“Este escenario estaba previsto y estaba todo planificado para tomar todas las decisiones que den seguridad jurídica y certidumbre a los portuenses, a los vecinos y a los proyectos que generan riqueza y empleo”. Son las primeras palabras del alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, tras conocerse el pasado viernes que un año después de admitirlo a trámite, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación del Ayuntamiento frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012.
De este modo, la ciudad pasara a regirse ahora por el PGOU anterior, el de 1992. Todo el planeamiento de desarrollo aprobado desde 2012 está suspendido: planes parciales y planes especiales, incluidos los Planes Especiales de Reforma Interior de varias urbanizaciones ilegales (ARG), cuyo suelo es de nuevo no urbanizable, y en el que no se podrá desarrollar obra alguna de urbanización (asfaltado, instalación de red de agua, electricidad, telefonía…). Los planes especiales del Club Mediterráneo y del Caballo Blanco quedan también anulados y no se podrán desarrollar. En otros casos, proyectos ya ejecutados, como la ampliación del colegio el Centro Inglés o las superficies comerciales construidas al lado, quedan en una total precariedad, ya que esos suelos también vuelven a ser no urbanizables, detallan desde Ecologistas en Acción.
Beardo ha comparecido junto a la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, y el edil de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, representando a Ciudadanos, socio de gobierno del PP; tras reunirse con técnicos y el resto de partidos de la oposición para analizar la compleja situación.
Ante la sentencia de octubre de 2019 del TSJA que anula el Plan General en su totalidad, y teniendo en cuenta que poco o nada se sabe del nuevo documento urbanístico que se iba a redactar mientras llegaba el fallo del Supremo para suplantar al tumbado (más pronto que tarde), el primer edil ha asegurado ahora que “se ha trabajado durante los últimos 18 meses para sacar a contratación el Avance del nuevo documento, que ya tiene perfilado desde el Área de Planeamiento de Urbanismo, y cuyos pliegos técnico y administrativo tiene listos a falta del compromiso presupuestario, que se trasladará a aprobación plenaria cuanto antes para sacarlo a licitación”.
Es más, presume de que el bipartito de derechas “impulsó desde su llegada el estudio previo de alternativas y comparativo de los cuatro modelos de ciudad, realizado por el Servicio de Planeamiento en gestión directa”, que es la base para la redacción del Avance y de sus trámites ambientales, del Documento Inicial Estratégico y del Documento de Alcance.
“El escenario en el que nos encontramos a día de hoy era el esperado cuando se presentó el recurso de casación con el apoyo de todos los grupos políticos y aunque sea un varapalo y que haya otras ciudades en la misma situación, El Puerto ha hecho los deberes y está en predisposición de comenzar un nuevo rumbo en el planeamiento de la ciudad, en el que no quede ni ningún desarrollo vecinal atrás ni ningún proyecto empresarial en la estacada”, ha reiterado como si ese nuevo PGOU fuera a estar listo en unos días.
Como no será así, Beardo ha anunciado que se volverá a reunir con la Junta de Andalucía para consensuar la “capacidad de utilización” del PGOU del 92 “que nos permita”. Para de este modo, “en paralelo, mientras se realiza el Avance del Plan General poder dar salida a los desarrollos legales en ciernes, así como a las ARGTs o ARGs, bien sea a través de modificaciones puntuales o bien sea a través de revisiones parciales del Plan del 92”. Igualmente se ha solicitado un dictamen a la Asesoría Jurídica de Urbanismo para analizar pormenorizadamente la afectación completa, tanto a nivel genérico de todas las áreas urbanísticas (Planeamiento, Gestión Urbanística, Edificación y Arquitectura, Disciplina Urbanística e Infraestructura) como a nivel más específico de Licencias, donde la casuística será más amplia.
Y hasta se piensa en crear una Oficina Especializada de Afectación, “para atender a todos aquellos ciudadanos y promotores de forma individual y personalizada, para analizar cada casco concreto”, que será dirigida por Alejandro Sepúlveda que forma parte de la Asesoría Jurídica de Urbanismo.
“ESTE GOBIERNO ESTÁ CAPACITADO PARA AFRONTAR ESTA SITUACIÓN QUE NADIE DESEA”
El alcalde considera que su Ejecutivo de derechas en minoría “está capacitado para afrontar esta situación que nadie desea pero que entraba dentro de las posibles, más teniendo en cuenta las últimas sentencias de otras ciudades que se encontraban con una escena similar”. Asimismo, ha señalado que el recurso de casación “ha permitido depurar el documento del Peprichye, que proviene de la Ley de Patrimonio Histórico, independizando su normativa urbanística del PGOU”. “Si no lo hubiéramos hecho así, nos encontraríamos con este planeamiento también en peligro”, ha presumido.
