La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo Español por “la situación totalmente injusta y discriminatoria” que están sufriendo las mujeres que cumplen condena en la prisión de Puerto III, en El Puerto de Santa María.
En esta cárcel gaditana hay en la actualidad unas 1.300 personas reclusas, de las que en torno a unas 100 son mujeres. Aproximadamente 80 de ellas están recluidas en el denominado Módulo 13, un módulo conflictivo que aloja a internas con diferentes situaciones procesales, perfiles delictivos, edad, estado de salud mental o necesidad de tratamiento, lo que “va en contra de lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria”, subrayan desde la Apdha.
La otra veintena de mujeres en Puerto III (según datos facilitados a esta asociación por familiares de personas presas) se aloja en otro módulo de carácter mixto donde los internos e internas “pueden progresar en el tratamiento penitenciario a través del acceso a un trabajo remunerado”. Sin embargo, el resto de mujeres internas en el complejo penitenciario portuense “no tienen esa opción y sufren, por tanto, una situación totalmente injusta y discriminatoria” con respecto al conjunto de hombres dentro de esta prisión.
La Apdha añade en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, y en su denuncia ante el Defensor del Pueblo, que esa existencia de un único módulo de mujeres “obliga a que personas que tienen incompatibilidad entre sí y conflictos previos” se vean obligadas a compartir espacios, lo que puede conllevar “nuevos conflictos y peleas”. En el resto de módulos con población masculina, sin embargo, sí que se produce esa separación entre quienes tienen algún tipo de conflicto y se evita, de esta manera, “la incoación de futuros expedientes sancionadores”. De hecho, se cree que es “un hecho muy grave” el “absoluto incumplimiento” del artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que las personas reclusas se agruparán en función de su situación procesal, su edad o de la existencia de problemas de salud mental.
“NO SE JUSTIFICA QUE POR EL HECHO DE SER MINORÍA, TENGAN MENOS ACCESOS A LOS ESPACIOS, RECURSOS, PROGRAMAS U OFERTAS LABORALES O FORMATIVAS”
Mas esa situación discriminatoria que padecen las mujeres internas en el Módulo 13 de Puerto III, apostilla la entidad denunciante, “es aún más complicada por la ausencia de programas, formación, talleres y actividades”, según le consta a través de las quejas recibidas por parte de familiares. De hecho, estas mujeres presas “no pueden acceder siquiera a programas de tratamiento por drogodependencia o por razones de salud mental”.
Cree la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que la situación de discriminación que soportan la mayoría de internas en Puerto III “es tan grave que es contraria al artículo 14 de la Constitución” (los españoles son iguales ante la ley); “bajo ningún concepto, está justificado que no se atiendan las necesidades de las mujeres presas y que, por el hecho de ser minoría, tengan menos accesos a los espacios, recursos, programas u ofertas laborales o formativas, y, en definitiva, menos acceso al tratamiento penitenciario y, en última instancia, a la reinserción”.
Se sentencia que la situación que padecen estas mujeres presas vulnera no solo la Ley Orgánica General Penitenciaria (concretamente su artículo 16), sino también la normativa internacional aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2010 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2008, sobre la situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios.
En su queja al Defensor del Pueblo Español, la Apdha reclama que emita una Recomendación dirigida a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, “para que tome las medidas necesarias para que las mujeres que cumplen condena en Puerto III tengan acceso en igualdad de condiciones que los hombres”. Y además, le pide que requiera a Instituciones Penitenciarias información referente al número de internas que en esta prisión de la provincia de Cádiz “están realizando talleres y cursos formativos y/o actividades ocupacionales y terapéuticas en el Módulo 13”, así como “cuántas internas tienen acceso a programas para abordar problemáticas de adicciones”.
