Un total de 70 alegaciones ha registrado Ecologistas en Acción al procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de urbanización del Rancho Linares, en El Puerto de Santa María, al tiempo que ha demandado a la delegación territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la “protección integral de este valioso bosque”.
Esta perseguida urbanización de 1.200 viviendas en uno de los bosques de mayor biodiversidad y valor ecológico de la Bahía de Cádiz ha tenido una importante contestación social, habiéndose realizado diferentes acciones de protesta tanto en el propio bosque como ante el Consistorio.
El proyecto urbanístico, promovido por la empresa Marsur TS-21 (del Grupo Q, el mismo que levanta en la capital un hotel en los restos de la antigua residencia Tiempo Libre), ha sufrido múltiples avatares desde que inició su tramitación hace más de una década, en 2008.
De hecho, el Ayuntamiento procedió a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992, actualmente en vigor tras la anulación meses atrás del PGOU de 2012, para que estos terrenos forestales pasaran a ser urbanizables, con la previsión de construir 1.200 viviendas.
Sin embargo, relata la asociación verde en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el proyecto ha incurrido en “múltiples irregularidades”; la más grave, el no haberse sometido la mencionada modificación del PGOU a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); “es la misma causa por la que se ha anulado el PGOU que se aprobó en 2012”, se recuerda. Ecologistas presentó 26 alegaciones a dicha modificación del Plan General, en las que se advertía de la falta de EAE y del alto valor ecológico de este bosque: “la antigua consejería de Medio Ambiente de la Junta ni contestó”.
En febrero de 2020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento portuense (ya con PP y Cs ‘mandando’) aprobó el proyecto de urbanización del Rancho Linares y anunció el inminente inicio de las obras. Pero de nuevo se obvió el preceptivo trámite de evaluación de impacto ambiental. Ecologistas en Acción recurrió el acuerdo, y la propia Junta de Gobierno Local “se vio obligada a anularlo”.
Ahora, la delegación territorial de Desarrollo Sostenible está tramitando esa evaluación de impacto ambiental del proyecto; pero, afirma la entidad conservacionista, “la empresa promotora y el Ayuntamiento pretenden de nuevo cometer un fraude legal y ambiental”. Y es que sostienen que como la urbanización fue incluida en el PGOU, ya no hay que justificar la construcción de 1.200 viviendas, ni analizar alternativas de ubicación de las mismas, “lo que es una obligación legal”.
REPASO A LAS ALEGACIONES
Ecologistas ha advertido en sus últimas alegaciones que la modificación del Plan General en la que se basa este proyecto urbanístico “es nulo de pleno derecho por no haberse sometido a la preceptiva EAE, según ha determinado el Tribunal Supremo”.
Igualmente, se insiste en que existen opciones de ubicación en el término municipal para la construcción de nuevas viviendas protegidas, “pues existen en las cercanías del casco urbano suelos clasificados como urbanizables que permitirían la construcción a corto plazo de más de 5.000 viviendas, muchas más de las necesarias para satisfacer la demanda de viviendas de primera residencia”. Es el caso de La Florida y Las Marías.
“Incluso colindante al Rancho Linares se encuentra Bahía Alta, en la antigua bodega de San José del Pino, que está totalmente urbanizada, y donde están previstas 999 viviendas desde hace 15 años, de las que no se han construido ni un 10%”. Prueba de la “innecesaridad” de urbanizar el Rancho Linares, se agrega, es que la propia empresa promotora “ha comprado suelo en Bahía Alta para construir las viviendas que tenía previstas en el Rancho Linares, y que no ha podido construir al anularse su proyecto de urbanización”.
Otro argumento de Ecologistas en Acción para desestimar esta urbanización es que el bosque del Rancho Linares “es el de mayor biodiversidad del municipio”, habiéndose catalogado más de 200 especies de plantas, así como especies de fauna de gran interés, destacando los camaleones y la araña de los alcornocales (Macrothele calpeiana), la de mayor tamaño del país y la única protegida por la Unión Europea. Además, existen dos Hábitats de Interés Comunitario, “lo que se ha ocultado en el proyecto”.
Y existe un importante elemento del patrimonio histórico, el acueducto de la Piedad, obra realizada en el siglo XVIII para conducir el agua desde los manantiales de La Piedad hasta El Puerto de Santa María: “en el proyecto se propone desmontar un tramo, incluido un registro, para ponerlo de adorno en una zona verde”.
Por todo ello, se ha solicitado a la administración autonómica que proceda a desestimar definitivamente este proyecto, declarándolo “ambiental y legalmente inviable”; que se adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación de la totalidad de los terrenos forestales del Rancho Linares y de su biodiversidad; y que se inste al Ayuntamiento a integrar la totalidad de los terrenos del Rancho Linares y las vías pecuarias colindantes en la red de Sistemas Generales de Espacios Libres del término municipal.
LA DEFENSA AL PROYECTO DEL GOBIERNO LOCAL
Mientras, el alcalde Germán Beardo abundaba meses atrás en defender este desarrollo urbanístico en la Zona Norte “con hasta 1.260 nuevas viviendas, el 70% VPOs”, vendiéndolo como “un revulsivo importante para una zona en pleno crecimiento que tiene muchas posibilidades y potencial todavía, con una ubicación estratégica al localizarse en la salida de El Puerto hacia Jerez”.
El proyecto inicial prevé su ejecución en cinco fases de dos años cada una, “por tanto, es un desarrollo que se plantea a lo largo de 10 años, en los que previsiblemente la demanda del mercado irá absorbiendo de forma paulatina la edificabilidad prevista”: 1.200 viviendas, “siempre que el mercado y el crecimiento de la ciudad así lo aconsejen, ya que la realización del citado número de viviendas es una posibilidad, no una obligación”. Además, el promotor “pasará a ceder el 80% de sus terrenos a la ciudad, en los que se incluye la ya famosa pinaleta, además de equipamientos docentes, deportivos, sanitarios, etcétera”, ha defendido una y otra vez el primer edil del PP.
Asimismo, el bipartito de derechas ha reiterado que “actualmente, mientras no se desarrolle, se trata de una finca particular de 241.000 metros cuadrados que contiene un pinar de 82.000 metros cuadrados” y que si el propietario quisiera “podría vallarlo para uso y disfrute particular”. No obstante, “como consecuencia del desarrollo ordenado y legal, se cederá a la ciudad el pinar completo, más 117.000 m2 de suelos para equipamientos (docentes, sanitarios, deportivos…) y viales”. Además, “aportará a la ciudad 5 millones de euros en concepto de sistemas generales, que serán un indudable beneficio para todos”.
