El Ayuntamiento de Chiclana y Cajasur han firmado un convenio de colaboración por el que se pretende facilitar la financiación de las inversiones que realicen los vecinos con casas ilegales en el extrarradio (en suelo urbano no consolidado) que se acojan al proceso de regularización de viviendas ya en marcha (una vez en vigor la correspondiente ordenanza), “con el fin de que puedan obtener financiación en condiciones ventajosas para hacer frente a lasa actuaciones necesarias”.
Además, el Consistorio actuará como prescriptor de los propietarios interesados en obtener este préstamos “en condiciones preferentes” de Cajasur, que estudiará cada operación de forma individual y siguiendo los criterios de política de admisión y de concesión de riesgo de la entidad: es decir, en caso de que los solicitantes no reúnan los criterios establecidos, el banco puede denegarle la financiación.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, las ayudas consistirán en una financiación “en condiciones preferentes”, instrumentada en préstamo personal con importe máximo a subvencionar de 9.000 euros, sin perjuicio de que el beneficiario pueda solicitar mayor cantidad, y un plazo máximo de cada operación de ocho años.
Para el alcalde, José María Román, este convenio es un documento “importante de cara a seguir avanzando en el proceso de regularización, sobre todo, porque hay más de 600 parcelas que pueden acceder a los servicios de alumbrado público, agua y alcantarillado de forma inmediata”.
“Hace más de un año iniciamos conversaciones con Cajasur para tener su colaboración de cara a ver de qué manera la ciudadanía podía obtener préstamos en condiciones ventajosas para dicho proceso”, reconoce el primer edil socialista, añadiendo que “nos aconsejaron crear préstamos personales a un plazo de hasta ocho años, teniendo en cuenta que los gastos son mínimos si lo comparamos con un préstamo hipotecario”. La idea es que pudiera haber una “cuota digerible”, oscilando entre los 59 y 118 euros, “dando facilidades a los vecinos que se acojan al proceso de regularización de viviendas”.
El primer edil socialista ha agradecido la predisposición de este banco en este proceso, “puesto que el último objetivo del Gobierno municipal es que los vecinos puedan encontrarse facilidades a la hora de acometer este proceso y, por supuesto, puedan disfrutar de los servicios de alumbrado público, agua potable y saneamiento en su vivienda sin tener que vaciar la fosa séptica o comprar agua potable en los supermercados”.
“Por tanto, a los gastos que supone el proceso de regularización habría que restarle el ahorro de no tener la necesidad de vaciar la fosa séptica o comprar agua potable para beber”, ha incidido Román, quien ha añadido que “las parcelas, una vez regularizadas, podrán revalorizarse y se podrán vender e, incluso, hipotecar”.
“NO SIGNIFICA QUE TODO EL QUE SOLICITE EL PRÉSTAMO LO TENDRÁ DE FORMA AUTOMÁTICA”
Por su parte, el responsable de Banca de Instituciones de Cajasur en Andalucía Occidental, Aurelio Oñate, que en esta firma del convenio ha estado acompañado por el jefe de la zona de Cádiz de la entidad, Manuel Jesús Feria, ha resaltado que “la única forma de que nosotros podamos ayudar en este proceso es, principalmente, desde el punto de vista financiero. No se trata de dar un préstamo a diestro y siniestro, sino con unas condiciones expresamente elaboradas para la regularización”.
Finalmente, Feria ha mostrado su satisfacción “por poder terminar este protocolo, que no es más que el inicio de un importante proyecto cuyo principal objetivo es ayudar a los propietarios de viviendas por regularizar”. “La principal preocupación del alcalde era que estos vecinos tuvieran una cuota asumible y creemos que así puede ser”, ha expresado el jefe de la zona de Cádiz de Cajasur. Eso sí, ha aclarado que “no significa que todo el que solicite el préstamo lo tendrá de forma automática, sino que tendremos que estudiar cada uno de los casos, incluso la posibilidad de otorgar un mayor importe si así lo necesita y cumple los requisitos”.
Al respecto, el PP local, que ha anunciado una charla informativa sobre la regularización, desde su punto de vista (a celebrarse este jueves día 4 a partir de las 20 horaas en la Venta López, situada en la Cañada de Carabineros), cuestiona sobre este convenio que “hay que tener la cara como el mármol para hablar de préstamos de 5.000 euros, cuando el importe medio son 40.000 euros”.
La derecha considera que estos créditos “no cubren ni la mitad del coste de la regularización en la mayoría de los casos”. Y calcula que el precio medio en Rana Verde, Pago del Humo o Marquesado se acerca a los 30.000 euros, pero en Llano de las Maravillas u Hozanejos “alcanza los 70.000 euros”. Además, el principal partido de la oposición opina que son unos préstamos que “no tienen nada de especial, se ofertan en condiciones normales de mercado”.
OPCIONES DE PRÉSTAMOS
En cuanto a las distintas opciones de préstamos que se incluyen en el anexo de este convenio, existe una primera opción con garantía personal con aportación propia, que cuenta con un importe máximo de 4.500 euros y un plazo máximo de ocho años. En este caso, el tipo de interés es fijo al 5,95%; con un 0,50% de comisión de apertura; mientras que el resto de comisiones están exentas; y una cuota resultante de 59,03 euros durante toda la vida del préstamo.
Una segunda opción de préstamo con garantía personal (sin aportación propia), cuenta con un importe máximo de 9.000 euros y un plazo máximo de ocho años, siendo el tipo de interés fijo también al 5,95%, la comisión de apertura del 0,50% y el resto de comisiones exentas. En este caso, la cuota resultante es de 118,05 euros.
Finalmente, existe una tercera opción, que se trata de un préstamo con garantía hipotecaria (no de la vivienda ilegal a regularizar), con un importe máximo de 15.000 euros y un plazo máximo de 20 años. En este caso, el tipo de interés sería variable, estableciéndose Euribor 12 meses más un 2,50%; mientras que la comisión de apertura sigue siendo del 0,50% y el resto de comisiones exentas. Con todo ello, la cuota resultante sería de 79,49 euros durante el primer año, mientras que el resto sería según evolución del Euribor.