El Ayuntamiento de El Puerto ha incoado un expediente sancionador contra Salvador González, un vecino y miembro de Ecologistas en Acción, por exigir “unos eficientes servicios públicos” y por desarrollar una campaña de concienciación ciudadana en favor de la recogida selectiva y el reciclaje.
La asociación verde subraya que la administración local, ahora con gobierno de derechas, “adopta esta insólita medida punitiva contra un ciudadano que ha puesto en evidencia las carencias e irregularidades del servicio de recogida de residuos urbanos, cuando ni verifica, ni inspecciona, ni exige el cumplimiento del pliego del contrato suscrito con FCC para la prestación de este servicio”, que por cierto, se acaba de prorrogar otro año.
Así, se le quiere multar con 600 euros por no retirar enseres de la vía pública, “una represalia política por la campaña reivindicativa que ha desarrollado”.
En el decreto de iniciación del procedimiento sancionador firmado por la concejala de Seguridad, Marina Peris, se acusa a este vecino de “desobediencia reiterada a los agentes”, lo que “es manifiestamente falso”, rebaten desde Ecologistas en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y se relata que González instaló, “tras su petición reiterada al Ayuntamiento por la ausencia de contenedores de recogida selectiva”, una original isleta alternativa de reciclaje, “no sólo para favorecer esta práctica entre sus vecinos, sino para llamar la atención por la incapacidad y mala gestión de los responsables municipales”. Además, era él mismo el que con su vehículo particular transportaba lo allí depositado hasta los contenedores municipales o, incluso, hasta el mismo punto limpio de la ciudad, evitando que todo ese material acabara en el vertedero de Las Calandrias.
Tras dos meses de “exitosa” campaña, “un desproporcionado despliegue policial se presentó en su casa, conminándolo, sin mascarillas, a que retirara toda la basura, lo que así hizo tras intentar infructuosamente dialogar y convencer a los agentes que no era ‘basura’, sino una isleta de reciclaje”.
Insisten desde Ecologistas en Acción que pretender aplicar a Salvador González Mateos la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como ley mordaza, impuesta años atrás por el PP), “como si fuera un vulgar delincuente”, es “una acción indigna de unos responsables municipales, pues si por algo se ha caracterizado es por su trayectoria pacifista y de compromiso cívico y activo, tanto en el movimiento ecologista, como socio de esta organización, como dirigente vecinal”.
“EL AYUNTAMIENTO DEBERÍA IR AL ORIGEN DEL PROBLEMA”
Para Ecologistas, resulta “curioso” que sea el propio Consistorio portuense el que quiera sancionar a un ciudadano por promover el reciclaje y exigir unos eficientes servicios públicos, “y no exija a las contratas el cumplimiento de sus obligaciones, por no prestar sus servicios ni con los medios ni con la calidad exigible”.
“Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es, en vez de sancionar a vecinos comprometidos, es solucionar el origen del problema, inspeccionando todas las deficiencias, obligando a las empresas concesionarias a asumir las obligaciones de los contratos, e imponer las correspondientes sanciones por los incumplimientos detectados”, se apostilla.
Así, desde Ecologistas en Acción no dudan en mostrar su total “apoyo y respaldo” a Salvador González, exigiendo además el archivo del expediente sancionador; “en todo caso, debería recibir las felicitaciones del Ayuntamiento por la labor que ha realizado en favor de la recogida selectiva de residuos y el reciclaje”.
