, que “vieron sus funciones y competencias invadidas por la Junta General”.
Así, según se apunta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este reciente fallo del Mercantil determina que las decisiones de la oposición vulneraban las competencias de los órganos sociales, se infringía la ley y los estatutos de la empresa. Por tanto, “ratifica una vez más la legalidad de la readmisión del gerente en cumplimiento de los estatutos, las resoluciones y normativa de aplicación”.
La sentencia dictamina que “al tratarse de una empresa municipal, en la que sus miembros forman parte de la Corporación municipal y, por tanto, pertenecientes a distintos partidos políticos, en el trasfondo de la cuestión discutida hay intereses políticos” y que la Junta General no puede “revocar, anular y dejar sin efecto” un acuerdo del consejo dictado en el ámbito de sus propias competencias.
“REVÉS” A LA “TÓXICA ESTRATEGIA” DE LA OPOSICIÓN
“El fallo no es ninguna sorpresa, ya que en la misma sesión de la Junta General en la que los grupos de oposición tomaron el acuerdo, ahora anulado, el alcalde advirtió al inicio de la convocatoria de que con todos los informes jurídicos el punto era improcedente e ilegítimo, tal como ahora demuestra la sentencia”, recuerda Bello.
Además, el presidente de dicha empresa municipal tacha de “lamentable” la utilización que ha hecho la oposición de los órganos de El Puerto Global “con la intención de torpedear la acción de gobierno, sin reparar en tácticas como la judicialización de la gestión ordinaria y de la política municipal ni en los costes que para el Ayuntamiento y la empresa tienen”. Y concreta que las costas, abogados y procuradores de la oposición “han sido costeados por la empresa y contratados por la consejera dimitida María Eugenia Lara, al contrario que los demandantes que han afrontado íntegramente los gastos de forma particular”.
Este concejal conservador aprovecha además para cuestionar la “judicialización de la política municipal”, pese a que es una estrategia que sus compañeros de PP y Cs en un ayuntamiento muy cercano, como el de la capital gaditana, han seguido en los últimos años. “Espero, deseo y pido que después de las sentencias y archivos de la Fiscalía de denuncias sin base, la oposición se convenza de que trabajar por los portuenses no es denunciar sin argumentos, animándoles a la crítica constructiva y a la colaboración para que El Puerto salga adelante que es lo que quieren y se merecen los portuenses”, llega a afirmar.
Es un “serio revés judicial” a la “tóxica estrategia” de la oposición que, a decir de Bello “pretendió montar un caso mediático de las decisiones de gestión adoptadas para cumplir con la normativa básica municipal se suma al fulminante auto del Tribunal Supremo de diciembre de 2019 que constataba la legalidad y no lesividad de las decisiones, el cumplimiento de la sentencia del TSJA y después el archivo por la Fiscalía de la denuncia que hizo la oposición. Siguió la resolución del Registro Mercantil que negó la inscripción de los acuerdos de la Junta General, ahora anulados por ir contra los estatutos de la empresa y finalmente esta sentencia del Juzgado de lo Mercantil”.
“Quizás los miembros del extinto tripartito liderados por David de la Encina –opina este representante del bipartito de derechas- deberían pedir disculpas por el daño impuesto a la empresa municipal por tomar decisiones ilegales, sin amparo administrativo y sin informes económicos, y reintegrar los gastos de la fallida fusión de empresas municipales, uno de los grandes fraudes de su fallido programa electoral”.
