El pleno de febrero del Ayuntamiento de Chiclana aborda entre sus mociones una del PSOE (que es más que probable que salga adelante ya que junto a IU suma mayoría absoluta) que insta a la Junta de Andalucía a “reconocer el trato injusto” hacia la provincia de Cádiz, teniendo en cuenta que frente a la sequía y la falta de lluvias el Gobierno autonómico del PP ya contempla la instalación de desaladoras portátiles en Málaga (en la Costa del sol y la Axarquía) “y, sin embargo, no aparece ninguna para Cádiz, que también incrementa la población durante la temporada estival y que también genera una fuerte economía”, según subrayaba días atrás el alcalde José María Román.
Además de esa desaladora portátil, el primer edil socialista también ha reclamado a la Junta la puesta en carga de los pozos municipales existentes, así como nuevos sondeos y un justo caudal al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
“Mientras que el Ayuntamiento de Chiclana hace la tarea, con nuevas inversiones, uso de agua regenerada para el riego y baldeo o la regulación de la presión, el PP en la Junta no cumple con Chiclana”, sostienen desde el PSOE local, que entiende que “no tener hoy respuestas por parte de la Junta, con alternativas de agua a través de desaladoras, como sí hace en Málaga, es una información muy negativa para las operadoras turísticas y para los visitantes que están ahora planificando sus viajes de verano, que van a causar efectos que pueden ser desastrosos para la economía y el empleo en nuestra ciudad”.
Frente a ello, el PP chiclanero ha salido en defensa de ‘su’ Junta, dejando caer que esas desaladoras “son competencia del Gobierno central”; “mientras se financian infraestructuras hídricas en Marruecos, el campo español se muere de sed, y para colmo el alcalde y su amigo Pedro Sánchez, engañan a la ciudadanía responsabilizando a la Junta, de lo que es, volvemos a repetir, competencia exclusiva del Estado”, ha opinado la concejala de derechas Desiré Olivero.
“NINGUNA DESALADORA SE VA A CONVERTIR EN SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE ESTAS DIMENSIONES”
Y en este rifirrafe PSOE-PP, desde IU han querido poner “un punto de sensatez sobre este ridículo tira y afloja sobre quién tiene que pagar una desaladora para nuestra ciudad”. “La sequía no puede convertirse en arma arrojadiza ni en argumento para la pelea entre partidos o administraciones, hay que tomar esta situación con mayor seriedad y, sobre todo, siendo realistas, pues ninguna desaladora se va a convertir en solución a un problema de estas dimensiones”, ha apuntado el edil izquierdista Roberto Palmero, actual concejal de Medio Ambiente.
“Una desaladora no es la solución a la situación de sequía, una realidad que, por desgracia, se va a ir agravando en los próximos años. Obviamente -insiste Palmero-, su instalación puede convertirse en un complemento más a las gestiones y actuaciones que venimos realizando desde el Ayuntamiento en el ámbito del ahorro de agua, de las mejoras en las redes de saneamiento o de la habilitación de pozos. Pero Juanma Moreno quiere hacernos ver que con la instalación de desaladoras portátiles se va resolver el problema de la sequía. No es así. Una desaladora es una infraestructura gigantesca que requiere de un gran consumo de energía y de una serie de inversiones por parte de nuestro municipio y, por supuesto, de la administración competente, que es la Junta. Además, no es algo cuyo resultado vayamos a poder ver el mes que viene”.
Para Izquierda Unida, la situación “no va a cambiar y se va a ver agravada mientras la Junta no dé prioridad al agua de consumo, que es un derecho humano, y a la modernización de los sistemas de riego, desarrollando una gestión responsable en las inversiones destinadas a las redes de saneamiento. Solo así podremos mirar hacia un futuro más sostenible y más ecológico”.
TONIZA TIENE CLARO QUE LAS DESALADORAS ACARREAN PROBLEMAS “ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES”
Más allá de la política, de cara al pleno de este mes, la asociación Toniza-Ecologistas en Acción ha querido posicionarse en el debate, aseverando que invertir en desaladoras es “un parche que no soluciona el abastecimiento, sino que viene a recrudecer aún más el problema de la sequía y el del incremento en el consumo energético”.
Y es que, remarcan desde Toniza en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el proceso de eliminar la sal del agua de mar “acarrea varios problemas, económicos y medioambientales fundamentalmente”.
Por un lado, se necesita “un gran consumo de energía para bombear el agua desde el mar, llevarla hasta los depósitos y, finalmente, devolver el vertido del residuo restante de nuevo al mar”. A ello se suma que desalar un metro cúbico de agua consume unos 3 kWh (“el equivalente a la energía que acumulan mil pilas AA alcalina”), tanto en el proceso de desalación como en el bombeo, “lo que supone un elevado coste económico también”.
Pero es que además el 50% del agua que se desala “contiene un elevado porcentaje de sal, la salmuera, y también productos químicos y metales pesados”. Se trata de un vertido contaminante “cuya descarga en el mar genera un gran impacto medioambiental, unido al que provoca la captación en las tomas de agua del mar, que destruye una enorme cantidad de materia orgánica, especialmente fitoplancton y zooplancton”. De hecho, un problema añadido de las desaladoras “es el mal olor por la putrefacción de la materia orgánica”.
Con estas cuestiones sobre la mesa, esta asociación medioambiental insiste en las desaladoras no son la solución en el planeamiento futuro de Chiclana, “con la construcción de tres nuevos hoteles y la tramitación de la ampliación de uno de sus campos de golf, unas demandas que dispararán los requerimientos de agua”. “Incidir en el incremento de la oferta hídrica en vez de contener la demanda y reducir las pérdidas en las conducciones es la respuesta equivocada, en un escenario de sequía intensa y prolongada como la que se avecina”, se apostilla.
Para Toniza, las soluciones alternativas a las desaladoras deberían pasar por el arreglo de las conducciones de agua actuales, “lo que mejoraría la eficiencia y evitaría el despilfarro de agua”; fijar “el objetivo 100”, es decir, 100 litros de consumo diario por persona y día, ya establecido, por ejemplo, por la empresa municipal en la capital Aguas de Cádiz; atajar los “consumos superfluos” como el riego de especies vegetales exóticas; o la limitación del llenado de las piscinas.
Pero también por la recarga y recuperación del acuífero Puerto Real-Conil, empleando aguas regeneradas de las dos depuradoras de Chiclana (El Torno y La Barrosa) para riego y baldeo. O la clausura de los pozos y fosas sépticas ilegales: “son públicos y, por tanto, pueden ser la garantía que necesitamos ante sequías cada vez más frecuentes por el cambio climático”.
“Todas estas alternativas son las que deberían debatirse en el próximo pleno municipal, antes que la proposición para solicitar a la Junta de Andalucía la instalación de desaladoras, que debería contemplarse entre las últimas opciones”, sostiene este colectivo ecologista.
Sentencia Toniza que “en vez de unos partidos políticos a la gresca, podrían colaborar ambas administraciones en contener las demandas de agua, evitar fugas y enfrentarse a la sequía”. Pero “si lo que quieren es seguir discutiendo a cuenta de la competencia sobre la desalación, indicar que es conjunta, como ocurre en el dominio costero, y tanto la Junta como el Gobierno central pueden impulsar y tramitar nuevas desaladoras o la modernización y ampliación de las existentes”.
