El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha dejado prescribir los ocho expedientes sancionadores que se le habían abierto a la empresa Aqualia y a la sociedad mixta Apemsa (gestionada por la misma Aqualia, el llamado “socio tecnológico”) por incumplimiento del contrato que supuso en la práctica la privatización (en tiempos del pasado Gobierno local de PP y PA) de la que era empresa municipal de aguas. Según la denuncia de Ecologistas en Acción, el importe total de las sanciones podría ascender a 660.000 euros, que “se le han perdonado a esta concesionaria”.
Los expedientes se incoaron a raíz del informe realizado en febrero de 2017 por el inspector municipal y Jefe de Servicio del Área de Infraestructuras y Urbanización del Ayuntamiento, que detectó un incumplimiento generalizado del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Aqualia en 2014 para incorporar a esta empresa privada al accionariado de Apemsa (el 49% del total) y cederle la gestión de la misma.
“Lo más insólito es que la inspección ni siquiera pudo comprobar el cumplimiento del 58% de los compromisos, por no haber aportado Apemsa la información requerida. Una empresa de mayoría municipal no se deja inspeccionar; el que su dirección esté en manos de un directivo de Aqualia puede explicarlo”, señalan desde Ecologistas en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Siguiendo con estas potenciales multas, en el mes de julio de 2017, el entonces alcalde socialista David de la Encina firmó un total de ocho decretos por los que aprueba la incoación de otros tantos expedientes sancionadores contra la empresa por “presunta infracción administrativa” por incumplimiento del correspondiente pliego. Dos incumplimientos se califican de graves y seis de muy graves, pudiendo ascender las sanciones hasta los 30.000 euros en las graves y hasta los 100.000 euros en las muy graves.
Aqualia presentó alegaciones, y la inspección municipal respondió confirmando los incumplimientos: “y nunca más se supo”, denuncia Ecologistas en Acción. Ahí quedaron los expedientes, “que terminaron por caducar y prescribir, ya que las faltas graves prescriben a los 12 meses y las muy graves a los 24 meses”.
De hecho, el Jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo advirtió, en un informe de diciembre de 2018, de la caducidad de los expedientes, y de la urgencia de incoarlos de nuevo ante la inminente prescripción de los mismos, prescripción que tuvo lugar en febrero de 2019, ante la “indolencia” del anterior equipo de Gobierno, entonces de PSOE e IU.
NO HAY SUPERVISIÓN DESDE 2017
Pero para la asociación conservacionista, todavía es más grave que desde 2017 no se supervisa si se cumplen las cláusulas del contrato, “por lo que Aqualia puede estar incumpliéndolas con la absoluta permisividad municipal, del anterior y del actual equipo de Gobierno”, ahora de PP y Cs.
Y por otro lado, Ecologistas afirma que tampoco se tiene constancia de la incoación de ningún expediente sancionador por incumplimiento del contrato de gestión de la EDAR Las Galeras, “a pesar de haberse constatado reiteradamente que no cumple con los niveles de depuración legalmente exigidos”. “Esta anómala y grave situación no extraña teniendo en cuenta la demostrada e interesada negligencia del Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente en la inspección de la empresa concesionaria”, se asevera.
De este modo, este colectivo denunciante pide al Ayuntamiento portuense que investigue las causas por las que se han dejado caducar y prescribir estos expedientes sancionadores a Aqualia; que se exija la supervisión y cumplimiento de los contratos con la concesionaria, “dotando a la inspección municipal de los medios adecuados”; y que exija responsabilidades a quienes han permitido que se llegue a esta “insólita y lamentable situación”.
