El tripartito en el Ayuntamiento de El Puerto se ha reunido con representantes de la Marea Azul del Sur, la red en defensa del agua y su gestión pública, en la que participa la plataforma Apemsa no se vende. Se ha acordado elevar a pleno municipal el llamado Pacto Social por el Agua Pública. Entre los compromisos electorales de PSOE, Levantemos e IU están la defensa del agua como derecho humano y garantizar un mínimo vital a personas sin rentas mínimas.
El tripartito en el Ayuntamiento de El Puerto se ha reunido con representantes de la Marea Azul del Sur, la red en defensa del agua y su gestión pública conformada por distintas entidades vecinales, sociales y ecologistas, además de sindicatos, formaciones políticas y la plataforma ciudadana Apemsa no se vende.
En el encuentro han participado en representación del Gobierno local sus máximos representantes: el alcalde del PSOE, David de La Encina, y sus socios de Levantemos El Puerto, José Antonio Oliva, y de IU, Antonio Fernández, además de la concejala de Participación Ciudadana, Matilde Roselló.
Todos han puesto de manifiesto “el compromiso y la apuesta de este Gobierno por la gestión pública del agua para garantizar a toda la población el suministro de este recurso vital para el ser humano”. El anterior equipo de Gobierno de PP-PA privatizó con el rechazo de toda la oposición y de movimientos sociales y vecinales el servicio municipal de aguas, vendiendo el 49% de acciones de Apemsa a FCC-Aqualia.
En esta reunión, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, el nuevo Gobierno portuense ha acordado elevar a pleno municipal el llamado Pacto Social por el Agua Pública, presentado en la ciudad el pasado mes de noviembre durante la celebración del I Foro Andaluz por el Agua, respaldado por la #iniciativa2015 de diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el país.
El pacto establecido reclama la necesidad de un cambio de modelo de gestión basado en criterios de equidad social, participación pública, democrática y participativa con el objetivo de defender el carácter del agua como un derecho humano y garantizar así el suministro básico a personas y familias sin recursos económicos, tratando de prohibir los cortes por impago de factura justificado y asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día.
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