Los sindicatos CSIF, ACAIP, UGT y APFP han remitido un escrito a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión de Instituciones Penitenciarias exigiendo una reducción del número de presos de alta peligrosidad en Puerto III, en El Puerto de Santa María, advirtiendo de la “inseguridad” que genera tanto para los funcionarios como para los propios internos la presencia de 51 presos de diferentes categorías en el módulo 15 de aislamiento.
Estos sindicatos recuerdan que de los 70 internos de máxima peligrosidad (técnicamente, en régimen de artículo 91.3), 13 están en esta cárcel gaditana (casi el 20%). Del mismo modo, en Puerto III hay 32 presos en régimen de artículo 91.2, y otros seis en otras categorías consideradas peligrosas (aislamientos provisionales y otras situaciones especiales).
Todo ello, se explica en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “genera multitud de conflictos e incidentes regimentales”, dadas las características de este tipo de internos de manera diaria: intentos de agresiones, incendios en celdas (uno de estos acabó con evacuación vía helicóptero de un interno el pasado año 2017), destrozo del material de las celdas (cristales, ventanas, luminarias, etc.), “lo que conlleva un elevado riesgo de integridad física para los funcionarios y para los propios internos”.
Se sabe que la dotación por parte de esta Subdirección General de Gestión, para este departamento especial, contempla la ubicación de 20 internos en situación de 91.2 y otros 20 en situación de 91.3, “algo que seguiría siendo insostenible debido a los recursos con los que se cuenta”: falta de funcionarios, falta de horarios para patios, salas de día, salidas a peluquería (dentro del departamento), visitas del Equipo Técnico, etc.
Para estos cuatro sindicatos, la cifra de internos de máxima peligrosidad es “demasiado elevada”, creando situaciones “ingobernables” de cara a evitar episodios como la brutal agresión en julio de 2016 de un interno de máxima peligrosidad a seis funcionarios, el cual recientemente ha sido condenado a más de 19 años de prisión y multas subsidiarias de responsabilidad civil que recaerán en la Administración Penitenciaria por tener el material de seguridad obsoleto y no tener protocolos de actuación.
Las organizaciones sindicales firmantes del escrito consideran que el traslado “justo y equitativo” de internos de estas características a otros centros penitenciarios de todo el Estado, “ahondaría en una labor preventiva para evitar nuevos incidentes de gravedad”.
