“Ni en el Ayuntamiento ni en Apemsa se ha recibido ninguna notificación, ni del Juzgado ni de la Fiscalía; por tanto, apenas puede haber pronunciamiento”, manifiestan desde el Consistorio portuense, una vez que se ha conocido que la Fiscalía de Cádiz ha solicitado al juez la imputación de seis personas relacionadas con la empresa municipal de aguas y la prórroga de dos contratos de prestación de servicios a Aqualia en 2010, entre ellos el actual alcalde, Alfonso Candón, y su antecesor, Enrique Moresco. Se defiende que esas prórrogas contaron “con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos”.
“A fecha de hoy, ni en el Ayuntamiento ni en Apemsa se ha recibido ninguna notificación, ni del Juzgado ni de la Fiscalía; por tanto, apenas puede haber pronunciamiento, pues se desconocen los términos exactos del escrito”, manifiestan desde el Consistorio portuense, una vez que se ha conocido que la Fiscalía de Cádiz, a raíz de la denuncia presentada meses atrás por la plataforma Apemsa no se vende, ha solicitado al juez la imputación de seis personas relacionadas con la empresa municipal de aguas y la prórroga de dos contratos de prestación de servicios a Aqualia en 2010. Aprecia indicios de un delito de prevaricación, sin descartar otro posible delito de malversación de caudales públicos. Entre los señalados están el actual alcalde, Alfonso Candón, y su antecesor, Enrique Moresco, ambos del PP, y el anterior gerente Juan Campos, que propuso esas prórrogas.
Desde el Ayuntamiento, no obstante, intentan aclarar en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “la prórroga de los contratos de Aqualia, contó en todo momento con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos”.
“Aunque se desconocen los términos exactos del escrito redactado por la Fiscalía y –anotan desde el Consistorio-, teniendo en cuenta que la prevaricación es un delito que consiste en que la autoridad o funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha decisión es injusta”, y que uno de sus principales requisitos es que “la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario, se entiende que no sería aplicable a los miembros de un Consejo de Administración de una sociedad anónima”. De hecho, “si hubiera habido irregularidad alguna sería administrativa y no prevaricación y menos aún malversación de fondos de públicos, que siempre implica el ánimo de lucro”, se interpreta.
Asimismo, al Gobierno local PP-PA le resulta “extraño” una imputación por este concepto a “una parte” de los miembros del Consejo de Administración “y no a la totalidad”, máxime cuando el resto de los consejeros, es decir, María Gómez García, representante de IP (ahora CP), Matilde Roselló del Castillo, de IU y José Manuel Jiménez Lavi, del PSOE, “se abstuvieron y no se opusieron a la decisión tomada, ni plantearon en ningún momento irregularidad alguna en la tramitación”. Los señalados son del PP y del PA, al votar explícitamente a favor de las prórrogas.
Finalmente, desde el Ayuntamiento se expresa el deseo de que “no se realice un juicio paralelo, pues una imputación no es una condena”; y avanza que pondrá el asunto en manos de sus servicios jurídicos.
