El diputado nacional del PP por Cádiz y exalcalde de El Puerto declarará en calidad de investigado por el “caso Apemsa”. Caso que parte de la denuncia de Ecologistas contra algunos de los miembros del consejo de administración de la entonces empresa municipal de aguas, por la concesión a Aqualia-FCC de prórroga en la gestión de la EDAR Las Galeras. Durante más de dos años ha eludido acudir al Juzgado amparándose en su aforamiento, pero ahora dice ir voluntariamente para evitar “un alargamiento de un proceso que están sufriendo compañeros míos”.
El diputado del PP por Cádiz en el Congreso y exalcalde de El Puerto de Santa María, Alfonso Candón, declarará finalmente en calidad de investigado-imputado por el “caso Apemsa”, en el Juzgado de Instrucción número 5 de los de la ciudad. Caso que parte de la denuncia de Ecologistas en Acción contra algunos de los miembros del consejo de administración de la entonces empresa municipal de aguas, por la concesión a Aqualia-FCC de prórroga como concesionaria de la gestión de la depuradora Las Galeras.
Candón fue imputado en octubre de 2014, pero su abogado impugnó su citación para declarar alegando su condición de diputado “y por tanto de aforado”. Durante más de dos años ha eludido la acción de la justicia “amparándose en su cargo de diputado”, recuerdan desde la plataforma Apemsa no se vende.
Las diligencias previas, “en las que está personada la plataforma” –de la que forma parte Ecologistas en Acción-, han proseguido, y ahora el exalcalde conservador acepta declarar como investigado, “pero en un escrito en el que a la vez solicita el archivo de la causa”, por lo que según este diputado “la declaración que preste no podrá surtir efectos procesales salvo el determinante del sobreseimiento y archivo”.
Es decir, acepta declarar ante el Juzgado de El Puerto “con el convencimiento de que si la causa se eleva al Tribunal Supremo, como es previsible, tendría mayor repercusión mediática y consecuencias políticas, pero lo hace a la vez que solicita el archivo. Esta es la colaboración con la justicia de este diputado del PP para investigar un grave caso de corrupción. Los imputados ya han solicitado por tres veces el archivo de la causa, a lo que se ha opuesto la Fiscalía y ha sido desestimado por la juez que instruye el caso”, subrayan desde Apemsa no se vende en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Mientras, la versión de quien es también presidente del PP portuense, Alfonso Candón, es que con esta petición ahora de declaración voluntaria su único propósito “es el de agilizar en la medida de lo posible los trámites judiciales”. Y añade que “aquellos que han querido hacerme un daño personal y que me acusaban de esconderme detrás del aforamiento, ahora pueden comprobar que, pese a no estar obligado, me presentaré voluntariamente para declarar”.
Interpreta el exalcalde que “en ningún caso recae sobre mi imputación alguna, primero porque esa figura jurídica ya no existe, y en segundo lugar porque considero que estar sometido al aforamiento puede suponer un alargamiento de un proceso judicial que están sufriendo compañeros míos. Eso me ha llevado a tomar la decisión de prestar declaración voluntaria, ya que en ningún momento he sido requerido judicialmente para ello. Espero declarar pronto para que la justicia vuelva a poner a todos en su sitio promoviendo el archivo y sobreseimiento de la causa. No tengo nada que esconder”.
“Me deja perplejo que escudados en esta plataforma, que no tiene personalidad jurídica y que por supuesto, no está personada en la causa porque no pueden, filtren a la prensa los escritos procesales que se han presentado en mi nombre. Por su puesto, lo pondré en manos de nuestros abogados por que se están revelando datos del procedimiento al que ellos no tienen acceso”, se queja también Candón, que considera que “es palmario que Ecologistas en Acción, más que defender esos intereses generales y públicos, lo único que está buscando es dañar mi imagen”.
SOBRE EL CASO APEMSA
Este caso se inicia noviembre de 2013, cuando Apemsa todavía era una empresa totalmente municipal –el bipartito PP-PA terminó vendiendo el 49% a Aqualia-, a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Ecologista por contratos y prórrogas de concesiones sin concurso público -valoradas en 32 millones de euros-, que aprobó el consejo de administración de la empresa de aguas a favor de Aqualia-FCC, “siendo Candón concejal y consejero de esta empresa”.
En agosto de 2014 la Fiscalía presentó denuncia contra el entonces presidente de Apemsa, Enrique Moresco –entonces alcalde-, el consejero-delegado Daniel Pérez, el director-gerente Juan Campos, y todos los consejeros que votaron a favor de estos contratos y prórrogas, “incluido Alfonso Candón”.
Sin embargo, cuando fue citado a declarar como imputado en noviembre de 2014, Alfonso Candón invocó su condición de aforado para no declarar, “cuando los hechos por los que se le investiga nada tienen que ver con su condición de diputado”. Sí declararon el resto de investigados.
SE PIDE LA DIMISIÓN O CESE DE CANDÓN
Por otro lado, la plataforma Apemsa no se vende asegura que, si se releen los ‘150 compromisos para mejorar España’ que suscribieron el PP y Ciudadanos de cara a la última investidura de Mariano Rajoy como presidente –que contó con la abstención del PSOE-, se encuentra en el bloque de ‘Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción’, un punto, el 93, en el que ambos partidos conservadores se comprometen a “la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial”.
Por ello, este colectivo ciudadano entiende que “a Candón no le queda otra que su inmediata dimisión como diputado, y al PP no le queda otra que exigir su inmediato cese”.
Por último, la plataforma se reafirma en su compromiso de denunciar los casos de corrupción en Apemsa y de seguir luchando por su remunicipalización “por muchas querellas que interpongan dirigentes del PP contra nuestros miembros”. De hecho, hace unos días los populares no dudaban en congratularse por la condena a tres integrantes de este colectivo “por atentar contra el honor” del exconsejero delegado de Apemsa, Daniel Pérez.
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