La empresa de aguas de El Puerto ha anunciado la próxima modificación de la ordenanza fiscal número 27 en el apartado de la fianza de saneamiento y reintegro para los abonados, que supone poder atender, desde la empresa privatizada al 49%, el pago de cualquier descubierto por parte de los mismos. Esta modificación que podría entrar en vigor en otoño supone una “disminución considerable” en la cantidad establecida en la fianza de saneamiento y reintegro que se les impone a los clientes.
La empresa de aguas de El Puerto ha anunciado la próxima modificación de la ordenanza fiscal número 27 en el apartado de la fianza de saneamiento y reintegro para los abonados, que supone poder atender, desde la empresa privatizada al 49%, el pago de cualquier descubierto por parte de los mismos.
Esta modificación en la ordenanza, que entrará en vigor con la aprobación de la revisión del resto de ordenanzas fiscales, entre finales de septiembre y principios de octubre, supone una “disminución considerable” en la cantidad establecida en la fianza de saneamiento y reintegro que se les impone a los clientes.
El gabinete de asesores jurídicos del “socio tecnológico de Apemsa” –la empresa que se ha quedado con el 49% de las acciones, FCC- ha visto que existen ordenanzas relacionadas con la empresa “en la que se puede dar un cambio”, como ocurre con la número 27, dedicada a los contratos de arrendamiento de alquiler, particulares, suministro industrial y viviendas sociales. Éstas últimas ya tienen una reducción en el pago del 40%.
“Había contratos jurídicamente no completados y desproporcionadamente altos en cuestión de fianza” y a pesar de que se permite el fraccionamiento, “no todos los abonados cumplen por igual”, asegura el gerente de Apemsa, Manuel Ferraz. Y es que “el importe que se recogía por este concepto era superior a una o dos facturas” que son las que se requieren para poder asumir los descubiertos por parte de la empresa.
Este hecho no supondrá modificación alguna en el presupuesto de Apemsa, toda vez que las fianzas no tienen repercusión en la cuenta de explotación, y “no es más que el resultado de una de las preocupaciones que tiene este equipo de Gobierno al que podemos dar salida y respuesta”, ha argumentado por su lado el concejal de Mantenimiento Urbano y presidente de la Junta General de Apemsa, Damián Bornes. En cuanto a cifras, Manuel Ferraz informa que no se llega a unos 200 contratos, que suponían unos 49.000 euros en concepto de fianza de saneamiento, y que “con la nueva interpretación de la ordenanza se reduce en unos 23.000 euros”.
Con anterioridad a este próximo cambio, la ordenanza establecía una fianza en función del caudal, mientras que ahora pasa a valorarse por el calibre instalado en el suministro de agua al formalizar el contrato de saneamiento. Pero entendiendo que hay muchas personas que “están atravesando una situación complicada”, se vio la necesidad de cambiar la fórmula.
Así, antes los importes resultantes del cálculo de la fianza suponían, en 13 milímetros de calibre 374,27 euros de importe para domésticos e industriales, siendo ahora de 196,35 euros; y en 15 milímetros pasa de 579,15 euros a 261,40. Con respecto a la vivienda social, en 13 milímetros la fianza estaba fijada en 149,71 euros y ahora pasa a 78,54 euros; mientras que en 15 milímetros pasa de 231,66 a 104,56 euros.
Resulta por tanto, como indica el conservador Bornes en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “una reducción mucho más acorde con los objetivos que se pretenden al establecer las referidas fianzas”, para hacer realidad “las líneas marcadas por el alcalde”.
Por otro lado, una vez la modificación de la ordenanza esté aprobada, se propone proceder al ajuste de los cargos emitidos a los contratos realizados a arrendatarios entre el 1 de enero de 2013 (en que entraron en vigor las modificaciones anteriores realizadas a las ordenanzas fiscales) y la actualidad, mediante la devolución a los abonados de los importes cobrados, por exceso, por el concepto de fianza de saneamiento, según la nueva fórmula de cálculo, normalizando así la situación. La cantidad total a devolver asciende a 22.000 euros, variando los importes en cada abonado, pero alcanzando en algún caso la cantidad de 318 euros.
