Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de El Puerto y a la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que se proceda a la demolición de la totalidad de la urbanización ilegal en la Reserva Natural de las Lagunas, ya que no han prescrito las acciones de disciplina urbanística por enclavarse en suelos de especial protección, y no serle, por tanto, de aplicación las sucesivas amnistías urbanísticas de la administración autonómica.
Caso contrario, se amenaza con denunciar de nuevo esta inacción ante el juzgado. Este colectivo lamenta que los diferentes gobiernos municipales han seguido dando largas para no aplicar la disciplina urbanística y no ejecutar la preceptiva demolición de todo lo ilegalmente construido.
Esta exigencia vuelve a estar de actualidad ahora que se conoce que el exalcalde, Hernán Díaz, y los exconcejales de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos, han aceptado las penas de ocho años de inhabilitación que les solicitaban la Fiscalía y Ecologistas por un delito de prevaricación, al negarse a actuar en su momento ante la construcción de esta urbanización irregular.
La denuncia judicial se basó en la falta de actuación de los máximos responsables municipales ante la proliferación de viviendas ilegales (actualmente hay más de una veintena) en la zona de El Barranco, terrenos protegidos por encontrarse dentro de una Reserva Natural, lo que supone la máxima protección legal posible.
Ecologistas en Acción presentó varias denuncias entre 2002 y 2005 en el Ayuntamiento, pero los entonces dirigentes de Independientes Portuenses (IP, que acabó en los últimos años pasando a ser de alguna manera la franquicia local de Ciudadanos) y máximos responsables municipales “no sólo no iniciaron actuaciones de disciplina urbanística contra los propietarios de estas viviendas ilegales, sino que les prometieron que las legalizarían en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que, evidentemente, ha sido imposible”.
Ante esta inacción municipal, el grupo ecologista recuerda en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que presentó en septiembre de 2006, “hace 13 años”, denuncia en los juzgados contra estos tres responsables del Ayuntamiento por entender que su actuación podría ser constitutiva de sendos delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y de prevaricación medioambiental por omisión dolosa o imprudente, “ya que existía una específica obligación legal de actuar ante esta urbanización ilegal y no lo hicieron”.
Esta instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia número 1 ha sufrido múltiples paralizaciones debido a la inacción de algunos de los titulares que han pasado por ese juzgado, “llegándose al extremo de que se extraviara todo el expediente, que terminó por aparecer meses después”.
Además, Ecologistas señala que “muy grave” fue la actuación de estos “políticos” que fomentaron una campaña contra los denunciantes, “que llevaron a amenazas, descalificaciones y agresiones por parte de algunos propietarios de estas viviendas ilegales, actuaciones que nunca fueron condenadas por los máximos representantes municipales”.
“LA LENTITUD DE LA JUSTICIA CREA SENSACIÓN DE IMPUNIDAD”
Ahora, tras una década de instrucción y tres años más esperando juicio en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, los tres procesados deciden admitir el delito de prevaricación continuado y aceptar la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
“La exasperante lentitud de la justicia crea una sensación de impunidad, ya que cuando se juzga a los políticos responsables de corrupción urbanística y medioambiental, ya no ocupan cargos públicos, como es este caso, por lo que las penas de inhabilitación que suelen imponerles los tribunales le traen al pairo”, evidencia la asociación verde.
“Firman su conformidad con las penas por corrupción, confiando que así no pasarán la vergüenza de un juicio público –reflexionan desde Ecologistas-; pero su falta de vergüenza es aún mayor al admitir a estas alturas que cometieron prevaricación”. Además, esta lentitud de la justicia “permite que sigan las actuaciones ilegales, y cuando se actúa, ya están consolidadas las urbanizaciones construidas al margen de la legalidad, por lo que los impactos son ya irreversibles y el coste económico y social de su demolición es mucho mayor”.
