El Ayuntamiento de El Puerto, en un pleno extraordinario, ha aprobado de forma inicial (con el voto a favor de PP, PA y Ciudadanos, y la abstención de PSOE e IU) la ordenanza de regularización de viviendas. Un paso importantes en la solución definitiva a un problema histórico, el de las casas ilegales, unas 4.000 en el término municipal. Con todo, todavía tiene que pasar por periodo de alegaciones y volver al pleno, para su entrada en vigor. El alcalde habla de “revulsivo económico” y que “creará riqueza”. La concejala de Urbanismo subraya que se busca facilitar al máximo a estos vecinos que cumplan sus obligaciones.
El Ayuntamiento de El Puerto, en un pleno extraordinario celebrado el pasado 25 de julio, ha aprobado de forma inicial la ordenanza municipal de regularización (urbanización y reparcelación) de viviendas. Un paso importantes en la solución definitiva a un problema histórico, el de las casas ilegales, unas 4.000 en el término municipal.
El alcalde, Alfonso Candón, asegura que el resultado del pleno “es un ejemplo del espíritu de trabajo que hemos buscando desde el comienzo de mi etapa como alcalde”, puesto que se ha conseguido la abstención de PSOE e IU así como el apoyo de Ciudadanos Portuenses, lo que origina “que podamos seguir trabajando para dar una solución a los más de 4.000 vecinos afectados por esta vicisitud urbanística pero con más respaldo que el que hemos conseguido en otras cuestiones planteadas en pleno”.
El primer edil del PP entiende que “la regularización de las viviendas que se encuentran fuera de planeamiento no puede ser una cuestión que se utilice de manera partidista, como no lo hemos hecho desde el equipo de Gobierno, puesto que buscamos el consenso y la participación, y así lo ha demostrado la intervención de las federaciones vecinales que trabajan por esa regularización, para llegar a una solución que se empieza a vislumbrar”.
Al respecto, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, Candón agradece el voto de los distintos partidos políticos, porque “se demuestra que estamos cerca de ese objetivo de trabajo común que tan necesario es y que debería servirnos para trabajar en otras cuestiones que afectan a nuestra ciudad y en las que nos deberíamos de centrar todos, pensando siempre en los ciudadanos, que son en los que deben mover todas las actuaciones de los 25 concejales”.
Asimismo, entiende que esta ordenanza de las ARG, implica además “un revulsivo y motor para la economía portuense, porque va a suponer un movimiento económico importante para profesionales de distintos sectores, que se verán implicados directamente en la regularización de estas viviendas. Esta ordenanza creará riqueza y hará que la recuperación que se está produciendo avance un poco más”.
Por todo ello, el alcalde insiste en que “es positivo que la ordenanza haya salido adelante”, aunque tiene que pasar por periodo de alegaciones y volver al pleno, “pero ponemos la primera piedra para que sea una realidad lo antes posible y que se sume al desarrollo que van a crear instrumentos tan positivos como el PGOU o el Plan Especial de Puertos”.
“FACILITAR TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA LEGALIZACIÓN DE SUELO Y EDIFICACIONES”
Por su lado, la concejala de Urbanismo, Leocadia Benavente, ha resaltado que esta ordenanza pretende adaptar la realidad a las normas obligatoriamente aplicables de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) “a fin de posibilitar la mejora de la calidad de vida de sus residentes, con aplicación de las reglas básicas de los deberes urbanísticos”.
Hay que tener en cuenta, como explica Benavente, que la regularización urbanística de los distintos diseminados contemplados en el PGOU como áreas de regularización, se hace en dos aspectos: de un lado, la normalización de los suelos urbanos no consolidados hasta su transformación en solar mediante el cumplimiento de los deberes vinculados a este tipo de suelo; y de otro lado, la regularización de las edificaciones existentes.
La ordenanza fija que el sistema de legalización sea sistemático, de compensación, por la adhesión del 51% de los propietarios del área a regularizar. Asimismo, el documento establece medios para hacer más sencilla la justificación de la solvencia económica y técnica que requiere la Ley. Serán los propios vecinos los que tengan que iniciar y llevar a cabo el proceso (con la colaboración y apoyo técnico del Ayuntamiento), siendo necesario el apoyo de más del 50% de la propiedad del suelo constituidos en junta de compensación.
Además, la ordenanza de ARG establece la posibilidad de sustituir el 10% de la cesión de suelos del aprovechamiento municipal en metálico “ya que se da la realidad de que algunas ARG están colmatadas, lo que les impide hacer las cesiones de suelo pertinentes”.
Otro asunto importante para facilitar al máximo a estos vecinos con casas ilegales la regularización, es que el documento recoge la posibilidad de que los propietarios fraccionen las “obligaciones monetarias” para con el Ayuntamiento, con las garantías y condicionantes que prevea la ordenanza fiscal general.
Y también es consciente de la realidad existente en muchas de estas ARG que cuentan ya con infraestructuras, por lo que se contempla una reducción de la garantía a presentar por la Junta de Compensación del 20 al 7%. En esos casos, el Ayuntamiento también recoge en la ordenanza cuáles deben ser los mínimos básicos de dichas infraestructuras de tal forma que se procuren mantener al máximo.
En lo referente a las edificaciones existentes, se establece un plazo de dos años desde la aprobación del proyecto de reparcelación para solicitar la legalización. En el caso de que se solicite fraccionamiento del pago, la solicitud debe acompañar la de la legalización.
Igualmente, para las edificaciones que ya existen en estas áreas, la ordenanza aprobada inicialmente exige el cumplimiento de condiciones mínimas de salubridad, ornato y habitabilidad a fin de conseguir la “Declaración Administrativa de Compatibilidad”. De hecho, recoge expresamente los elementos que hay que conservar.
Una vez en vigor la ordenanza, la idea es crear una comisión de seguimiento para conseguir la buena marcha del proceso de regularización de las ARG que se reunirá cuantas veces sea necesario y siempre cada tres meses. Comisión que integrarán todos los grupos políticos, la Flave, Ecologistas en Acción, Fevema y Coave.
