El Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz celebra desde esta semana el juicio contra el exalcalde de El Puerto, Hernán Díaz (de Independientes Portuenses, formación local que terminó derivando en la franquicia actual de Ciudadanos), el exconcejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el exjefe de Servicio de Urbanismo, Fernando Jiménez. Están acusados de un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de la licencia de ampliación del New Palace, un prostíbulo en la localidad. En la causa está personada Ecologistas en Acción como acusación particular.
Se trata de una pieza separada de la llamada Operación Tequila, que tuvo su momento álgido con la detención en marzo de 2011 de varios técnicos y responsables políticos del Área de Urbanismo por su implicación en una trama que favorecía el urbanismo ilegal en El Puerto. Esta trama de corrupción del Gobierno local de IP, que cogobernaba entonces con el PSOE, fue denunciada a la Fiscalía por Ecologistas en octubre de 2006. Esta macrodenuncia dio lugar a varias causas judiciales, una de ellas relacionada con obras ilegales de ampliación del prostíbulo, que fuera anteriormente la discoteca OH! Puerto.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ecologistas en Acción remara que es la única entidad personada como acusación particular: “nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo, pero al final los corruptos van a sentarse en el banquillo, de hecho no han dejado de sentarse en los últimos años, y van a ser procesados por las tramas que montaron en los años en que se desató la especulación y la corrupción urbanística en El Puerto y reinaba la impunidad política”.
El entonces alcalde Hernán Díaz concedió la licencia de obras, a sabiendas que no respondían a la legalidad urbanística vigente, para ampliar y adecuar la anterior discoteca para sala de fiestas (“en realidad, un prostíbulo”); su entonces edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, firmó un Decreto autorizando la apertura y puesta en marcha de la supuesta discoteca; y el que era jefe de Servicio de Urbanismo, el arquitecto Fernando Jiménez, informó favorablemente las licencias “a sabiendas de su falta de legalidad”.
“QUE NUNCA MÁS SE REPITA ESE PERIODO NEGRO”
“Es lamentable que la exasperante lentitud de la justicia lleve a que se juzguen a responsables públicos que han podido cometer delitos en el ejercicio de sus funciones, cuando ya han dejado dichas responsabilidades, por lo que las penas de inhabilitación que se les suelen imponer pierden su sentido”, se quejan los ecologistas. Además, tachan de “muy lamentable” la amnesia de los ahora procesados. Así, el exalcalde de IP declaró en el juzgado que “no revisaba nada”, que “no conocía el informe jurídico desfavorable”, o que él no redactaba los decretos… “pero los firmaba”. Y Rodríguez declaró que “no recuerda cómo concedió la licencia de apertura”, que “no comprobaba los decretos que firmaba porque le pasaban unos cien”, o que desconocía que en esos terrenos no se podían otorgar licencias de obra ni de apertura de actividad.
De todas formas, la entidad denunciante valora “muy positivamente” que los que utilizaron al Consistorio portuense “para cometer todo tipo de abusos e ilegalidades en beneficio propio y de sus allegados”, terminen “en el banquillo y sean juzgados”.
Ecologistas en Acción subraya que “habría que recordar, para que nunca más se repita ese periodo negro de nuestro municipio, que muchas personas callaban, y pocas denunciábamos; y que los pocos que plantamos cara a la corrupción recibimos todo tipo de descalificaciones, amenazas y agresiones”. Como advirtió el Tribunal Supremo “la corrupción provoca la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas debe merecer”, y que estos comportamientos políticos “puede producir efectos devastadores en la ciudadanía”.
El hecho de que ningún equipo de Gobierno posterior (con el PP o el PSOE liderando cogobiernos) se haya personado como acusación en los numerosos procedimientos judiciales por corrupción en el Ayuntamiento, sentencian desde Ecologistas, “dice mucho de la connivencia política que ha existido con la corrupción urbanística, y la falta de interés en aclarar las tramas corruptas”.
