“El PGOU es completamente inviable y no podrá desarrollarse”. Así de contundente se mostraba el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Chiclana, tras asistir a la comisión informativa previa al pleno de octubre, en el que se trató, entre otros puntos, el avance de planeamiento para la identificaciones de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable para la aplicación del Decreto 2/2012 de la Junta. Román argumenta de que el bipartito “ha decidido extender el suelo urbano no consolidado a prácticamente toda Chiclana, lo que supone una inversión inasumible para los propietarios de 40.000 euros, ya que no podrán acogerse al Decreto 2/2012”.
“El Plan General es completamente inviable y no podrá desarrollarse”. Así de contundente se mostraba el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Chiclana, José María Román, tras asistir a la comisión informativa previa al pleno de este mes octubre, en el que se trató, entre otros puntos, el avance de planeamiento para la identificaciones de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable para la aplicación del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía.
“Hemos tenido la sorpresa de que el Gobierno pretende pasar a suelos urbanos no consolidados los asentamientos que van en el expediente que se llevará al pleno”, ha expresado el portavoz socialista, quien ha recordado que “este expediente vuelve a sesión plenaria debido a las numerosas alegaciones que ha recibido y al informe desfavorable de la Junta”.
El expediente inicial suponía una actuación de asentamientos urbanísticos de seis millones de metros cuadrados, además de otros cuatro millones de metros cuadrados más, lo que supone un total de diez millones. Pero el bipartito PP-PVRE ha adoptado la decisión de otorgar la calificación de suelo urbano no consolidado a la totalidad de estos asentamientos, “lo que lleva consigo que las viviendas afectadas no podrán acogerse al Decreto 2/2012 para la obtención de los servicios básicos”, ha explicado Román, quien ha recalcado que “el criterio inicial del Gobierno de extender el suelo urbano a prácticamente toda Chiclana hace inviable el Plan General, tanto sostenible como económicamente hablando”. Así, de los 1.000 millones que cuesta el nuevo PGOU, 500 serían para el desarrollo de las infraestructuras, “lo que supondría unos 40.000 euros de media por vivienda”.
“Hemos trasladado al Gobierno que ese criterio de declarar suelo urbano muchas viviendas que están en los campos de Chiclana, y que no podrán urbanizarse en los próximos años debido a los costes inasumibles por sus propietarios, nos lleva a que se diseñe un Plan simplemente inviable”, ha insistido el también alcaldable socialista, quien ha recordado que “el PGOU es un documento que se elabora para solucionar los problemas, entre ellos, éste”. “Sin embargo, el recorrido de este Gobierno de incrementar el suelo urbano es vacío porque no va a tener nadie acompañándole, debido a que los costes que tendrán los propietarios hace la operación inviable”, ha insistido.
Por ello, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el principal partido de la oposición ha vuelto a proponer que se reduzca el suelo urbano y llevar la edificabilidad prevista para esos terrenos a la ciudad, de forma que pueda aplicarse el Decreto 2/2012 a más de 4.000 viviendas, tal y como sucede en Conil. “La estrategia municipal de Conil ha sido la de separar el casco urbano del campo, mientras que aquí en Chiclana, PP-PVRE ha hecho todo lo contrario, es decir, llevar la máxima del casco hasta el último rincón, en unos planteamientos económicos, urbanísticos y ambientales simplemente insostenibles”, ha comparado José María Román, quien ha añadido que “tendremos, por tanto, un documento de planeamiento no ejecutable, sobre todo, en estos momentos de crisis económica”.
“Aparte de darse pasos muy lentamente, este Gobierno nos lleva ahora a algo que simplemente no tiene solución”, ha repetido, quien ha insistido que, “para que el PGOU sea viable, hay que recortar de forma significativa todo aquello que se pueda sacar del suelo urbano para que se pueda incluir en suelo rústico y, de esta forma, acogerse al Decreto 2/2012, tal y como ha sucedido ya en Conil”.
“Así, lo que haya que urbanizar será mucho menos, con menos costes, tanto para la ciudad como para el propietario, que hace 15 años se alegraba de que su terreno fuera urbano para una posible venta, pero que hoy quiere que su terreno siga siendo rústico para evitar unas cargas urbanísticas que les pueda llevar a la ruina”, ha argumentado Román, quien ha finalizado añadiendo que “tenemos un Gobierno que no se mueve para que se apruebe un documento viable para la ciudad”.
