“Desde el Ayuntamiento de El Puerto siempre se velará por cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes a la hora de la utilización del patrimonio municipal o de cualquier propiedad de alguna de sus empresas públicas”: de este modo contesta el Gobierno local del PP sus últimos movimientos, al promover el desalojo de sus sedes de varias entidades sociales, y la reacción de los perjudicados, la federación vecinal y de partidos de la oposición, que hablan de “un nuevo ataque de Germán Beardo al asociacionismo y a la participación ciudadana”.
De este modo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Consistorio trata de aclarar varias cuestiones sobre los dos locales propiedad de la empresa municipal Suvipuerto que han sido utilizados desde hace años por la Asociación de Vecinos La Música, en el barrio de El Juncal, y por la AVV Las 3 Fases, de la barriada de Fermesa; “ante la cantidad de afirmaciones que están siendo difundidas a través de distintos medios y perfiles de redes sociales, y que no son ciertas”.
En primer lugar, se asevera que ninguna de estas dos asociaciones posee documento alguno que certifique la cesión de uso de estos locales, “ni tan siquiera tienen en su poder el acto administrativo que debe realizarse para la cesión donde se recoja el tiempo que podrían ocupar dichos inmuebles”. “Sólo nos consta que fueron autorizados hace años por anteriores equipos de gobierno, con el objetivo de promover distintas actividades participativas para dinamizar los barrios y conseguir que se creara un movimiento asociativo y vecinal fuerte”, apuntan desde el Ejecutivo de derechas.
Y al entrar a analizar la situación de cada local que se pretende recuperar, del de la AVV La Música se apunta que “dejó de utilizarlo hace años, ya que ni tan siquiera tiene contador de agua o de luz”. La causa es que “el número de asociados es tan reducido que no podían sufragar ni los gastos corrientes, al no cubrirse con las cuotas de los miembros. Ni siquiera han podido conformar una junta directiva debido a la escasez de integrantes”.
Además, desde el Gobierno del PP se censura que ambas asociaciones han venido realizando en estos locales “actividades económicas y no vecinales”. “Nos consta que en los últimos años han ofrecido una gran cantidad de actividades, como clases particulares, cursos de formación, sesiones de gimnasio o baile, cobrando por ello una inscripción y cuota a todos los portuenses que asistían, algo muy alejado del objetivo vecinal que se le presume. Incluso barras de hostelería abiertas al público”, se deja caer.
“QUE SOLICITEN DE MANERA OFICIAL Y EN BASE A LA ORDENANZA UN LOCAL”
“Entendiendo que esta práctica no se puede realizar en un edificio municipal, ya que las cesiones, aunque sean en precario y sin ningún tipo de documento oficial, jamás podrán convertirse en una actividad comercial generadora de riqueza; Suvipuerto se ha visto obligada a requerir el cese de la actividad en ambos locales y que las asociaciones que en su momento fueron beneficiadas por una decisión política que jamás tuvo amparo administrativo, soliciten de manera oficial y rigiéndose por la ordenanza municipal un espacio donde poder realizar actividades para promover la participación entre los vecinos del barrio y el asociacionismo”.
Una vez se reciban las solicitudes, el PP sentencia que el Ayuntamiento valorará si en el entorno de sus barrios existen locales que sean patrimonio municipal para cederle su uso, “cumpliendo con los requisitos que la propia norma recoge, entre los que se contempla el pago de los servicios básicos que dicha asociación necesite para su normal funcionamiento, ya sea suministro de luz y agua, internet o cualquier otro servicio”.