Por otro lado, ha defendido que no se podía avanzar más con la redacción de un nuevo Plan General completo “ante la encrucijada de incertidumbre que suponía, por un lado, la impugnación y, por otro, la cambiante normativa (nueva Ley del Suelo Andaluza Lista, que sustituirá a la actual LOUA)”; centrándose por tanto en la próxima licitación de contratación de equipo externo para la redacción del Avance, único documento válido para cualquiera de las situaciones.
Ante esta situación, el bipartito espera de la Junta de Andalucía una “rápida tramitación” de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Ley Lista), que “reduciría mucho los plazos a los que el nuevo documento tendría que someterse y la burocracia que un PGOU implica, siendo un balón de oxígeno que ahora más que nunca necesitamos los ayuntamientos que nos encontramos en esta complicada tesitura”.
“Las ciudades necesitamos una mayor seguridad jurídica para que el urbanismo y la ordenación del territorio en general puedan desarrollarse sin estar a expensas de los peligros que supone una impugnación general, preservando así las planificaciones estructurales propuestas”, ha deseado finalmente Germán Beardo.
“Todos tenemos que remar en la misma dirección”, ha terminado apostillando el primer edil popular que previamente se reunía con los portavoces de los distintos grupos municipales, haciendo hincapié en que “el planeamiento y gestión de la ordenación del territorio debe quedar al margen de los intereses partidistas y por encima de cualquier controversia, porque El Puerto necesita certidumbre para los vecinos e inversores”.
“SIGUEN VENDIENDO UN FALSO OPTIMISMO CON IDEAS INCONCRETAS”
La situación en la que queda el urbanismo local no parece tan sencilla para el principal partido de la oposición. Así, el PSOE evidencia que la anulación del PGOU “de entrada es un mazazo para toda la ciudadanía, que paralizará inversiones y tendrá consecuencias muy negativas, no sólo en este mandato, sino que también comprometerá a los próximos gobiernos de El Puerto”.
“Todo apunta a que, a partir de ahora, comenzarán un rosario de dudas, de consultas e, incluso, de reclamaciones tanto de inversores como de ciudadanos propietarios de pequeñas parcelas”, subrayando el caso de las 43 ARGs (áreas de viviendas ilegales), “los diseminados que estaban en expectativa de normalizarse, de integrarse en la ciudad y que ahora entran en un limbo difícil de resolver”, subraya el exalcalde y secretario local socialista, David de la Encina.
Por ello, esta formación dice haber reiterado su ofrecimiento “como partido serio y responsable, a apoyar lo mejor y lo que sea conveniente en orden a sacar a El Puerto de Santa María de este atolladero”.
No obstante, y precisamente debido a la complicada situación, De la Encina ha manifestado su sorpresa por la actitud de PP y Cs: “nos ha sorprendido que en la primera reunión sigue vendiendo un falso optimismo, sigue aportando ideas inconcretas de soluciones que están en el aire cuando, lo que está claro, es que 19 meses después de la primera sentencia no han hecho nada”.
“No es de recibo que ni siquiera hayan iniciado la tramitación para la conformación de un equipo completo de personal técnico que fueran trabajando ya una solución que hoy se viera útil para sacar a El Puerto de este atolladero”, lamentan desde el PSOE.
“ES EL MOMENTO PERFECTO PARA DESARROLLAR UN NUEVO MODELO DE CIUDAD”
“Esta sentencia viene a corroborar lo que ya habíamos puesto encima de la mesa en varias ocasiones desde que el TSJA anunciase la nulidad del PGOU: era y es necesario ponerse a trabajar en un nuevo Plan”, apuntan a su vez desde IU, anotando que “el modelo sobre el que estaba sustentada nuestra ciudad, se ha demostrado inviable, motivo por el cual nunca votamos a favor del mismo.”
Ante esto, y siendo conscientes de la preocupación que esta sentencia puede generar en la ciudadanía, especialmente en aquellas zonas que pueden verse afectadas, este partido entiende que el equipo de Gobierno “tiene la obligación de dar una respuesta clara, seria y realista ante esta situación”.
“Consideramos que es el momento de elaborar un nuevo proyecto que salvaguarde el interés de la ciudad, corrigiendo las cuestiones que han llevado a su anulación, y otras que no compartimos como el excesivo crecimiento de viviendas o los desproporcionados desarrollos de bolsas de suelo urbano; apostamos por permitir y mantener la integración y regularización de las ARGs, controlar la expansión de la ciudad con un desarrollo urbanístico racional y favorecer una densificación urbana respetuosa que permita un municipio integrador y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico”, se reflexiona.
Y como el PSOE, Izquierda Unida también se pone “al servicio de la ciudad para ayudar a redactar y desarrollar el nuevo PGOU, demostrando una vez más nuestra altura de miras, nuestra implicación local, nuestra responsabilidad y nuestra experiencia”. “Es el momento perfecto para desarrollar un nuevo modelo de ciudad”, se incide.
