Este miércoles se ha celebrado en el Ayuntamiento de El Puerto una Junta de Portavoces para valorar cómo reaccionar ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde 2012 (aprobado entonces por PP y PA). Ya el lunes se desarrolló un primer encuentro técnico de urgencia para comenzar a asumir este varapalo.
El alcalde, Germán Beardo, además de convocar a todos los partidos con presencia municipal, invitaba a esta nueva reunión a representantes de empresarios, comerciantes y de la Flave, “para que transmitan un mensaje de tranquilidad y seguridad a todos los portuenses”.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, Beardo ha trasladado la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia. En este punto, ha aclarado que “por supuesto” dicha posibilidad de plantear recurso de casación se realizaría paralelamente a los trabajos de revisión del Plan General vigente, que, insiste, “se encuentra en vigor mientras la sentencia no sea firme”. Para realizar el recurso, el Ayuntamiento tiene 30 días desde la recepción de la sentencia del TSJA. A lo largo de esta semana se prevé otra reunión con la Junta de Andalucía y nuevamente la convocatoria de la Junta de Portavoces para confirmar la decisión final.
Desde hace meses el Jefe de Planeamiento y Gestión Urbanística, ante la posibilidad de que esto ocurriera, ya está trabajando en la revisión del PGOU para incluir el informe de sostenibilidad económica, modificar las cuestiones sustanciales y estructurales que han impugnado el documento y para que sea posteriormente sometido a la Evaluación Ambiental Estratégica.
El objetivo es, por tanto, avanzar en la redacción de “un PGOU compatible con el modelo de ciudad compacta, previsible y vertebrada tal y como propugna la legislación urbanística actual”. En este punto, IU reclamaba días atrás no una revisión, si no “un nuevo Plan General adecuado a la realidad demográfica y económica actual, y que otorgue certidumbre, garantías y seguridad jurídica; que permita una ciudad integradora y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico”.
El primer edil conservador, acompañado por todos los portavoces de los partidos en el Ayuntamiento, ha insistido en que la posibilidad de recurrir la sentencia se presenta como “la mejor opción para no frenar el desarrollo urbanístico de El Puerto y mantener la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversores y promotores”; quienes, afirma, “son una prioridad para el Ayuntamiento” y a los que “no se les puede abandonar en una cuestión que no sólo compete a intereses políticos, sino que trata de un proyecto de ciudad”.
Asimismo, ha dejado claro que en esa revisión del PGOU “prevalecerán, para máxima tranquilidad de las ARGs (áreas con viviendas ilegales), los intereses de los vecinos y los desarrollos urbanísticos que están en vigor, ARGs incluidas”. Y “no se verán afectados el Peprichye, ni el desarrollo portuario ni la concesión de licencias”.
“Es un reto de ciudad que asumimos con unidad política para mirar al futuro, trabajando todos a una para que prevalezcan los intereses generales de la ciudad y de los portuenses, por tanto máxima garantía a empresarios, inversores y vecinos”, ha repetido Germán Beardo.
Es más, ha reflexionado que “tenemos que ver esta situación como una oportunidad para construir el futuro de la ciudad, con la implicación de todos”.
