El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretaba en octubre de 2019 la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María, aprobado en 2012 (cuando cogobernaban PP y PA), y como suele ser lo habitual, para “ganar tiempo” se acudía al Tribunal Supremo, que el pasado junio desestimaba el recurso y confirmaba la primera sentencia.
De este modo, la ciudad ha pasado a regirse por el PGOU anterior, el de 1992. Todo el planeamiento de desarrollo aprobado desde 2012 está suspendido: planes parciales y planes especiales, incluidos los Planes Especiales de Reforma Interior de varias urbanizaciones ilegales (ARG), cuyo suelo es de nuevo no urbanizable, y en el que no se podrá desarrollar obra alguna de urbanización (asfaltado, instalación de red de agua, electricidad, telefonía…). De la misma forma, como detallaba Ecologistas en Acción meses atrás, los planes especiales del Club Mediterráneo y del Caballo Blanco quedan también anulados.
Y pese a que han pasado más de dos años del primer fallo del TSJA y pocos dudaban de que el Supremo no lo corroboraría, es ahora cuando el Gobierno local de PP y Ciudadanos saca pecho porque cierra 2021 aprobando la licitación de la contratación de un equipo externo para la redacción del avance del nuevo Plan General, una vez redactados los correspondientes pliegos. A decir del alcalde, Germán Beardo, “se cumple el compromiso” de tenerlo listo antes de que terminara el año.
Según se recoge en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, una vez adjudicada (por hasta 157.000 euros) la redacción privatizada de este documento “en el primer trimestre de 2022”, se calcula que ese avance pueda estar finalizado en unos seis meses, “intervalo de tiempo en el que también se prevé que ya se conozcan todos los reglamentos que desarrollarán la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista)”.
El contrato que se licita incluye la redacción del avance de planeamiento, su documento inicial estratégico y su documento para consulta previa a las consejerías de la Junta competentes, y la asistencia en la creación del marco participativo necesario. Por tanto, para el primer edil conservador, “es un auténtico borrador del Plan General que significa el 20% de un PGOU”.
Beardo entiende que por tanto El Puerto “caminará en paralelo” a los plazos que la Junta, ahora con gobierno de derechas, ha marcado para tener listos los reglamentos para el desarrollo de su nueva Ley de Suelo, que aunque acaba de ser aprobada, no podrá aplicarse hasta ese momento (se prevé que para junio). Esta LISTA, insiste el alcalde, “simplificará enormemente la tramitación y por tanto el proceso al que se enfrenta la ciudad para contar cuanto antes con un nuevo Plan General compacto, moderno, ajustado a la realidad existente, que aporte seguridad jurídica y certidumbre a vecinos e inversores, con criterios como la integrabilidad de los desarrollos y la sostenibilidad”.
“Una vez más el equipo de Gobierno demuestra con hechos su compromiso con la ciudad y que estaba preparado para actuar con planificación una vez El Puerto recibió la sentencia definitiva de que anulaba el PGOU vigente”, llega a presumir Beardo, que agradece al equipo de Planificación y Gestión Urbanística “el esfuerzo realizado para cumplir con el cronograma marcado” tras el varapalo de finales de 2019.
