La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María a un notario como presunto autor de un delito de favorecimiento del blanqueo de capitales: incumplió la normativa de prevención del blanqueo al permitir unas operaciones inmobiliarias compradas con dinero en metálico, logrando con ello la inclusión en el circuito legal financiero de un dinero de procedencia ilegal fruto de la venta de drogas llevada a cabo por cinco personas investigadas en el marco de la operación Málaga. Este operativo ha finalizado con el bloqueo y embargo preventivo de tres inmuebles y ocho vehículos, cuyo montante total, hasta el día de la fecha, supera los 200.000 euros.
La investigación se inició en mayo tras dar con los dos principales grupos organizados que controlaban la venta de cocaína en la localidad malagueña de Estepona y El Puerto (se detuvo a 25 personas e intervino cuatro kilos de cocaína y 140.000 euros en efectivo, entre otros efectos). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Comisaría de Algeciras se hizo cargo de la investigación ante los indicios de un delito de blanqueo de capitales orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de obtenidos por la venta de droga por parte de detenidos en la primera fase de la llamada operación Málaga.
Según apuntan desde la Policía en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, estos agentes detectaron una serie de operaciones de compra que resultaban “inusuales y sin ningún propósito económico o lícito aparente” salvo la ocultación de la auténtica titularidad de los bienes inmuebles adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico; en concreto, varias compraventas de viviendas en metálico entre las cinco personas investigadas “y que, por su naturaleza, presentaban señales inequívocas de blanqueo de capitales”.
Entre ellas, dos compraventas detectadas, las cuales fueron realizadas a nombre de dos menores de edad, uno de ellos de tan solo 3 años, y que se llevaron a cabo en metálico y con la autorización expresa de este notario de El Puerto que las certificó.
Las diligencias de investigación practicadas han permitido determinar que las operaciones inmobiliarias presentaban claros indicios de la comisión de un delito de blanqueo de capitales. Por todo ello, las pesquisas se centraron en descubrir el rol del notario que dio fe a las mismas. Especialmente si éste había cumplido con las obligaciones inherentes a su ‘status’ de sujeto obligado por Ley, ya que “podría haber actuado en el ejercicio de su profesión al margen de las cautelas propias de su actividad, inobservado los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso en ciertas formas de actuación, se le imponen normativamente en cuanto a la averiguación de la procedencia de los bienes o, en su caso, abstenerse de operar sobre ellos cuando la misma no estuviere claramente establecida”.
Durante la mañana del miércoles día 20 se procedió a la detención del citado notario y tras finalizar las diligencias policiales fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en El Puerto.
Un paso que se daba una vez obtenidas las pruebas incriminatorias necesarias que determinaban que esta persona había incumplido las obligaciones que le corresponden por su profesión respecto al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales a través del favorecimiento para la comisión de dicho delito al permitir y no comunicar dichas operaciones inmobiliarias a los organismos encargados de supervisar éstas y evitar, de ese modo, la inclusión en el circuito legal financiero, un dinero de procedencia ilegal fruto de la venta de drogas llevada a cabo por los otros cinco imputados en la presente investigación.
EL COLEGIO DE NOTARIOS APELA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Ante la información difundida por la Policía, el Colegio de Notarios de Andalucía ha emitido otro comunicado en el que dice verse obligado a incidir en “la estrecha colaboración de los notarios desde hace más de 15 años en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales”. Esta colaboración, reconocida públicamente por el Sepblac y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y premiada en varias ocasiones por la Guardia Civil y la Policía Nacional, “ha contribuido a evitar y resolver numerosos casos de blanqueo en España”.
Asimismo, este Colegio profesional exige el derecho a la presunción de inocencia de este notario detenido en El Puerto, “quien, según las autoridades policiales, estaría siendo investigado por no haber considerado sospechosas de blanqueo unas operaciones realizadas en su notaría”.
Y además, se requiere a la Policía que “se abstenga de enviar comunicados oficiales que incluyan juicios de valor sobre la actuación de un notario, pues daña su presunción de inocencia, máxime cuando se trata de unas diligencias declaradas secretas”. Ello, se añade, “puede provocar juicios paralelos perjudiciales para la reputación del notario afectado, difícilmente reparables”.