“TRAS DOS AÑOS PERDIDOS, ES HORA DE HACER UN PGOU REALISTA”
Por su lado, el concejal de Unión Portuense, Javier Botella, anotando que esta “era una noticia previsible”, cuestiona que el Gobierno local “durante este año y medio de prórroga, no haya avanzado en la revisión de un nuevo documento”. “Tras dos años perdidos, es hora de hacer un PGOU realista. En estas cuestiones tan complejas, la prudencia es una aliada, pero Beardo no debe confundir la prudencia con la inacción. El optimismo velado que ha venido transmitiendo durante estos meses es peligroso para los intereses generales de la ciudad, y más cuando es una evidencia que el servicio de planeamiento sigue sin reforzarse de recursos humanos o seguimos sin un presupuesto que agilice la contratación de equipos que elaboren un nuevo PGOU”.
Insiste esta formación de la oposición que “lo cierto es que, con la sentencia del TSJA en octubre de 2019, El Puerto se sumió en una situación de incertidumbre urbanística. Hoy, casi año y medio después, la incertidumbre es mayor y sin que nadie del Gobierno asuma ningún tipo de responsabilidad”.
Unión Portuense, más allá de las críticas, vuelve ofrecer todo su apoyo a los vecinos ofreciendo “un servicio de atención y asesoramiento con todo el capital humano que podamos aportar para esta ardua tarea a la que se enfrenta nuestra ciudad”.
“LOS PLANES URBANÍSTICOS NO HAY QUE ELABORARLOS A GOLPE DE TALONARIO DE LOS ESPECULADORES”
Paralelamente, Ecologistas en Acción exige responsabilidades a “los máximos culpables de este desastre”, y un “amplio acuerdo” para consensuar un PGOU “que acabe con la especulación y las ilegalidades, y responda a las necesidades reales y a la necesaria protección del medio ambiente”. “La previsible sentencia del Supremo viene a demostrar el total fracaso de la política urbanística en este municipio de los últimos 30 años”, se remarca.
Esta asociación reflexiona ante este esperable varapalo que “peor imposible, 12 años para aprobar un Plan General, y nueve años para que se anule definitivamente. Es la crónica de una anulación previsible y anunciada. La irresponsabilidad de los sucesivos alcaldes y concejales de Urbanismo ha superado todo lo imaginable”. Recuerda que aquel gobierno del PP y PA, con Moresco de alcalde, “aprobó un PGOU con un evidente sobredimensionamiento de suelos urbanizables y sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica”; el gobierno PSOE-IU posterior “se negó a iniciar la elaboración de un nuevo PGOU cuando ya era evidente que este sería anulado”; y el actual equipo de Gobierno de populares y naranjas “ha intentado engañar a la ciudadanía asegurando que el recurso al TS era factible y que mientras tanto podrían seguir desarrollando el PGOU”.
“Toda la estrategia del PP y Cs, que contó incomprensiblemente con el apoyo de la mayor parte de la oposición, se ha venido abajo”, se añade; pero “también son responsables de este desastre los promotores urbanísticos, que no sólo no demandaron al Ayuntamiento que el PGOU contara con todas las garantías ambientales y se limitaran los crecimientos a los estrictamente necesarios para una ciudad estabilizada demográficamente, sino que apoyaron esta desmesura, pensando que nadie recurriría, y que los tribunales harían la vista gorda. No ha ido así, y ahora serán los principales perjudicados. La avaricia, una vez más, ha roto su saco de dinero”.
En este punto, Ecologistas le pide al Ayuntamiento portuense, a Gobierno y oposición, que se inicien los trámites de un nuevo Plan General “que se atenga estrictamente a la legalidad, que dé prioridad a la rehabilitación y mejora de la ciudad existente, abandonando los delirios de crecimientos desmesurados e injustificados, y que cuente con el más amplio consenso social”. Para ello “debería convocarse un foro con todas las entidades sociales interesadas en participar en el diseño del futuro de la ciudad”. “Esperemos que, al menos, hayan aprendido la lección; que hayan entendido que la prepotencia es mala consejera”, se deja caer, recordando las advertencias que en su momento lanzaron desde este grupo conservacionista, entre otros.
Mientras tanto, se sentencia, toca desarrollar el PGOU de 1992, que vuelve a estar vigente, “dotando al centro y a todas las barriadas de equipamientos, zonas verdes, plazas, carriles bici y calles peatonales”. Para Ecologistas, “el suelo urbanizable pendiente de desarrollar del anterior Plan es más que suficiente para lo que debe ser la principal prioridad del municipio, construir viviendas protegidas en régimen de alquiler social para jóvenes. Sólo en La Florida, suelo propiedad de la Junta, se pueden construir ya 3.360 viviendas, y en Las Marías otras 819. Y no hay problemas legales para desarrollarlos, siguen siendo suelos urbanizables”.
