Ante la redacción de un Dictamen Ambiental favorable, Ecologistas en Acción ha vuelto a advertir a técnicos y responsables políticos de la Junta que pueden incurrir en prevaricación si autorizan la cuestionada urbanización del Rancho Linares, que persigue construir 1.200 viviendas en uno de los bosques de mayor biodiversidad y valor ecológico de la Bahía.
Ecologistas en Acción ha remitido un informe a la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (antes Desarrollo Sostenible) de la Junta de Andalucía en Cádiz en el que se demuestra la “inviabilidad ambiental, técnica y legal” de la urbanización prevista en el Rancho Linares, en El Puerto de Santa María. Además, se advierte a los técnicos que la informen favorablemente y a los responsables políticos que la autoricen, que podrían incurrir en delitos de falsedad documental y prevaricación.
Este proyecto urbanístico, promovido por la empresa Marsur TS-21 (del Grupo Q), ha sufrido múltiples avatares desde que inició su tramitación en 2008. El Ayuntamiento procedió a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992, de nuevo en vigor tras la anulación del PGOU de 2012, para que estos terrenos forestales pasaran a ser urbanizables, con la previsión de construir 1.200 viviendas.
No obstante, desde Ecologistas en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz repasan que el proyecto ha incurrido en “irregularidades”; la más grave, el no haberse sometido la mencionada modificación del Plan General a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). “Tanto el Ayuntamiento como la Junta incumplieron la legislación de evaluación ambiental de planes urbanísticos con pleno conocimiento de causa, pues sus técnicos y responsables deben conocer dicha normativa, y porque desestimaron nuestras alegaciones que advertían de la ilegalidad de aprobar dicha modificación del PGOU para permitir urbanizar este valioso bosque”, se reitera.
Ahora, la delegación territorial competente de la Junta ha redactado un Dictamen Ambiental favorable a la urbanización del Rancho Linares, documento que ha remitido a Ecologistas en Acción para que lo valore. Frente a ello, “insistimos en que no se puede seguir tramitando este proyecto urbanístico por adolecer de radical nulidad, según ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo en casos similares, entre otros, anulando los PGOUs de Chiclana y El Puerto”.
“no es legal ni lógico este empecinamiento de urbanizar el que es el bosque con mayor biodiversidad de El Puerto, existiendo zonas urbanizables sin desarrollar”
No ha sido la única vez que el Ayuntamiento portuense y la Junta incumplen las normas legales para favorecer a este proyecto urbanístico. En febrero de 2020 la Junta de Gobierno Local (ya con el actual bipartito de derechas) aprobó el proyecto de urbanización y anunció el inminente inicio de las obras. Pero al obviar de nuevo el preceptivo trámite de evaluación de impacto ambiental, Ecologistas recurrió el acuerdo, “y la propia Junta de Gobierno Local se vio obligada a anularlo”.
“La delegación territorial de Sostenibilidad de la Junta y el Ayuntamiento pretenden ahora cometer de nuevo un fraude legal y ambiental, aprobando un proyecto en un terreno recalificado a urbanizable ilegalmente, y sin valorar las alternativas, que también es una obligación legal”, insisten desde la asociación verde.
Por enésima vez, Ecologistas sostiene que “no es legal ni lógico este empecinamiento de urbanizar el que es el bosque con mayor biodiversidad de El Puerto, existiendo zonas urbanizables sin desarrollar desde que se aprobó el PGOU de 1992, como son La Florida, Las Marías, con una capacidad de más de 5.000 viviendas, o Bahía Alta, en la antigua bodega de San José del Pino, que está totalmente urbanizada, y donde están previstas 999 viviendas desde hace 15 años”.
Pero es que además el proyecto del Rancho Linares “prevé desmontar un tramo, incluido un registro, del acueducto de La Piedad, un valioso elemento del patrimonio histórico construido en el siglo XVIII para conducir el agua desde los manantiales de La Piedad hasta El Puerto”.
si se termina aprobando, Ecologistas en Acción lo recurrirá ante los tribunales y exigirá responsabilidades
Por todo ello, este colectivo conservacionista demanda una vez más a la administración autonómica que proceda a desestimar definitivamente este proyecto, “declarándolo ambiental y legalmente inviable”; y que se adopten las medidas necesarias “para garantizar la conservación de la totalidad de los terrenos forestales del Rancho Linares y de su biodiversidad”.
En este sentido, ha pedido a la Junta que anule la Orden de 26 de mayo de 2011 y la Resolución de 9 de enero de 2012, por las que se aprobó la modificación del PGOU en el ámbito del Rancho Linares, “ya que se dictaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
“En el caso de que se apruebe este proyecto urbanístico, lo recurriremos ante los tribunales y exigiremos responsabilidades a quienes, a pesar de su manifiesta ilegalidad, lo informen favorablemente o lo aprueben”, se sentencia.
El alcalde Germán Beardo ha defendido meses atrás este cuestionado desarrollo urbanístico en la Zona Norte “con hasta 1.260 nuevas viviendas, el 70% VPOs”, vendiéndolo como “un revulsivo importante para una zona en pleno crecimiento que tiene muchas posibilidades y potencial todavía, con una ubicación estratégica al localizarse en la salida de El Puerto hacia Jerez”.
“Actualmente, mientras no se desarrolle -ha llegado a argumentar este político del PP-, se trata de una finca particular de 241.000 metros cuadrados que contiene un pinar de 82.000 metros cuadrados” y que si el propietario quisiera “podría vallarlo para uso y disfrute particular”. No obstante, “como consecuencia del desarrollo ordenado y legal, se cederá a la ciudad el pinar completo, más 117.000 m2 de suelos para equipamientos (docentes, sanitarios, deportivos…) y viales”. Además, “aportará a la ciudad 5 millones de euros en concepto de sistemas generales, que serán un indudable beneficio para todos”.
